Distinguido historiador Hugo Vallenas Málaga, estudioso de la Historia Aprista, coautor con Luis Alberto Sánchez de la biografía “Sobre la herencia de Haya de la Torre” (1994), autor de “Andrés Townsend, libertad e integración en América Latina”  (Fondo Editorial del Congreso, 2004), autor de la obra de teatro en quechua “La muerte de Huáscar en Andamarca, Ayacucho -Antamarkapi Waskarpa Wañusqan, Ayakuchupi” (2007), gestor de proyectos de puesta en valor de zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas y proyectos turísticos nacionales. Dos veces ganador del Concurso Latinoamericano de Ensayo Vida y Obra de Víctor Raúl Haya de la Torre (1990 y 1992). Miembro fundador del Taller Antenor Orrego y destacado colaborador de publicaciones y Fondos Editorial

Gran banderola en la Plaza de Mayo de Buenos Aires honrando a Raúl Alfonsín el día de su deceso, el pasado 31 de marzo. Se le recuerda como el presidente que restableció la democracia argentina sobre bases duraderas, aunque a un costo político muy alto para quienes anhelaban lograr, a través de su gobierno, un adecuado castigo a los culpables de siete años de desapariciones y “guerra sucia”. La generación que nació entre 1983 y 1989, época del mandato de Alfonsín, es la primera de toda la historia republicana de Argentina que ha vivido en forma ininterrumpida (hasta el momento más de un cuarto de siglo) en democracia.

El 31 de marzo falleció Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes, político argentino de larga y destacada trayectoria que fuera amigo del aprismo en los años siguientes a la muerte de Haya de la Torre. Tenía 82 años de edad. Fue presidente constitucional de su país durante el difícil período 1983-1989, apenas concluida la sangrienta sucesión de dictaduras militares iniciada en 1976 por el general Videla. En el Perú lo conocimos en febrero de 1995, con motivo del centenario de Haya de la Torre, cuyo comité internacional presidió. Es verdad que fue un consecuente demócrata y un amigo del aprismo, pero de allí a deducir afinidades o ver en él un ejemplo legítimo a seguir, hay una enorme distancia.

El legado político de Alfonsín es peculiar y contradictorio. Veamos:

1. Fue un líder astuto que condujo a su partido, la Unión Cívica Radical (UCR), a las filas de la sociademocracia, pero en forma pragmática, sin producir ideas ni reflexiones que ayuden a entender ese proceso a las nuevas generaciones.
2. En 1983 llegó a la presidencia de su país como el más creíble defensor de las víctimas de la “guerra sucia” de las dictaduras y, en efecto, llevó a los tribunales a los jefes de gobierno de esos años, pero también detuvo las investigaciones de más de 30 mil casos de asesinato y dio indulto a todos los posibles culpables por debajo del rango de coronel.
3. Enfrentó con políticas democráticas la crisis de la deuda externa y la hiperinflación, pero terminó favoreciendo a los grandes grupos empresariales y los financistas extranjeros que decía no defender.
4. Se proclamó contrario a las exigencias fondo-monetaristas de cumplimiento de la deuda externa que atenazaban a los países menos desarrollados, pero frustró la formación de un Club de Deudores que negocie en forma conjunta con el Fondo Monetario Internacional.
5. Dijo ser un fervoroso creyente en la integración continental y bajo su mandato fueron sentadas las bases del MERCOSUR con fines presuntamente integracionistas, pero en la práctica el proyecto dividió aún más el continente y sólo favoreció la conquista de mercados más amplios a los capitales transnacionales.
6. Fue el primer presidente constitucional argentino desde 1916 que pudo entregar el mandato a un sucesor libremente elegido, pero renunciando y adelantando la fecha de la sucesión, en una situación económica casi inmanejable, con 78% de inflación mensual y bajo estado de sitio.
7. En las décadas siguientes, desde el parlamento, Alfonsín realizó pactos que lo acercaban a los círculos de gobierno pero no favorecían la trayectoria doctrinal de su partido y a la larga lo llevaron al descrédito. Tal fue el caso del Pacto de Olivos, de 1993, que permitió al presidente Carlos Saúl Menem reelegirse sin el plebiscito exigido por la Constitución. Luego de este Pacto, la UCR perdió su caudal electoral de 32% (elecciones presidenciales de 1989) a 17% (elecciones presidenciales de 1995), el más bajo de su historia, convirtiéndose por primera vez, gracias a Alfonsín, presidente del partido, en la cuarta fuerza política argentina. 

En las páginas siguientes podremos ver con mayor detalle las características del legado político de Raúl Alfonsín, sobre todo a nivel gubernamental. El aprismo tiene poco o nada que ver con esa trayectoria.

