Opinión | Sáb. 06 jun '09

Crónica de una muerte deseada

Autor: Fritz Du Bois
Lamentablemente, ocurrió lo que tenía que ocurrir y que se veía venir. Hace semanas era evidente que los líderes de los nativos no tenían ninguna voluntad de diálogo, mientras que, en el Gobierno, algunos por incompetencia y otros por tener oscuros objetivos partidarios, simplemente dejaron que el tema se les fuera de las manos. Ahora tenemos decenas de hogares peruanos enlutados. Las graves responsabilidades políticas de este desastre deberán, sin duda, ser asumidas pues hay culpables en todas partes. Sin embargo, los grandes responsables de esta masacre son los dirigentes del movimiento nativo, quienes tuvieron, en todo momento, un accionar sin transparencia y poco serio.

Así tenemos que, a lo largo de los últimos dos meses, cambiaban diariamente de demanda. Si un día pedían diálogo; al siguiente ya no lo querían. Al inicio deseaban hablar con el premier; luego, ya solo el presidente les interesaba. Finalmente, empezaron pidiendo la modificación de un decreto para terminar exigiendo la derogatoria de gran número de leyes y el retiro del TLC con EE.UU. Peor aun, asumieron una actitud de provocación llamando a la insurgencia y a un levantamiento popular. Es claro que Pizango estaba jugando al revolucionario y, sin duda, estaba seguro de convertirse en una versión amazónica de Evo liderando un movimiento indigenista que derrocaría al Gobierno luchando en la calle. Pero, como toda lucha insurgente que se respete requiere de mártires para legitimarse, el cierre del oleoducto y el desabastecimiento generado por el bloqueo a las ciudades buscaban claramente provocar una confrontación y, con ello, tenían la esperanza de lograr alguna víctima mortal. Al final, los dirigentes lograron su objetivo con creces.

Ahora, el movimiento nativo está en el primer plano mundial y en ruta a consolidarse como una fuerza política nacional. Mientras tanto el Sr. Pizango, sin duda, tratará de evadir su responsabilidad y de negarse a responder ante la justicia por su liderazgo criminal, buscando que algún país le brinde asilo. Incluso, de ser ese el caso, no sería extraño que, al cabo de un año, luego de la segura presión internacional que promoverán las mismas ONG que lo han financiado, el Congreso lo amnistiará y se le permitirá retornar del exilio con aura de caudillo para competir en el proceso electoral. Qué poco vale, para algunos, la vida de un peruano.

ENFRENTAMIENTO POR DESALOJO DE CARRETERA EN BAGUA ENFRENTA A NATIVOS CON LA POLICÍA Y HABRÍA MÁS DE VEINTE MUERTOS

LIMA | El día número 55 de las protestas nativas se desbordó ayer en un mar de sangre, muerte y destrucción en la ciudad de Bagua (Amazonas), luego de que un contingente policial desalojara a más de 2 mil nativos que mantenían tomada desde hace 10 días la carretera Fernando Belaunde Terry en los kilómetros 200 y 202.

La acción policial, que contó con la participación de 639 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), se inició desde las 04.00 horas en la zona llamada la Curva del Diablo, cuando un helicóptero policial lanzó varias bombas lacrimógenas a fin de recuperar el lugar.

La reacción de los manifestantes, que bloqueaban la carretera con piedras, palos y hasta árboles, no se hizo esperar y con armas de fuego de largo alcance atacaron el helicóptero.

Entre tanto, desde tierra, un grupo de 58 efectivos intentaba tomar el cerro colindante a la Curva del Diablo, pero fueron sorprendidos por los nativos, que abrieron fuego y mataron a un policía.

En ese momento, el contingente policial recurrió al uso de más bombas lacrimógenas y de sus armas, iniciando la retirada. Sin embargo, un grupo de entre 6 y 8 efectivos fueron rodeados por los nativos, siendo asesinados con armas de fuego y lanzas, mientras que otros fueron arrojados a un abismo desde lo alto del cerro.

Hasta ese momento se desconocía el número de víctimas. Al promediar las 08.00 horas de ayer, el jefe de la Dinoes informó que se había concluido con la operación de despeje de la carretera.

Horas después, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, informó que el número de policías muertos ascendía a 11 -al cierre de esta edición se confirmó el deceso número 12- y dijo que fueron "ultimados a mansalva" por los nativos, mientras que los indígenas fallecidos sólo llegaban a tres. Sin embargo, el Colegio Médico de Chachapoyas indicó que la cifra de nativos fallecidos era de 25, la misma cantidad que dio Aidesep. Al cierre de esta edición, el número de heridos se elevó a más de cien.



