Está peleado el Escapulario del Señor de los Milagros
En el primer día del año arriesgué en este espacio algunas proyecciones para el 2009. Una fue que los ‘petroaudios’ pasaban al olvido. No pensé, sin embargo, que se iba a cumplir tan rápido gracias a algunos faenones que son tan vergonzosos que hacen palidecer al de Rómulo León y Alberto Químper.
El primero es de la claque de ayayeros de Jorge del Castillo, quien ha tenido que caminar pisando huevos para, primero, desprestigiar a la comisión parlamentaria de los ‘petroaudios’ y, luego, casi simultáneamente, alabarla por salvar al caserito de la suite de Fortunato Canaán, quien –¿se acuerdan?– iba a financiarle su campaña presidencial del año 2011.
Del Castillo se salvó gracias al segundo faenón de esta temporada, el del fujimorista Carlos Raffo, uno de los travestis más exitosos de la política peruana. De fiscal principal pasó a ser defensor de oficio (el más antiguo) en la comisión.
Raffo es un impostor que ya nos tiene acostumbrados a sus maniobras. Hizo la misma finta hace poco, cuando se pasó un mes diciendo que no votaría por el Apra en las elecciones para la mesa directiva del Congreso; al final, sin embargo, votó por el candidato aprista. Raffo no es otra cosa que el negociador de Alberto Fujimori, su ganzúa para la libertad.
El tercer faenón es de los medios que –como El Comercio– le restaron importancia a la denuncia de los petroaudios diciendo que el problema principal eran los chuponeadores. Cuando los encontraron –la Fiscalía, no ellos– y se identificó que son gente cercana a la Marina y al vicepresidente, ahora desvían la atención hacia ‘los clientes de los chuponeadores’. Más vergonzoso es que un agente de Luis Giampietri como Hugo Guerra siga atacando en esas páginas a los periodistas que destaparon este escándalo que él pretende encubrir.
El cuarto faenón es del presidente Alan García, nuestro gran Zelig, quien ha pasado en tan poco tiempo de proclamas para “botar a las ratas” a reducir el caso a un “escandalete” y, ahora, a olvidar a los corruptos e irse contra los “mercaderes malditos del chuponeo”. ¿No eran los mismos que le filtraban a su equipo información de sus rivales en la última elección? Ojalá que esta investigación llegue de verdad hasta el final.
El último faenón es más silencioso pero igualmente penoso, y es del premier Yehude Simon, quien acaba de presentar su plan anticorrupción justo cuando la corrupción, con todo lo que está pasando, se fortalece y él no tiene nada que decir.
El escándalo de los petroaudios será la gran oportunidad perdida del gobierno aprista para deslindar con la corrupción. Qué lástima.
Vie, 09/01/2009 - 14:36
En Majaz sí se torturó el año 2005
Allí, efectivos de la policía y personal de seguridad (Forza) de Minera Majaz los mantuvieron enmarrocados, encostalados y atados por la espalda. Cada cierto tiempo eran rociados con una sustancia tóxica que les impedía respirar.
EVIDENCIA DE TORTURAS EN CAMPAMENTO
DE MINERA MAJAZ(PIURA) EN AGOSTO DEL 2005
*A tres años y medio de los hechos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en Perú, ha rescatado
las impactantes vistas que reproducimos y que muestran la ignominiosa agresión a que
fueron sometidos 29 comuneros dentro del predio de Minera Majaz ( Piura - Perú).
A tres años y medio de los hechos, la Coordinadora Nacional de DD.HH. ha rescatado las impactantes vistas que reproducimos y que muestran la ignominiosa agresión a que fueron sometidos 29 comuneros dentro del predio de Minera Majaz.
Aquel 3 de agosto del 2005, tras salir de un infierno de tres días, ninguna autoridad judicial ni policial de Piura atendió sus súplicas de justicia. Igual, a lo largo de estos tres años y medio, casi nadie prestó oídos al relato impotente de este núcleo de 29 comuneros de Ayabaca y Huancabamba –27 varones y dos damas–. La empresa nunca tocó el tema e inexplicablemente el fiscal Félix Toledo Leiva se hizo de la vista gorda. Hasta que las fotos hablaron.
Estos documentos fotográficos –cuya fuente se reserva– prueban en forma objetiva los resultados del ataque combinado por tierra y aire del que fueron víctimas los comuneros. Ponen al descubierto los métodos lesivos a la persona humana que se emplearon y registran la agonía y muerte cruel del comunero Melanio García.
El fiscal Félix Toledo Leiva, que constató la infamia cometida en el campamento de Majaz, lejos de promover la acción penal contra los responsables denunció a las víctimas por ejercer el derecho a las marchas de protesta.
La aparición de este material gráfico constata que los comuneros no inventaron ni exageraron hechos. Ya no se dudará que todos fueron obligados a caminar descalzos y encostalados por sendas escarpadas rumbo a un ambiente del campamento minero.
Allí, efectivos de la policía y personal de seguridad (Forza) de Minera Majaz los mantuvieron enmarrocados, encostalados y atados por la espalda. Cada cierto tiempo eran rociados con una sustancia tóxica que les impedía respirar.