1. EL JOVEN Raúl Alfonsín Y LA UCR

Raúl Ricardo Alfonsín Foulkes nació el 12 de marzo de 1927 en Chascomús, que en esos días era una pequeña localidad ganadera distante 120 km de Buenos Aires. Era hijo de inmigrantes pobres; su padre era español y su madre alemana. Raúl fue el mayor de seis hijos. La familia subsistía con un pequeño negocio de abarrotes. Realizó sus estudios escolares en la Escuela Normal de Chascomús y concluyó la secundaria en Buenos Aires, en el Liceo Militar General San Martín (equivalente al Colegio Militar Leoncio Prado de Lima). Por extraña paradoja, fue compañero de clase de dos futuros jefes militares y dictadores de Argentina: Jorge Videla y Leopoldo Galtieri. Tras egresar del Liceo Militar, Alfonsín estudió Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, graduándose de abogado en 1950. El año anterior a su graduación contrajo matrimonio con María Lorenza Barrenechea (nacida en 1926), formando una familia estable que con el tiempo llegó a tener seis hijos. Siendo universitario, Alfonsín inició su carrera política en las filas del radicalismo, el viejo partido de masas de las clases medias argentinas.

La Unión Cívica Radical, fundada en 1891, defendía una larga tradición de pugnacidad desde el punto de vista de las libertades electorales y de pensamiento, pero con un horizonte muy limitado en lo que se refiere a reformas sociales. En 1943, al surgir el fenómeno del peronismo, con el general Juan Domingo Perón (1895-1974) como caudillo defensor de reformas nacionalistas y de los intereses de los sindicalistas de la ciudad y el campo, que él llamaba los “descamisados”, la UCR se convirtió en el bastión político de las clases medias temerosas de dichas reformas. Perón había surgido casi del anonimato el 4 de junio de 1943, como integrante de una agrupación secreta de oficiales que derrocó al presidente Ramón Castillo e inició un “proceso revolucionario” nacionalista. El líder del golpe militar, el general Pedro Ramírez, pronto fue reemplazado por el general Edelmiro Farell, quien tuvo como vicepresidente al entonces coronel Perón, quien organizó con gran habilidad el apoyo de los sindicatos de trabajadores. Este apoyo laboral permitió a Perón aspirar a la presidencia como candidato favorito en las elecciones de 1946.

Los máximos líderes del radicalismo de esos días, José P. Tamborini, Ernesto Sanmartino y Enrique Mosca, entre otros, fueron entusiastas participantes en las reuniones -todas ellas de dominio público- que en 1945 convocó el embajador norteamericano Spruille Braden, para dar nacimiento a la “Unión Democrática”, frente político de amplísima base que debía cerrar el paso al peronismo en las elecciones de 1946. La política proyanqui de la directiva de la UCR ganó el apodo de “unionismo” y pronto originó un movimiento opositor que defendía una posición de mayor sensibilidad hacia las propuestas sociales del peronismo. Uno de estos grupos opositores se apartó de la UCR en 1945, denominándose UCR-Junta Renovadora y sumándose al peronismo. El resto del radicalismo quedó envuelto en una dura polémica.

Buenos Aires, campaña electoral de reelección de Perón en 1951. Mitin de lanzamiento de la fórmula presidencial “Perón-Eva Perón” frente al local central de la CGT (Confederación General del Trabajo) de Argentina. La legendaria “Evita”, María Eva Duarte de Perón (1919-1952) pudo ser candidata a vicepresidenta merced a la ley 13.010 (9 de septiembre de 1947) del gobierno de Perón que permitía a la mujer elegir y ser elegida. El objetivo de dicha ley se incorporó a la nueva Constitución de 1949, cuyo artículo 37 (II.1) dio igualdad de derechos políticos a hombres y mujeres, definía la igualdad jurídica de los cónyuges y establecía la patria potestad compartida en la familia. La avanzada enfermedad de Evita le impidió asumir dicho candidatura. En las elecciones generales del 11 de noviembre de 1951 las mujeres argentinas votaron por primera vez y pudieron elegir un total de 109 legisladoras nacionales y provinciales. La UCR fue el único partido que no presentó mujeres en sus listas de candidatos. Tras el golpe militar de 1955, se derogó toda la legislación que daba igualdad a la mujer. En la Convención Constituyente de 1957 la UCR no defendió que se restituya estos derechos. La mujer argentina volvió a estar discriminada hasta 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Apenas el joven estudiante Raúl Alfonsín empezó a hacerse notar como promisor líder universitario del radicalismo, se vio obligado a optar entre dos facciones organizadas: la unionista o UCR “oficial” y la intransigente o Movimiento de Intransigencia y Renovación (MIR), corriente que se definía a sí misma como nacionalista y de centro-izquierda, liderada por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi. La facción unionista representaba un antiperonismo de línea dura y la facción intransigente un antiperonismo más dialogante y político. Sin embargo, ambos grupos estaban envueltos en conspiraciones con sectores de la Fuerzas Armadas y con grupos empresariales que no toleraban el creciente poder de los sindicatos obreros que el peronismo alentaba.

FOTO Superior: 16 de junio de 1955, civiles muertos en Plaza de Mayo de Buenos Aires. Ese día se alzó en armas contra el gobierno de Perón un frente amplio cívico-militar, que incluyó a las dos facciones de la UCR y un sector de la Marina de Guerra. Las acciones continuaron hasta el 18 de junio, a un costo de 364 muertos e incontables heridos. La batalla más importante ocurrió el día 16 en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde hubo un recio bombardeo de la aviación naval y un intento de captura del palacio presidencial por la infantería de marina. FOTO Inferior: tres meses después, el 16 de septiembre de 1955, milicias obreras de la CGT se preparan para enfrentar a las fuerzas golpistas en La Ensenada, Buenos Aires. En Buenos Aires, Córdoba y otras ciudades hubo enfrentamientos con tropas y civiles en ambos bandos entre el 16 y el 21 de septiembre, a un costo de 2 mil vidas. Este nuevo alzamiento cívico-militar obligó a renunciar al presidente Perón el día 21.

