La vasta red de chuponeo oculta nuevos y singulares casos de espionaje industrial y político. Tras el petróleo se abre el expediente del cemento. Las preguntas ahora se centran en los clientes.
Elías Ponce Feijoo: Espía al Por Mayor
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Ponce fue trasladado al penal Miguel Castro Castro, el sábado 24. Advirtió que tiene escondido otro paquete de audios que considera su as bajo la manga.
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La mafia de interceptación dirigida por el marino retirado Elías Ponce Feijoo (57) ya se configura como el caso más grande de espionaje industrial jamás descubierto en el Perú.
Más todavía, sus alcances trascienden al territorio político y la mayoría del material incautado recién comienza a echar luces sobre los linderos de la organización.
Las 120 páginas del atestado No 001-01-2009-Dirandro, obtenido en exclusiva por CARETAS, dan una idea de la dimensión del espionaje practicado por Business Track y de lo encontrado en los 29 CPUs, tres laptops, 26 discos duros, 246 diskettes, 672 CDs y 25 USBs incautados.
Son 225 audios y 379 e-mails, pero sólo se ha revisado el 8% del material, según el fiscal Walter Milla. El Equipo Especial de Inteligencia (EEI) tiene tres meses para analizar el contenido de todas las cintas y correos electrónicos y determinar quiénes pagaron por el material.
La lista de interceptados supera el medio centenar de personas y allí no sólo aparecen empresarios, sino también políticos, lobistas, abogados, periodistas y hasta secretarias. Ni siquiera sus propios clientes parecían estar a salvo de Ponce Feijoo.
En este infinito cableado de “chuponeo” dos son, por el momento, los casos más nítidos. El primero es el de los petroaudios.
Los testimonios del suboficial Martín Fernández Vírhuez, que ha señalado directamente a Petro-Tech (CARETAS 2061), y del propio Rómulo León se han convertido en pistas importantes para la Policía.
León aseguró a la Dirandro, según consta en el atestado, que “Business Track no dejó huellas de informes ni facturas, por lo que desde el 2007, la facturación de Petro-Tech la hacían a través del estudio del cual forma parte el doctor (Alberto) Varillas Cueto, gerente legal de Petro-Tech”.
Añadió que “Business Track trabaja para Petro-Tech desde el 2006, y está confirmado que estuvieron inmersos en interferencias telefónicas que fueron confirmadas por la doctora Rossi Gadea Benavides, adjunta a la presidencia del directorio de Petro-Tech”.
La versión de León está consignada en la página 89 del atestado policial No 001-01-2009. Fernández sostiene que Ponce le encargó ‘chuponear’ a León y Quimper entre los meses de febrero y marzo del 2008.
Según el marino, Giselle Giannotti, colaboradora de Ponce, ‘apuraba’ para que se le entregara rápido “la música”, que era como ella supuestamente llamaba a los audios. Fernández refirió que, entre agosto y setiembre del año pasado, observó en el segundo piso de la sede de Business Track, en Lince, a Ponce y Giannotti “analizando, transcribiendo y editando una transcripción sobre León Alegría y Quimper Herrera”.
EXCLUSIVO. Facturas que demuestran que el comandante AP (r) Carlos Tomasio de Lambarri adquirió, el 23 de junio del 2000 y en su calidad de Agregado Naval en Washington, dos equipos de interceptación Triggerfish 4080 por el valor de US$ 110,000.
Varillas Cueto, quien niega todas las acusaciones, cumplió con regresar esta semana al país luego de viajar unos días a México.
Buena parte de los 86 audios colgados por el ex periodista de El Comercio Pablo 0’Brien en la página http://wiki leaks.org/wiki/P2 guardan relación con los petroaudios, aunque muchos registran conversaciones telefónicas intrascendentes y de carácter privado (ver recuadro). El periodista entregó previamente los audios al juez anticorrupción Jorge Barreto, que investiga los actos de corrupción cometidos por León y Quimper, pero todo el material ya figuraba entre lo que venía siendo investigado por la Policía.