La mayoría fue despojada de sus ropas, algunos hombres quedaron en calzoncillos, y las mujeres en sostén, lo que incrementó el temor a la vulnerabilidad de estas.
Constantemente les decían que iban a ser encarcelados en el penal de Río Seco por ser terroristas y narcotraficantes, y jamás volverían a sus casas. No contentos con esto, los victimarios se aseguraban que sus víctimas no durmieran. Mario Tabra Guerrero, entonces presidente del Frente de Defensa del Medio Ambiente, relató que cuando le ganaba el sueño un policía lo pateaba para que se mantuviera derecho.
A algún agente se le ocurrió colocar sobre la espalda de Leónidas Cruz Granda un saco de arena de aproximadamente 50 kilos, cuando estaba boca abajo sobre un piso mojado. La falta de aire le hizo pensar que allí moriría. El golpe certero con la culata de un arma le abrió la parte superior de la ceja y el cuero cabelludo.
Los opresores también descargaron su furia contra Senesio Jiménez Peña. La cabeza del que fuera presidente de la comunidad de Yanta fue impactada varias veces en el piso. Jiménez Peña estaba en el suelo boca abajo y con las manos atadas hacia atrás.
El miedo se apoderó de la mayoría. Se escuchó un desesperado “Ayúdame, Dios”. Y un policía en tono burlón espetó que no había ningún Dios, salvo la policía.
La agresión no cesó en los tres días. Manuel Mesones fue golpeado, “eres un animal y no sientes nada”, le repetían. El sufrimiento fue mayor cuando fueron obligados a escuchar el castigo de sus compañeros. Ricardo Cruz no puede olvidar los gritos de dolor y un suplicante: “Por favor, no me peguen más”.
La muerte de Melanio García el 2 de agosto del 2005 guarda un misterio. Sin embargo, fotografías que forman parte del material gráfico que hemos recibido podrían esclarecer la verdadera circunstancia de su deceso. Mañana entregaremos este importante testimonio.
La cifra
300 A esta cantidad se eleva el número de líderes ambientalistas de Piura y Cajamarca que están procesados por delitos de terrorismo en quince modalidades. Entre ellas, motín, apología, asociación ilícita, usurpación y daños. (Elízabeth Prado)
Mié, 07/01/2009 - 02:56
Piura, ¿un gran tajo abierto?
La nueva aberración revolucionaria nació en la víspera de los Inocentes, 27 de diciembre, con el DS 024-2008 que –contraviniendo la Constitución– declara de Necesidad Pública las inversiones mineras dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte. Una forma más de garantizar a los amigos del presidente, los chinos del consorcio Zijin, que sus inversiones en cobre (protegidas por normas de paraísos fiscales) se harán pese a quien pese.
Por Chachi Sanseviero
Hace dos años Alan García lanzó en Piura el inicio de una insólita revolución agraria. “Hasta hoy se usaba combustible para trabajar la tierra, a partir de hoy se trabaja la tierra para crear combustible”, anunció. Fue cuando firmó un convenio con la empresa norteamericana Maple para producir etanol con caña de azúcar y lo proclamó con un fervor mesiánico digno de mejor causa: si antes se usaba la energía para alimentar los pozos que irrigan la tierra, a partir de ahora se va a sembrar la tierra para crear energía, dijo, ¡gloria a dios!
Y vaya que sí están revueltas las vastas tierras de Piura. Pero la verdad que cuentan los hombres y mujeres piuranos es muy otra.
A ellos no les hizo gracia que las miles de hectáreas irrigadas por el Proyecto Chira Piura para diversificar cultivos y generar divisas con productos de agroexportación se hayan rematado a vil precio al grupo Romero y a los Maple-etanol para producir biocombustible. A esto se suma ahora la creación de un distrito minero en lo que otrora fuera un desierto y que gracias al reservorio de San Lorenzo, es uno de los valles más prósperos del Perú. La contaminación convertirá esa zona en un gran tajo abierto como es hoy Cerro de Pasco y su pueblo fantasma.
La nueva aberración revolucionaria nació en la víspera de los Inocentes, 27 de diciembre, con el DS 024-2008 que –contraviniendo la Constitución– declara de Necesidad Pública las inversiones mineras dentro de los 50 kilómetros de la frontera norte. Una forma más de garantizar a los amigos del presidente, los chinos del consorcio Zijin, que sus inversiones en cobre (protegidas por normas de paraísos fiscales) se harán pese a quien pese.
Olvidan la consulta popular contra la minera Majaz y mucho antes el asesinato de Godofredo García y la lucha por la intangibilidad del valle de San Lorenzo y de Tambogrande que hoy se levanta como estandarte de la dignidad de esos pueblos porque no están dispuestos a que intereses subalternos contaminen los ricos valles piuranos.
Domingo 11 de Enero 2009
Yehude Simon afirma que no permitirá que minera china Zijin contamine, comuneros esperan respuesta de gobierno a su pedido de diálogo.