Entre unionistas e intransigentes, el joven político Raúl Alfonsín optó finalmente por afiliarse a los segundos, y desde sus filas fue testigo del triunfo electoral del peronismo en febrero de 1946, que derrotó con el 55% de los votos al líder radical José P. Tamborini, candidato de la Unión Democrática, el frente amplio auspiciado por la embajada de los EE UU. En las elecciones de 1951 el triunfo electoral peronista fue todavía más aplastante, siendo derrotado en sus aspiraciones presidenciales el líder de los radicales intransigentes, Ricardo Balbín.

Durante los dos gobiernos de Perón (del 4 de junio de 1946 al 21 de septiembre de 1955), el joven abogado Raúl Alfonsín se mantuvo leal al radicalismo intransigente, pero sólo llegó a ser concejal del municipio de Chascomús en 1954. Al imponerse la “Revolución Libertadora” que derrocó a Perón en 1955 y tramitó un cambio constitucional conservador antes de convocar a elecciones en 1958, Alfonsín era todavía un líder distrital poco destacado. 

11 de noviembre de 1955, instalación de la Junta Consultiva Civil de la Junta Militar de la “Revolución Libertadora”, que tuvo 4 representantes de la UCR: los “unionistas” Juan Gauna y Miguel Ángel Zavala Ortiz y los “intransigentes” Óscar Alende y Óscar López Serrot. Presidió la Junta Consultiva el almirante Isaac Rojas (en el centro de la foto con corbata “michi”). La UCR y los demás partidos integrantes de la Junta Consultora convalidaron todas las decisiones reaccionarias de la dictadura. Entre ellas la derogatoria de la Constitución de 1949, las leyes contra los sindicatos, el despido y prisión de 9 mil sindicalistas, el decreto del 5 de marzo de 1956 de "prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista" (que castigaba a los infractores hasta con seis años de prisión) y, lo peor de todo, el fusilamiento del general Juan José Valle con 17 militares y 14 civiles, gestores de un frustrado intento de contragolpe peronista el 9 de junio de 1956.

En 1957 surgieron nuevas divergencias dentro del radicalismo y de una forma más aguda. El sector liderado por Balbín, sospechoso de entendimientos con la fenecida dictadura “libertadora”, acusaba al sector liderado por Frondizi de tener entendimientos con el peronismo. La esencia del debate era la siguiente: Argentina debería optar entre:
a) Restablecer la democracia apoyando el deseo de los dictadores militares de restablecer la Constitución argentina de 1853 (con todas las reformas que tuvo hasta 1948), derogando la Constitución “peronista” de 1949, y manteniendo al peronismo fuera de la ley.
O debía:
b) Restablecer la democracia bajo la nueva Constitución de 1949 (que incluía puntos como el derecho a la estabilidad laboral y la capacitación, la libertad de divorcio, la escuela laica, entre otros), devolviendo a los peronistas y todos los partidos, sin excepción, las plenas libertades.
 

El resultado fue la formación de dos partidos rivales: la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), liderada por Ricardo Balbín, que defendía la opción “a”; y la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), de Arturo Frondizi y Óscar Alende, que defendía la opción “b”. Raúl Alfonsín esta vez optó por la línea más conservadora y se afilió a la UCRP. La política de la UCRP fue, finalmente, convalidar la derogatoria de la Constitución de 1949 desde una Convención Constituyente convocada por los dictadores, introduciéndole enmiendas de significado social, como los derechos laborales, pero en un contexto que las hacía ineficaces y hasta contradictorias. La UCRI también ingresó a la Convención Constituyente de 1957 pero se retiró de ella a mitad de sus trabajos.

En las elecciones de febrero de 1958, con el peronismo fuera de la ley, los dos caudillos radicales se enfrentaron en las elecciones, la UCRI tuvo como candidato presidencial a Arturo Frondizi apoyado por el peronismo y la UCRP a Ricardo Balbín, apoyado por los grupos conservadores. Frondizi fue elegido presidente con un programa de reformas nacionalistas moderadas y fue derrocado en 1962, apenas intentó devolver la legalidad al partido peronista, el Justicialismo. Durante el gobierno de Frondizi, Alfonsín se mantuvo en la oposición, fiel a la UCRP. En 1958 logró ser diputado provincial de Buenos Aires. (Sobre las siglas “UCRP”, “UCRI” y “UCR”, cabe mencionar que en 1971, por disposición del gobierno del general Lanusse, la UCRP o “Unión Cívica Radical del Pueblo” redujo sus iniciales a UCR, es decir, “Unión Cívica Radical” a secas; mientras la UCRI o “Unión Cívica Radical Intransigente” pasó a llamarse “Partido Intransigente”.)