El segundo gran frente abierto es el del cemento. Fernández recordó que en diciembre último, tres meses después de la difusión del primer audio entre León y Quimper en Canal 4, recibió una llamada de Ponce proponiéndole interceptar otros dos teléfonos por US$ 1,800. Los números pertenecían al peruano Roberto Paredes Chirinos (53) y al español José María Revilla López (66), gerente administrativo y gerente general de la empresa Cementos Otorongo. Fue el último trabajo que hizo Fernández antes de que le echaran el guante.
El testigo recordó que la central de Otorongo (242-3636) ya había sido interceptada durante los dos últimos años y que los audios les fueron entregados periódicamente a Ponce y a Giannotti.
El atestado detalla que el 17 de enero una llamada anónima a la Dirandro alertó que un material importante había sido dejado ‘abandonado’ en la cuadra 4 de la calle Bernini en San Borja.
Los agentes de inteligencia encontraron allí 2 CDs con numerosos audios de los gerentes de Otorongo y de la empresa Agroindustrial Laredo SAA.
¿Quiénes ordenaron ‘chuponear’ a ambas compañías?
Cuando los petroaudios se dieron a conocer trascendió que tenían su origen en la guerra de las cementeras. Una empresa nacional, según esta versión, había encargado “chuponear” a una competidora extranjera que ingresaba al país para poner en riesgo el oligopolio de peruanos que tenía repartido el mercado nacional en tres. En el camino de las interceptaciones habrían llegado a León Alegría, quien como un pulpo habría extendido sus tentáculos mucho más allá del petróleo.
Todas las miradas voltearon a Cemex. La cementera mexicana había sido objeto de una guerra pública de comunicados patrocinados por las tres grandes cementeras: Yura, Pacasmayo y, sobre todo, Cementos Lima. Los propietarios de esta última, la familia Rizo Patrón, negaron a las más altas personalidades del gobierno ser los responsables originales de la interceptación.
¿De qué se trataba la historia? La versión también enredaba al ex ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca, quien, según este orden de ideas, se habría mostrado solícito para acelerar la eliminación de los aranceles al cemento.
Cemex, con similar perfil bajo, negó cualquier irregularidad. Argumentaba además que a la empresa no le convenía la eliminación de los aranceles porque su verdadera intención, que será formalizada este año, es la de abrir una planta de producción local. La importación de cemento solo les ha permitido alcanzar una cantidad muy limitada del mercado en Lima, ni siquiera el 2%. Sus representantes argumentaban además que los correos electrónicos que habían aparecido relacionándolos con el caso eran falsos o adulterados (CARETAS 2058).
Pero el espionaje a gran escala realizado contra Otorongo abre todo un nuevo capítulo.
Sus accionistas principales son el grupo portugués Cimpor, que cuenta con activos de más de US$ 6,600 millones y operaciones en Portugal, España, Turquía, Túnez, China, Egipto, Mozambique, Marruecos, Cabo Verde, Brasil y Sudáfrica.
En el 2007 adquirió el 80% de las acciones de Otorongo por S/.57 millones. En noviembre de ese mismo año anunció la construcción de una planta en el distrito de Cocachacra, provincia arequipeña de Islay, que estará en funcionamiento el 2010, dará trabajo a 1,200 personas, requerirá una inversión de US$ 125 millones y surtirá de cemento al sur del país.
Otorongo también tiene un silo y locales de empaquetado en el Callao. Cuenta con la participación mayoritaria en una compañía de explotación de agregados en Lima.
Los competidores de Otorongo son Cementos Yura y Cementos del Sur, ambas del grupo Rodríguez Banda.
En el USB “2” de Giselle Giannotti figura una carpeta titulada “Ramos Julio”. Dentro hay un archivo “Zarela018.doc”, que dice: “Observaciones de la empresa CIMPOR a Cementos Otorongo”. En esa misma memoria hay correos electrónicos enviados por el dominicano Fortunato Canaán a la cuenta francisco.garza@cemexusa.com. Francisco Garza Zambrano es el presidente para Norteamérica de la empresa mexicana Cemex.