LA LEY DE LA SELVA. Pero el caos continuó. Ayer por la mañana, la población de Bagua Chica salió a las calles y tomó por asalto cuanto local público encontró a su paso. El local del Partido Aprista fue destruido.

Minutos después, los manifestantes tomaron el local de la Cofopri y del Pronaa. Un grupo de vándalos saqueó 227 toneladas de alimentos e incendió vehículos y computadoras. Las pérdidas superan los S/.2 millones.

Por si fuera poco, se tomaron los locales del Poder Judicial y el de la Gerencia Subregional de Bagua. A las 10.00 horas el caos era total, ya que las bombas lacrimógenas y los disparos nublaron la ciudad.

CONFERENCIA. Por la tarde, el Consejo de Ministros en pleno ofreció una conferencia de prensa en la que el Premier Yehude Simon aseguró que el gobierno "actuó de forma democrática y en el marco de la Constitución para poner orden en el país".

Simon remarcó que los policías que murieron cumpliendo su deber "no dispararon" y, en alusión al Partido Nacionalista, denunció que algunas organizaciones políticas pretenden aprovechar el paro "de manera torpe para golpear al gobierno".

También precisó que no renunciará porque sería una cobardía, pero anunció que se presentará en el Parlamento.

La orden vino de arriba

César Hildebrandt
Columnista

Ahora estarán frotándose las manos los que pedían sangre y fuego y restablecimiento del orden.

Para los pobres –incluidos los policías usados como carne de cañón- el “restablecimiento del orden” consiste en plomo a discreción y muerte difusa.

En el Congreso también debiera haber algunos arrepentimientos.

El de Velásquez Quesquén, por ejemplo, operador rastrero de los designios presidenciales dirigidos a imponer los decretos de urgencia que la Defensoría del Pueblo ya había considerado inconstitucionales.

¿Qué interés puede estar tan por encima del diálogo y la paz?

El interés de lo que John Dos Passos llamó “The big money”, título de su inmortal novela sobre ese capitalismo que todo lo devora.

¿Y por qué no funcionó la llamada Mesa de Diálogo presidida por el muy incompetente Yehude Simon?

Porque hubo mala fe de ambas partes. Tanto de Simon, encerrado en la loseta que García le ha puesto como destino y escenario, como de Alberto Pizango, ese misterio pétreo que no sabe de matices sino de victorias maximalistas.

Los irresponsables congresistas nacionalistas, que prefirieron un desayuno lento antes que estar a tiempo a la hora del debate, también han puesto su cuota.

Y el Apra, convertida en maquinaria presidencial y despojada de toda entidad partidaria, ha hecho lo suyo.

Al momento de escribir estas líneas ignoro, como todo el Perú, cuántos civiles han sido asesinados por las fuerzas del orden y cuántos cadáveres han sido ocultados o quemados al amparo del toque de queda.

Lo que sí sé es que once policías han caído cumpliendo la orden de despejar una carretera tomada hace demasiados días.

Y a mí que no me vengan con que hay muertes desdeñables ni cadáveres de segunda clase. Esos once policías son funcionarios públicos que han sido asesinados. Y lo lamento y esas muertes me duelen.

Pero el paro de la selva, desatendido por el gobierno, era y es un paro político. Y en la selva los llamados “indígenas” –los que estuvieron antes que nosotros, cuando el Perú era una inmensa arboleda y algunos puñados de cazadores- están hartos de Lima, del gobierno, del Estado, de la autoridad.

Nada justifica el asesinato de los policías. Pero nada atenúa la responsabilidad de Alan García de haber dado la orden de “limpiar el puente y la carretera” justo 24 horas después de que el Congreso, sometido a sus órdenes, se burlara de la selva postergando el debate del decreto de urgencia 1090.

Quiso el Congreso, en provocación extrema, que el decreto 1090, ya señalado como inconstitucional por la propia Comisión de Constitución, no fuese derogado, como correspondía, sino derivado a la agenda de la Mesa del Diálogo. Y la Mesa del Diálogo había dejado de existir.

De modo que esa burla se convirtió en furia amazónica, en clamor exacerbado y en grito de guerra.

Yehude Simon, a pesar de su aciago papel, no puede cargar con todas las culpas. El responsable de esta tragedia se llama Alan García.