Cuando en 1963 se restablece la constitucionalidad bajo “vigilancia militar”, con el peronismo nuevamente fuera de la ley, la UCRP ganó las elecciones presidenciales con el candidato “balbinista” Arturo Illía. Óscar Alende, el candidato de la UCRI obtuvo una magra votación, ya que su corriente había quedado debilitada y dividida tras el golpe de Estado que derrocó a Frondizi. En las elecciones al Congreso de ese mismo año Raúl Alfonsín logró ser elegido como diputado nacional. Su carrera como líder partidario también iba en ascenso. En 1965 Alfonsín fue elegido presidente del comité provincial de Buenos Aires de la UCRP, el comité partidario más importante del país.

No obstante dar prioridad a una política pro-empresarial, el gobierno de Illía quiso introducir algunas reformas planificatorias, tomadas del modelo desarrollista de la CEPAL (Comisión Económica para la América Latina de las Naciones Unidas, cuyo director era el argentino Raúl Prebisch). Tales medidas, entre ellas el crédito preferencial para el productor rural, el control de precios de la canasta básica familiar, el salario mínimo vital y móvil (que se autorregula según el cambio del costo de la vida) y la “Ley de los Medicamentos” (que obligaba a los laboratorios a producir medicamentos genéricos a bajo precio) fueron rechazados de plano no sólo por los grupos conservadores sino también por gran parte de de la UCRP. La “democracia vigilada” cerró sus tenazas y el presidente Illía fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía el 26 de junio de 1966. Ese día también sufrió detención Raúl Alfonsín, por incumplir la prohibición de reuniones en la local central de Buenos Aires de la UCRP.

Con el general Onganía se estableció una sucesión de dictadores militares que abarcó desde junio de 1966 hasta marzo de 1973. Este período dictatorial fue autodenominado “Revolución Argentina” por sus conductores. Los gobernantes fueron: Juan Carlos Onganía (1966-1970), Marcelo Levingston (1970-1971) y Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973). Luego del breve período constitucional de gobierno peronista de 1973-1976 (con el presidente Héctor J. Cámpora, elegido en 1973, que renunció para permitir la elección de Juan Domingo Perón en 1974; y que prosiguió María Estela Martínez de Perón, que lo sucedió tras su deceso ese mismo año), ocurrió una segunda sucesión dictatorial, la más trágica, que abarcó desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983. Tuvo como apelativo “Proceso de Reorganización Nacional”. Los gobernantes fueron: Jorge Rafael Videla (1976-1980), Roberto Eduardo Viola (1980-1981), Leopoldo Fortunato Galtieri (1981-1982) y Reynaldo Benito Bignone (1982-1983).

3.- EL APRA Y La Unión Cívica Radical

El aprismo peruano y el radicalismo argentino nunca tuvieron afinidades ideológicas ni tradiciones comunes. En vida de Haya de la Torre tampoco hubo vínculos políticos entre el aprismo y las distintas facciones de la UCR.

A diferencia del vertical y disciplinado Partido Aprista Peruano, la Unión Cívica Radical (UCR) fue siempre una federación de facciones con intereses diversos. Este partido albergó desde su inicio grupos divergentes que establecían pactos, luego se dividían en torno a candidaturas opuestas y más adelante volvían a unirse ante un peligro político mayor. Raúl Alfonsín se formó políticamente dentro de este sistema de partidos-frentes, muy distinto al que es tradicional para el aprismo y el Perú.

A diferencia de la vocación laboralista y de izquierda democrática del aprismo, el radicalismo siempre se ha proclamado como partido “de centro” siendo en realidad una federación de corrientes de derecha y de centro, ajena a los problemas de los sindicatos y los movimientos de protesta popular. Otro tema importante que siempre distanció al aprismo del radicalismo es la pobreza doctrinal de los segundos y su estrechez de miras sobre un tema tan fundamental como el antiimperialismo y la unidad latinoamericana.

En cambio, sí existió un lazo fecundo entre el aprismo y el Partido Socialista Argentino, agrupación de menor arraigo electoral, pero con una clara doctrina y notable influencia intelectual. El PS argentino fue fundado en 1896 por Juan B. Justo (1865-1928), primer traductor de El Capital de Marx al español. Tenía una interpretación crítica del marxismo y del ideario socialdemócrata y postulaba la unidad de América Latina. Uno de sus líderes más característicos, Alfredo L. Palacios (1880-1965), fue en 1904 el primer diputado socialista de América; dio conferencias en Lima en mayo de 1919, trabando amistad con el joven líder de la reforma universitaria peruana, Haya de la Torre. Otro líder socialista importante, Manuel Baldomero Ugarte (1875-1951), convocó en 1914 a una asociación latinoamericana contra la intervención de los EEUU en México y fue autor de los primeros estudios antiimperialistas e integracionistas: La patria grande (1922) y El destino de un continente (1923).

