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Miercoles, 04 de Junio 2008
La Sociedad de Minería y el ‘‘perro del hortelano’’

Humberto Campodónico.

Es ciertamente sorprendente que la Sociedad de Minería y Petróleo le encargue a la consultora Macroconsult un estudio sobre el impacto en las principales variables económicas de una reducción drástica o, un cierre total de la actividad minera.

¿Cuál puede haber sido la motivación política que está detrás de un informe de este tipo? La respuesta, a nuestro juicio, es tratar de encubrir las responsabilidades de las empresas en los conflictos ambientales y sociales del sector. Recordemos que la Defensoría del Pueblo, en reciente informe, dice que en el 2007 los conflictos socioambientales encabezaron el ranking de conflictos, con más del 40% . Y el 70% estuvo relacionado con la actividad minera.

La Sociedad de Minería culpa a los conflictos de la reducción de la producción de oro, pero no reconoce su propia responsabilidad. No dicen, por ejemplo, que Newmont, accionista mayoritaria de Yanacocha, se autocriticó por los hechos del Cerro Quilish: "Después de una amplia reflexión, nos quedó claro que fallamos en darnos cuenta del nivel de descontento social generado por el rápido desarrollo de Yanacocha y la profunda preocupación de algunos de los ciudadanos que viven cerca del yacimiento Cerro Quilish " (Memoria 2004, www.newmont.com).

No solo eso, en el 2007 la Asamblea de Accionistas de Newmont creó un Comité Especial para mejorar su relación con la población y evitar conflictos sociales, mencionando explícitamente a Yanacocha (www.cristaldemira.com, 20/4/2005; 25/5/2007). Entonces, ¿Newmont tiene razón o se equivoca?

En lo económico, el informe de Macroconsult utiliza la táctica del "susto" cuando evalúa las pérdidas en divisas e impuestos que sufriría la economía peruana. Pero, en verdad, el eje de la discusión no es "que no haya minería", sino avanzar hacia una minería que tenga en cuenta la "licencia social" (de la población) y la "licencia ambiental". Recordemos que cuando se propuso hace poco la creación de un Ministerio del Medio Ambiente, el Sr. Isaac Cruz, Presidente de la Sociedad de Minería, se opuso.

Macroconsult tampoco considera que, si bien han aumentado los impuestos pagados por la minería, el aspecto clave en estos años de aumento exorbitante de los precios es que existen sobreganancias que deben ser compartidas con el Estado, dueño del recurso natural. Así, por ejemplo, la Tasa Interna de Retorno estimado por los inversionistas era de 16 a 18% a principios de los años 2000. Hoy, debido a los precios, esta TIR llega a 150 y 200%; en el caso de Antamina, solo en dos años recuperó el íntegro de su inversión www.cristaldemira.com, 6/6/2007). La ONG Propuesta Ciudadana ha calculado que las ganancias extraordinarias de las mineras fueron S/. 10,000 y 12,000 millones en el 2006 y el 2007: "si se calcula un 30% de las ganancias extraordinarias como una compensación moderada al Estado, tenemos que en esos 2 años, el Estado ha dejado de cobrar más de US$ 2,500 millones".

El gobierno de García dice que eso no se podía hacer porque existen contratos de estabilidad tributaria, contentándose con un miserable óbolo. Pero no dice que sí se renegoció el contrato de Camisea y lo mismo se debió proponer a las empresas mineras. Además, el gobierno sigue otorgando estabilidad tributaria en nuevos contratos mineros y petroleros, cuando no existe razón alguna para hacerlo.

El fondo del asunto es que la minería, a nivel mundial, avanza en la preservación del medio ambiente, el respeto a los derechos de la población y la transparencia en sus actividades, lo que incluye el aspecto tributario (ver la iniciativa del gobierno inglés para la transparencia en las actividades extractivas –EITI-, a la cual se adhirió el gobierno de Toledo, pero que se ha paralizado bajo García).

Con una reflexión tipo Newmont, se podría esperar grandes avances en la relación de la minería con su entorno, pero la reciente "teoría" del "perro del hortelano" de Alan García dice todo lo contrario, pues todo aquel que tenga reparos a la actividad minera es un "comunista del siglo XXI". De esa fuente beben hoy todos aquellos que quieren "actividad minera sí o sí", cualquiera sean sus consecuencias.

Todos los artículos del autor pueden ser leídos en: www.cristaldemira.com

Perú 21

Sobre el aporte de la minería

La semana pasada se presentó un informe elaborado por Élmer Cuba y por Gonzalo Tamayo, de Macroconsult, para la Sociedad de Minería, sobre el impacto económico de la actividad minera en el Perú, que ha merecido diversas reacciones, como un comentario de Humberto Campodónico en La República de ayer. Acá propongo otro ángulo de mira.

El estudio muestra elocuente-mente el doble rostro de la minería en el Perú: de un lado, es una actividad absolutamente fundamental para el país. Sin ella, perdemos más de un 25% del producto per cápita, cae la inversión privada en más del 30%, caen los ingresos tributarios en más del 38%, las exportaciones caen más del 60%, entre otras cosas. Sin embargo, al mismo tiempo, las cifras muestran que, aun cuando la actividad minera cayera en un 30%, la pobreza y la pobreza extrema casi no sufrirían variación, así como el nivel de empleo. Esto desde un punto de vista macroeconómico. Desde una entrada microeconómica, el estudio muestra, de un lado, que los distritos con actividad minera tienen un ingreso per cápita 35% mayor a los distritos similares sin actividad minera; tenemos también que los hogares sin electricidad en distritos mineros llegan al 42%, mientras que en aquellos sin minería este porcentaje llega hasta un 55.6%. Sin embargo, al mismo tiempo, los distritos con presencia minera no necesariamente cuentan con más infraestructura o servicios que los que no la tienen, o las actividades económicas agrícolas tradiciones no son desplazadas en los distritos mineros por otras que permitan diversificar y mejorar las opciones para la población.

En suma, este trabajo muestra cómo la minería es buena para los mineros, para el Estado, para las autoridades regionales y locales (vía canon y otras transferencias), y para un segmento de la población, relativamente pequeño, con niveles de ingreso notoriamente mayores al promedio. Empero, en general, los más pobres perciben beneficios marginales.

¿Es esto responsabilidad de las empresas? No, es responsabilidad del Estado, que debería asegurarse de que sus mayores ingresos tributarios y gasto público lleguen primero a los más pobres. Sin embargo, al fallar el Estado, en la práctica, las empresas terminan siendo el principal blanco del descontento. Por ello es que, aunque no quieran o deberían, las empresas están 'condenadas' a tener agresivos programas de responsabilidad social o a la creación de fideicomisos que aseguren inversiones que logren una relación armoniosa con las comunidades en su entorno. En cuanto al Estado, este tiene la obligación de atender estos problemas con propuestas integrales de desarrollo para las comunidades rurales, lo que requiere fortalecer la presencia estatal, antes que repartir cheques a la población.

 

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