En el USB “1” de Giannotti aparecen también e-mails enviados por el empresario Eduardo Hoschild. Este es el presidente de la empresa Cementos Pacasmayo. En esa misma memoria USB hay correos electrónicos del ex ministro Hernán Garrido Lecca.
La Policía confirmó que entre los clientes de Business Track estaban Cementos Yura y Cementos Lima.
Ni los propios clientes de Ponce, a quien le encontraron 7 USB, se salvaban. Los principales miembros del estudio Aurelio García Sayán también fueron espiados. Entre quienes conversan con los abogados está el ex premier Pedro Pablo Kuczynski. En la casa de Giannotti se encontraron dos facturas de dicho estudio.
El material es ingente y diverso. En la biblioteca de Ponce se halló un informe de “inspección electrónica” realizado en la oficina del almirante Luis Giampietri’; un oficio (No 7657-2008) dirigido al ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz, en el que se anexa el documento ‘Denuncia de Corrupción en la Marina’; hojas bond con el título ‘Quiénes forman la Comisión de la Verdad’; y hasta fichas de Reniec de María Montesinos Torres y Estela Valdivia Álvarez, hermana y abogada de Vladimiro Montesinos, respectivamente.
La ruta de las sorpresas continuó. Allí se encontró un dispositivo o transmisor (antena pequeña de color negro sujeta al parecer a un sistema integrado), que le fue entregado por el vicealmirante AP (r) Manuel Arriarán, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Naval.
El ‘Chito’ Ponce tiene pedigrí en la Marina. Ingresó a la Armada en 1970 y fue capacitado en inteligencia operativa, contrainteligencia, análisis de información y criptografia. Durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) ocupó cargos de importancia en la Dirección de Inteligencia Naval y contó con la protección y amistad del almirante Antonio Ibárcena Amico, ex Comandante General de la Marina, procesado por espionaje. Ponce fue involucrado en crímenes contra los derechos humanos (CARETAS 2025) y pasó al retiro en el 2001.
A diferencia de algunos de sus empleados, se ha negado a colaborar. En cambio advirtió a la Policía que tiene escondido otro paquete de audios que considera su as bajo la manga y que utilizará en el momento conveniente.
El capitán de navío Carlos Tomasio de Lambarri (50) también ha resultado ser una fuente inagotable de sorpresas. En su poder se hallaron tres correos electrónicos enviados por el embajador Allan Wagner a Javier Pérez de Cuéllar con copia al actual canciller José García Belaunde y al ex ministro de Justicia, Diego García Sayán.
Wagner precisó que esa comunicación data de fines de la década pasada, cuando “hacíamos gestiones para una candidatura unificada de la oposición democrática ad portas de la re-reelección de Fujimori”. El ex canciller atribuyó el espionaje al desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) de Vladimiro Montesinos. Pero en ese entonces tanto Ponce como Tomasio no trabajaban en el SIN sino en la Dirección de Inteligencia Naval. Ambos, en calidad de socios, constituyeron Business Track (BTR) recién en el 2004.
Los documentos más importantes hallados en su poder son facturas que revelan que, el 23 de junio del 2000, tres meses antes de que se desplomara el régimen fujimorista, Tomasio adquirió –en su calidad de Agregado Naval en Washington– dos equipos de interceptación Triggerfish 4080 (orden de compra Nº 6657-3500) por el valor de US$ 110,000.
El 31 de julio del 2000, Tomasio desembolsó US$ 8,000 a la empresa Harris Corporation (orden de compra Nº 10-2000-S) por una “capacitación para operación de equipos Triggerfish”.
El Ministro de Defensa Antero Flores Aráoz, que ha insistido en la absurda tesis de que la Marina no tuvo ni tiene equipos de chuponeo, alegó el último martes que esa fue una adquisición personal de Tomasio, pues no se han encontrado dichos equipos ni tampoco facturas o registros de transferencia de fondos por parte de la Marina. Pero las facturas de la compra, obtenidas en exclusiva por CARETAS, tienen los sellos oficiales de la Agregaduría Naval (ver facsímiles).