Cuando Haya de la Torre viajó a Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile en 1922, siendo rector de las Universidades Populares González Prada, tuvo como solícito anfitrión en Buenos Aires a don Alfredo L. Palacios en nombre del Partido Socialista. Más adelante, esa solidaridad se daría a los apristas desterrados. Entre 1924 y 1931, entre 1934 y 1945 y luego entre 1948 y 1956, hubo un buen número de exiliados apristas en Argentina, entre ellos Manuel Seoane, Andrés Townsend, Enrique Cornejo Köster, Hugo Otero, Felipe Cossío del Pomar, Remigio Tirado, Juan Arriola, Jorge García Stens y el artista Juan Manuel Ugarte Elespuru. Todos ellos recibieron amplio apoyo del Partido Socialista argentino, no de la UCR.

En 1928, estando el joven líder aprista Manuel Seoane exiliado en Argentina, don Alfredo Palacios fundó la ULA (Unión Latinoamericana) con el fin de dar apoyo político exterior a la lucha de Sandino en Nicaragua, nombrando al joven peruano secretario de este organismo. Seoane fue también periodista en los órganos de prensa socialistas. Otro aprista notable, Andrés Townsend Ezcurra, vivió exiliado en Argentina entre 1935 y 1945. Gracias a la solidaridad del Partido Socialista pudo validar y continuar sus estudios de Derecho en la Universidad de La Plata, donde era rector Alfredo L. Palacios. Y trabajó entre 1939 y 1945 en el diario socialista La Vanguardia, bajo la dirección de Mario Bravo. En este diario Townsend tuvo a su cargo una importante columna periodística: “20 pueblos y una nación”.

La revista socialista argentina Claridad, que se publicó entre 1926 y 1941, fundada por Antonio Zamora (1896-1976) periodista e intelectual socialista de origen español que fue senador por su partido, dio cabida a muchas plumas apristas. Más de una vez Claridad publicó números especiales dedicados a la situación del Perú y a la lucha del APRA. Cuando Haya de la Torre fue apresado y sometido a juicio en 1932, corriendo el peligro de ser condenado a muerte, Claridad sirvió de tribuna para la solidaridad internacional con el líder del aprismo.

Julio de 1954: Congreso de los Desterrados Apristas en Montevideo con presencia de Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchos de los asistentes a este Congreso habían recibido apoyo solidario del Partido Socialista argentino, no de la UCR. A la derecha de VR están Víctor Raúl Montesinos, Absalón Pavón y Alberto Valencia.

Fue desde los talleres de Claridad que el Comité Aprista Peruano de Buenos Aires publicó la revista “APRA” y editó el libro de denuncia de la dictadura de Benavides, Autopsia del presupuesto civilista. Cómo derrocha una casta los dineros del pueblo (Ed. Claridad, Buenos Aires, 1936), con prólogo de Haya de la Torre y un trabajo de investigación en equipo dirigido por Manuel Seoane. En las décadas siguientes, fueron también socialistas solidarios con los desterrados apristas el intelectual Dardo Cúneo (n. 1914) y el líder político Américo Ghioldi (1899-1985). Ghioldi fue amigo personal de Haya de la Torre a partir de 1946; cumplió una importante labor de apoyo en los días del asilo en la embajada de Colombia (1949-1954) y fue colaborador suyo en Europa entre 1954 y 1956 y 1963 y 1966.

Estos lazos de solidaridad latinoamericana contra las dictaduras y la preocupación por el frente único de trabajadores manuales e intelectuales nunca se dieron entre la UCR y el APRA. Y Raúl Alfonsín, en particular, no tuvo contacto con los exiliados apristas ni con sus inquietudes políticas e intelectuales.

El único nexo entre el radicalismo y el aprismo ha sido singular y peculiar. Gabriel del Mazo (1898-1969), presidente de la Federación Universitaria Argentina en 1920, militante radical por algunos años, fue amigo personal de Víctor Raúl Haya de la Torre, difusor de sus ideas y editor de sus libros en editoriales argentinas, así como un gran colaborador de los apristas peruanos que vivieron exiliados en Argentina. Sin embargo, Del Mazo tuvo siempre una actuación política distante de las cúpulas oficiales de la UCR. Entre 1935 y 1940 formó parte del grupo opositor “FORJA” (“Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina”), donde a su vez tenía una posición individual discrepante. En las elecciones de 1946 fue elegido diputado nacional y formó grupo con los diputados de la UCR “intransigente”, sin dejar de oponerse a distintos puntos de su plataforma política. En 1957, cuando se divide la UCR, Del Mazo optó por la UCRI o “Unión Cívica Radical Intransigente” de Frondizi, la facción rival de la UCRP o “Unión Cívica Radical del Pueblo”, donde estuvo Raúl Alfonsín.

Luego que Frondizi ganó las elecciones de 1958, nombró a Del Mazo ministro de Defensa y finalmente embajador en Uruguay. Después de esta experiencia, Del Mazo dejó la política y se dedicó a escribir su monumental Historia del Radicalismo, en cinco tomos. El frecuente contacto de Gabriel del Mazo con Haya de la Torre y con el APRA fue siempre a título individual. Cuando Del Mazo era diputado nacional, Raúl Alfonsín era todavía una figura política distrital. Cuando Alfonsín empezó a ocupar cargos de alto rango partidario, tomó un camino distinto y opuesto al que tuvo Del Mazo.