Es el mismo Alan García fuera de sí que alguna vez ordenó la matanza de los penales. El mismo Alan García que traicionó en paquete sus promesas electorales y gobernó sentándose a la diestra de Lourdes Flores.

Pedir la renuncia de Yehude Simon es fácil. Responsabilizar únicamente a Mercedes Cabanillas es un gesto insuficiente y radicalmente injusto.

Quien exigió que la autoridad se impusiese acribillando a quien fuera necesario es Alan García. Y la primicia la dio el diario “Correo” hace unos días. En efecto, en su sección de datos breves “Correo”, informado sin duda desde Palacio, festejó el hecho de que, en una sesión de gabinete, la ministra Cabanillas fuera amonestada “casi a gritos” por su “debilidad” en el caso del paro selvático.

Muy bien. Lo que se llamaba, desde la impaciencia presidencial, “debilidad” era prudencia y humanidad. Lo que García ha vuelto a imponer es su estilo. Su ensangrentado estilo.

La ministra Cabanillas debería renunciar. Yehude Simon debería apartarse. García tendría que quedarse con sus incondicionales.

Azuzar a la población es irresponsable y, en el fondo, criminal. Si la oposición existiese de un modo menos inorgánico, tendría que apostar por la derogatoria inmediata de los decretos venales de García, la restauración del diálogo y la demanda del enjuiciamiento de todos –repito: de todos- los culpables.

En la historia de la injusticia peruana, ¿a cuántos lutos nos someteremos antes de admitir que cuando el orden significa matanza y desvarío es que el orden no vale la pena? ¿No ha escuchado García la frase aquella de que la nobleza consiste en tener la fuerza para no tener que emplearla?

Un gobierno en la curva del diablo

Sáb, 06/06/2009 - 23:33

Por Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
La más grave crisis social de Alan García.
Los que empujaron al gobierno a ‘resolver’ la crisis amazónica con un acto de fuerza que fuera ‘ejercicio de autoridad’, ya deben estar satisfechos por el desenlace sangriento en Bagua, pero la verdad es que ayer fue un día lamentable para el país que, además, significó la crisis social más grave del gobierno de Alan García y que, sin duda, perfilará los dos años que le quedan.
Las tres decenas de muertes contadas al cierre de esta columna, entre policías y pobladores, significan el fracaso de la política, de la sensatez, del diálogo y de la negociación como mecanismos de solución de las diferencias; y el triunfo de la intolerancia, de la prepotencia, de las balas y de la muerte.
Ambos lados del conflicto carecieron de prudencia para manejar el conflicto: las comunidades nativas radicalizándose peligrosamente a medida que el Ejecutivo y el Legislativo se peloteaban el problema con irresponsabilidad criminal.
El país ha estado sometido a una tensión creciente por una movilización social en la Amazonía debido a unos decretos bien intencionados pero que nacieron heridos de muerte, pues se promulgaron sin ningún tipo de consulta o acercamiento con las organizaciones que representan a sus comunidades.
La otra tensión estuvo en el presidente García. Unos reclamaban “resolver” este problema de chunchos, curas rojimios y ONG perversas con balas para que el gobierno no pareciera un timorato. Otros, sugerían que tantos años de desconfianza acumulada por un sentimiento profundo de desprecio ancestral no se podían solucionar con una cowboyada sangrienta.
El gobierno manejó el problema con dualidad: establecía mesas de diálogo pero abría juicios a los dirigentes y enviaba a APCI a perseguirlos. Al final, ganó la opción violenta, enfatizando de ese modo la arrogancia con que se conduce el gobierno y su convicción errada de que el único diálogo fructífero es con la inversión privada; con el resto, es decir, con los ‘perros del hortelano’, cree que pierde el tiempo.
Ahora, para justificar lo sucedido ayer, el gobierno acusa a los nativos de “politiquería radicaloide de grupos violentistas vinculados al terrorismo” y de ser “administradores de dinero mal habido” y agentes de “intereses internacionales” vinculados al petróleo que no quieren que se exploten los recursos de la Amazonía ni que el Perú progrese (¿Hugo Chávez?).
Son acusaciones que el gobierno debería probar pues, mientras, la única constatación es su incapacidad notoria para enfrentar un problema complejo como el de la Amazonía. Bloquear carreteras es, sin duda, un delito. Pero también debiera serlo el comportamiento indolente del burócrata de Lima que no hace nada hasta que  explota la bomba de tiempo.

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