Premier ofrece revisar el decreto vendepatria
Premier dice que de ninguna manera permitirá que empresa minera genere contaminación
EL DECRETO
El 27 de diciembre del 2008, el Ministerio de Defensa publicó en el diario oficial ‘El Peruano’ el decreto supremo 024, en el que el Ejecutivo declaró de “necesidad pública” la concesión de 35 denuncios mineros ubicados en la frontera con Ecuador (región Piura) al consorcio minero chino Zijin. El decreto fue suscrito por el presidente Alan García, el premier Yehude Simon, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y el ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaunde. Los denuncios están ubicados en los distritos fronterizos de El Carmen de La Frontera (provincia de Huancabamba), Ayabaca y Pacaipampa (provincia de Ayabaca). El decreto indica que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dio su aprobación mediante un oficio del 19 de diciembre del 2007.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, dijo ayer a LA PRIMERA que evaluará los alcances del decreto supremo 024, luego de que diversos sectores políticos, analistas, juristas y organizaciones sociales manifestaron su rotundo rechazo a dicha norma con que el gobierno otorgó bajo la modalidad de concesión 35 denuncios a la minera china Zijin a menos de 50 kilómetros de la frontera con Ecuador.
“El decreto supremo 024 será analizado y evaluado próximamente por el Consejo de Ministros y lo único que puedo adelantar es que no permitiremos, bajo ninguna materia, que haya contaminación en la zona (frontera norte, en el departamento de Piura)”, expresó el premier.
Luego de un acto público en el distrito de Ate Vitarte, en un breve diálogo con este diario, el ministro evitó por otra parte referirse a la denuncia realizada por la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), en el sentido de que el desarrollo de la minera china en la zona norte, frontera con Ecuador, perjudicará directamente al megaproyecto de irrigación y agrícola Olmos en la región Lambayeque, que el premier, cuando era presidente de la mencionada región, defendió de manera decidida.
Esperan diálogo Mientras tanto, las organizaciones sociales de la macroregión norte (Piura, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas) aún esperan que el gobierno dé alguna muestra de que quieren sentarse a conversar con las organizaciones a fin de solucionar los problemas antes de que la crisis en la zona llegue a la violencia por el rechazo que ha causado el decreto supremo en la zona.
Al respecto, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, quien teme se pueda atentar contra los derechos de los comuneros cuando éstos llegaran a protestar contra el decreto 024, dijo ayer a LA PRIMERA que el gobierno debería aceptar, en la brevedad posible, el pedido de las organizaciones sociales de implementar una mesa de diálogo para encontrar una solución pacífica a un inminente conflicto.
“El problema de este tipo de diálogo es que ocurre siempre luego de producidos los hechos. Me parece que negarse o no dar muestras de querer el diálogo es una provocación del gobierno que está atizando más la crisis en la zona norte del país”, refirió.
“Si bien es cierto que la Constitución establece una excepción por necesidad pública (dar concesiones mineras ubicadas en los 50 kilómetros de frontera a empresas extranjeras), nunca es conveniente hacerlo porque siempre hay la posibilidad de conflicto con países vecinos, por lo que la concesión afectaría al control de las fronteras”, refirió el letrado Gamarra.
A su vez, el presidente de la sección peruana de Amnistía Internacional, Jorge Trefogli, sugirió que el gobierno implemente una instancia única de diálogo con las organizaciones sociales para evitar conflictos.
Jorge Trefogli sostuvo que los pueblos originarios nunca son consultados cuando el gobierno otorga concesiones mineras ubicadas en sus tierras. “Es una burla al Convenio 169 de la OIT”, dijo.
“Las instancias de diálogo se han multiplicado. Debería haber un solo organismo, que podría ser el Indepa”, dijo.
Además, Trefogli reveló que hay un proyecto de ley en la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso que busca permitir que las empresas extractivas exploten un lugar sin necesidad de consultar a las comunidades.
Gobierno permite diálogo desigual El director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Miguel Jugo, instó ayer al Ejecutivo a que acepte la mesa de diálogo solicitada por las organizaciones sociales que constituyen el Frente de Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, y anunció que Aprodeh apoyará la implantación de la mesa de conversación.
“El gobierno permite que exista un diálogo desigual entre las comunidades y las mineras, cuando el Ejecutivo debe estar presente”, refirió.
Jugo calificó de “ilógico” el contenido del decreto supremo 024, y afirmó que para desarrollar una política de “fronteras vivas” no es necesario de que tenga que haber minería en las fronteras del país.
“Es un decreto que no contempla opinión lógica. No sólo hay una limitación constitucional al respecto, sino que los pueblos de Ayabaca y Huancabamba decidieron su modelo de desarrollo en la consulta vecinal de setiembre del 2007. Preocupa la actitud del gobierno de llevar adelante sí o sí el proyecto minero, a pesar de que los alcaldes de la zona están pronunciándose en contra permanentemente “, manifestó.
Además, Jugo expresó su preocupación por la reapertura de la investigación por terrorismo contra 35 dirigentes, ambientalistas y autoridades, quienes fueron acusados por una organización civil financiada por la minera Río Blanco. “Vamos a continuar la defensa de los investigados. Es una respuesta del gobierno para acallar la protesta social”, dijo.
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Domingo 11 de Enero 2009