4. Nace el “alfonsinismo”

La dictadura militar del general Onganía redujo en 1966 los espacios políticos a la prédica de centro-izquierda. Los anuncios oficiales de una “Revolución Argentina” dirigida por los militares, que implicaría una sucesión de dictadores a lo largo de varios años, justificó los aprestos violentistas de muchos grupos. La caída del Che Guevara en Bolivia al año siguiente avivó el mito de la guerrilla en el continente. Los jóvenes pintaban en los muros de Buenos Aires las célebres frases del Che: “El deber de todo revolucionario es hacer la revolución” y “Crear dos, tres, muchos Vietnam”. También pintaban un lema de origen local: “Ni golpe ni elección, revolución”. Pocas veces en la agitada historia de Argentina la reivindicación de la democracia representativa había sido tan impopular.

Entre 1966 y 1971, acusado de reformista y “capitulador” por los grupos de estrategias violentas predominantes en las universidades, Raúl Alfonsín, líder de su propia corriente dentro del partido, difundió sus ideas con dificultad en medios de prensa moderados y de limitada circulación como la revista Inédito dirigida por Mario Monteverde. Recién hacia 1972 su prédica empezó a cosechar frutos. Reclamando elecciones libres y oponiéndose a todo tipo de dictadura y a toda forma de violencia, Alfonsín congregó un importante contingente leal en la UCR, distanciándose claramente de la corriente mayoritaria del jefe partidario Ricardo Balbín, cuya política se orientaba a la convivencia con la dictadura.

En las elecciones internas de la UCR de 1973 el “alfonsinismo” sólo obtuvo el 25% de los votos frente al hegemónico “balbinismo”. Sin embargo, el Movimiento de Renovación y Cambio de los “alfonsinistas” iba adquiriendo singular protagonismo fuera del marco partidario, tras haber captado núcleos importantes del socialismo no comunista y del frente democrático electoralista llamado Junta Coordinadora Nacional (fundado en 1968). Personajes como el economista Bernardo Grispun y el periodista Leopoldo Moreau contribuyeron a ir definiendo el sector “alfonsinista” de la UCR como socialdemócrata, en una época en la que esta corriente internacional atenuaba sus viejos dogmas.

Las elecciones de marzo de 1973, en las que triunfa el candidato peronista Héctor Cámpora (quien antes de fin de año renunciaría para permitir el regreso del general Perón), marcan una derrota electoral y moral del candidato y jefe de la UCR Ricardo Balbín. No obstante las discrepancias inconciliables entre los “balbinistas” y el peronismo, en plena campaña se revela que Balbín tiene conversaciones con los peronistas para compartir responsabilidades de gobierno, a cambio de renunciar al “ballotage”, esto es, no disputar la “segunda vuelta” electoral.

La caída electoral de la UCR fortaleció al “alfonsinismo” como opción de renovación. Alfonsín se declaró en todo momento contrario a cualquier forma de pacto con el peronismo, se atrevió a vaticinar que un gobierno peronista en 1973 precipitaría una nueva crisis y ofreció un programa democrático que recogía en la retórica y en las propuestas cierto tinte de izquierda. Alfonsín propuso reformas constitucionales que fortalezcan las libertades democráticas y permitan una reforma agraria y una reforma educativa. Para el elector de clase media cansado de la tensión y la violencia que rodeaba cada mitin peronista, por fin había un demócrata pacifista que no parecía ser de derecha. Alfonsín empezaba a ocupar un espacio político en el que no tenía competidores.

Foto Izquierda: Raúl Alfonsín en campaña como candidato a diputado en 1963.
Foto Derecha: Líder del Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR en 1974.

5. La prueba de fuego de la “guerra sucia”

Una iniciativa importante de la UCR durante el caótico segundo gobierno peronista fue apoyar la creación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), como instrumento  de defensa de civiles inocentes en medio de la violencia política imperante. Participaron de su fundación, el 18 de diciembre de 1975, junto con Raúl Alfonsín, el obispo Carlos Gatinoni, Adolfo Pérez Esquivel, Oscar Eduardo Alende, Rosa Pantaleón y otros. Cuando al año siguiente el golpe de Estado del general Jorge Videla establece el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, severamente represivo, la APDH se convirtió en un instrumento fundamental de defensa de la civilidad en medio de la total prohibición de las libertades políticas. Fue también un instrumento eficaz para la recolección de denuncias y evidencias de torturas y asesinatos, que serían muy valiosos al momento de procesar judicialmente a los dictadores responsables de innumerables crímenes.

En medio de los duros años de la “guerra sucia”, el “alfonsinismo” también sufrió secuestros y desapariciones. Sergio Karakachoff, abogado especializado en Derechos Humanos, fundador de la Junta Coordinadora Nacional de 1968 y luego leal colaborador de Alfonsín en el Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, fue también fundador de la APDH en 1975 y tuvo a su cargo intervenir en defensa de detenidos y desaparecidos e interponer recursos de hábeas corpus. A fines de 1976 Karakachoff fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo se encontró en las afueras de la ciudad de La Plata con crueles huellas de tortura. La UCR también apoyó el surgimiento del movimiento de Madres de la Plaza de Mayo, formado por esposas y madres de desaparecidos, que también fueron víctimas de secuestros y desapariciones en 1977.