Además, el propio Tomasio declaró a la Policía que “este tipo de adquisiciones solo se hacen con autorización del gobierno” y añadió: “La coordinación se hizo con la funcionaria Debbie Carriere, de Harris, y todo se hizo desde la Agregaduría Naval”.
Tomasio, al igual que su socio el ‘Chito’ Ponce, ejerció toda su carrera en inteligencia de la Marina desempeñando cargos en el extranjero como agregado naval en Washington, EE.UU., y en Ecuador, en pleno conflicto con el Perú, en 1995. Es especialista en comunicaciones e informática.
El gobierno debería ocuparse en ordenar la casa de la Inteligencia practicada por los institutos armados, pero salió por la puerta falsa.
La ministra de Justicia Rosario Fernández admitió que el proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo para incrementar la sanción a quienes intercepten comunicaciones “seguramente que hay que mejorarlo. Pero llena un vacío”.
La iniciativa para modificar el artículo 162 y 162. 2 de la Constitución rubricada por el presidente Alan García y el premier Yehude Simon fue criticada por el Consejo de la Prensa Peruana y otros organismos de prensa.
El proyecto pide sancionar con pena privativa no menor de dos ni mayor de cuatro años a quien “registra un hecho, diálogos, escritos o imágenes privadas utilizando ocultamente instrumentos, procesos técnicos u otros medios”.
Se trata de una vieja manía del Poder. En el 2000, Martha Chávez pretendió introducir un cambio de la misma naturaleza por denuncias de “chuponeo”. De haber prosperado, los medios que divulgaron los “vladivideos” que se tumbaron el régimen de Alberto Fujimori pocos meses después hubieran sido severamente castigados.
“El problema no es quién reproduce, sino quién realiza el acto ilegal”, explicó Juan Jiménez Mayor, ex viceministro de Justicia durante el gobierno de Valentín Paniagua, secretario ejecutivo del Ceriajus, y actual catedrático de Derecho de la Universidad Católica del Perú.
Los antecedentes son muchos. Los llamados Papeles del Pentágono marcaron un hito en la materia, en 1971. La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó que el gobierno no podía bloquear la publicación de documentos clasificados relacionados a la Guerra de Vietnam obtenidos por el New York Times, alegando la seguridad nacional.
O el propio caso Watergate, que le costó el cargo al presidente Richard Nixon, alimentado por las infidencias de “Garganta Profunda”.
El Consejo de la Prensa Peruana advierte que el proyecto confunde lo “privado” con el “derecho a la intimidad” y ha presentado una alternativa.
Mientras el gobierno presentaba su proyecto, en Inglaterra el dominical británico The Sunday Times puso al descubierto a cuatro representantes del Partido Laborista de la Cámara de los Comunes, quienes estaban dispuestos a ejercer su influencia para modificar ciertas leyes a cambio de dinero.
En la investigación, que se inició en el 2008, los periodistas se hicieron pasar por lobistas a favor de una cadena de supermercados, intentando obtener beneficios tributarios, y grabaron subrepticiamente a los parlamentarios aceptando la coima. Uno de ellos, Lord Taylor of Blackburn, exigió US$ 165,000 al año por sus “servicios”.
Si prosperara la propuesta del Ejecutivo los periodistas irían a la cana.
El ex periodista de El Comercio, Pablo O’Brien, puso la tesis a prueba el lunes último al volcar a Internet los 86 audios mencionados.
Habrá que recordar que en estos casos no es la cantidad sino la calidad lo que importa. En todo caso, el desafío de O´Brien tiene límites reconocidos y aceptados: la ética, el derecho a la intimidad de las personas y la difamación.
El espíritu de la norma debe contemplar el “interés público” o “bien común” como sustento para difundir la información, afirma el Consejo de la Prensa Peruana. Aunque el caso de los petroaudios contenga intereses empresariales y políticos que se alejan mucho de tal premisa, la mordaza no es antídoto que valga.