Esther Ballestrino de Careaga, María Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vicenti, madres de la Plaza de Mayo asesinadas en 1977. Sergio Karakachoff, abogado defensor de los desaparecidos, militante de la UCR y cercano colaborador de Alfonsín, asesinado en 1976.

La UCR “alfonsinista”, mal vista por los grupos peronistas y guerrilleristas por su vocación pacifista y electoral y sospechosa a los ojos de los grupos conservadores por su programa reformista, siguió fortaleciéndose como una opción política creíble mientras todas las formas de violencia y de vindicta social seguían nublando el panorama político. Alfonsín no sólo mantuvo a pie firme esta posición política; también aportó ideas para una salida política democrática de reconciliación nacional desde la revista Propuesta y Control, único medio de prensa opositor que por su lenguaje mesurado logró esquivar la rígida censura del gobierno militar.
 
“Paz” y “reconciliación” eran palabras bien recibidas por las grandes masas ciudadanas, tanto de las clases medias como de las clases trabajadoras, pero para las vanguardias políticas opuestas a la dictadura eran sinónimo de contubernio con los verdugos. Mientras Alfonsín aumentaba su influencia como promotor de la ansiada paz en Argentina, los grupos más beligerantes, sobre todo los que habían sufrido en carne propia la represión, iban perdiendo popularidad. Una cruel ironía favorecía al nuevo líder presidenciable de la UCR.

6. La crisis de la Guerra de las Malvinas

El verdadero desafío para el “alfonsinismo” vino con la “guerra de las Malvinas”, esto es, la fallida ocupación argentina de las islas denominadas por los ingleses Falkland, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, dirigida por la dictadura del general Leopoldo Galtieri entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que concluyó con una humillante victoria militar de la armada británica.

En un primer momento, la acción militar argentina significó una efusión de patriotismo que distrajo a la población civil de los urgentes problemas económicos y del desgaste político de los dictadores. Decir “¡No!” a dicha acción militar, denunciarla como un absurdo y como una cortina de humo contra el pueblo argentino era sumamente difícil, pero Alfonsín lo hizo, apoyando la iniciativa de un notable grupo de intelectuales, entre ellos Jorge Sábato y Dante Caputo.

El vergonzoso fracaso de la campaña militar de la dictadura argentina en Las Malvinas precipitó una crisis general del régimen y elevó el prestigio de Raúl Alfonsín, quien pidió de inmediato la salida del general Galtieri y la pronta convocatoria a elecciones libres. Pronto empezó la transición. A fines de 1982, el “alfonsinismo” dominó ampliamente las elecciones internas de la UCR y al año siguiente Raúl Alfonsín fue el candidato a la Presidencia de la República, con el peronista Ítalo Lúder como rival.

FOTO Izquierda: 2 de abril de 1982, se inicia la guerra de las Malvinas; soldados británicos en Port Stanley son sorprendidos por comandos argentinos. FOTO Derecha: 2 de mayo de 1982, el crucero argentino General Belgrano es hundido mediante torpedos por un submarino británico; 321 argentinos perecieron.

El peronismo centró su campaña presidencial en una denuncia muy severa de los crímenes de la dictadura, prometiendo un retorno duradero a la democracia. Se quería mostrar a Lúder como un candidato “más político”, “más duro” y “más antidictatorial” que Alfonsín. De hecho, el peronismo prometía con mayor energía y mayores argumentos que Alfonsín, aplicar una “sanción ejemplar” a los crímenes de la dictadura. Alfonsín sólo ofrecía “investigar y hacer justicia”. Lúder ofrecía una amplia reforma constitucional y restituir muchos derechos sociales de la vieja plataforma peronista. Alfonsín prometía una reforma constitucional prudente, realista, consultada con todos los sectores sociales organizados y sometida a referéndum.

Lúder parecía ser un mejor candidato que Alfonsín, del mismo modo que el peronismo había sido el partido más castigado por la dictadura y resultaba lógico que sea electoralmente el favorito. Sin embargo, la credibilidad de Lúder sufrió un fuerte golpe cuando la prensa favorable a la UCR reveló un “Pacto Militar-Sindical”, en el cual la dictadura saliente y la jefatura sindical peronista prometían mediar a favor de los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad. El escándalo fue mayúsculo. El impacto de esta denuncia en las encuestas de intención de voto permitió a Alfonsín ahorrarse discusiones con sus rivales electorales sobre quién era más claro y consecuente respecto a temas políticamente difíciles, como las sanciones a los culpables de la “guerra sucia”. Alfonsín optó por una campaña de perfil bajo, sin grandes argumentos, orientada a captar la confianza del electorado joven y del gran electorado ajeno a los trajines partidarios.

ARRIBA Izquierda: Célebre póster de campaña de Alfonsín. ARRIBA Derecha: Alfonsín asume la presidencia el 10 de diciembre de 1983. Debajo: 20 de septiembre de 1984, una multitud calculada en 70 mil personas acompaña a la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) durante la entrega al presidente Alfonsín de su informe “Nunca Más”, que serviría de base para procesar judicialmente por crímenes de lesa humanidad a los dictadores argentinos.

Un rasgo característico de la candidatura de Alfonsín fue el empleo sagaz de la imagen publicitaria y los “spots” televisivos, con técnicas modernas y sutiles de sensibilización del elector. Mientras Lúder exhibía ademanes agresivos y lemas condenatorios, los lemas electorales de la UCR no aludían a temas políticos; se orientaban a promover la simpatía hacia el candidato. El afiche más difundido decía simplemente “Ahora Alfonsín”, mostrándolo con una amable sonrisa y en ademán de dar lo que se llamó “estrechar la mano a la distancia”. Para el elector común, Lúder era el hombre del “rollo” politiquero y la palabrería ideológica, mientras Alfonsín era el hombre amable, sensato y dispuesto a dialogar sin esquemas preconcebidos.

En las elecciones del 30 de octubre de 1983 Alfonsín triunfó con el 51,7% de los votos contra 40,1% obtenido por el peronismo. Asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983 en un clima de multitudinaria algarabía y esperanza. Muchos argentinos que peinan canas, sobre todo bonaerenses, recuerdan con emoción que en todos los cafés, restaurantes, cines, teatros, clubes de barrio e incluso en los hogares, sin aviso previo, en forma totalmente espontánea, la gente miraba los relojes a las 12 de la noche del 9 de diciembre de 1983 y empezaba a abrazarse y saltar (al estilo que los argentinos acostumbran en los partidos de fútbol) gritando: “¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Nunca más! ¡Nunca más!”

7. Presidente de la Nación (1983-1989)

La coyuntura política que debió enfrentar el gobierno de Alfonsín fue particularmente difícil. Por un lado había que hacer justicia a los miles de asesinados por la dictadura sin generar una nueva crisis entre el poder civil y las fuerzas armadas; por otro lado, hacía falta una política económica de estabilización de la moneda y las finanzas, ya que Argentina estaba en una situación cercana al colapso, con una inflación galopante y un desborde de la deuda externa; finalmente había que tender lazos a otras fuerzas políticas para evitar el asilamiento del partido de gobierno en el Congreso.

7.1 Sanción democrática a los dictadores.-
El 15 de diciembre de 1983 el presidente Alfonsín envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la Ley de Amnistía Nº 22.924 dictada por el gobierno militar en beneficio de sus propios integrantes antes de dejar el poder. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, primera ley de la nueva etapa democrática de Argentina.

El mismo 15 de diciembre de 1983 hubo otras decisiones importantes. Mediante el decreto 157/83, el gobierno dispuso enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; y mediante un segundo decreto, el 158/83, se ordenó procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. Ese mismo día también se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), con la participación de personalidades independientes como Ernesto Sábato, cuya misión fue reunir pruebas documentales y testimonios de violaciones de derechos humanos, para fundamentar el proceso judicial a las juntas militares.

La CONADEP publicó el 20 de septiembre de 1984 su famoso informe titulado Nunca Más y concurrió a entregarlo al presidente Alfonsín a la Casa Rosada acompañada de una multitud de 70.000 personas. El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal de Justicia asumió la conducción del juicio a los dictadores, negando potestad sobre el tema a los tribunales militares. Este histórico proceso judicial fue un modelo de objetividad y cuidadosa presentación de cargos. Se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Fueron examinados 281 casos que tenían plena documentación probatoria. La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 condenó a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión.

La sanción judicial a las dictaduras militares realizada en forma autónoma por un régimen democrático fue y sigue siendo un hecho sin precedentes, que siempre distinguirá al gobierno del presidente Alfonsín en la historia de América Latina. Era el primer paso de un proceso amplio de sanción a todo el aparato represivo dictatorial, culpable de poner en el vocabulario político internacional el término “desaparecido” como sinónimo de detención arbitraria, con tortura y asesinato, incluyendo el secuestro de los hijos de corta edad de los asesinados, que eran entregados en adopción en secreto. Castigar a los jefes máximos de la dictadura era sólo el primer paso, pero era de gran importancia. La decisión del gobierno y los tribunales argentinos contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Brasil, España, Portugal, Sudáfrica y, por supuesto, en Chile. Cuando Pinochet concluyó su largo mandato en 1990, no sólo siguió al mando de las Fuerzas Armadas; fue además senador vitalicio y no hubo proceso alguno contra él hasta 1999, cuando fue acusado por los tribunales británicos; recién fue procesado en Chile el 2002.  

Imágenes del juicio democrático a los dictadores argentinos de 1985. Un precedente único en la historia de nuestro continente. La fotografía inferior izquierda muestra al escritor Ernesto Sábato entregando 20 de septiembre de 1984 al presidente Alfonsín el informe del CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) “Nunca Más”, que fue el instrumento básico de la acusación.

Los principales acusados del proceso de 1985 fueron indultados por el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1990, pero en 1998 fueron nuevamente detenidos y procesados, con acusaciones ampliadas, dando lugar a la confirmación de las penas en 1998. Los tribunales argentinos determinaron, con toda justeza, que los delitos de lesa humanidad no pueden prescribir ni ser objeto de indulto. Videla actualmente cumple cadena perpetua en una cárcel militar. Massera retomó su condena en prisión hasta el 2002, cuando fue confinado en un centro de salud por su salud deteriorada. Viola murió en 1994, antes de ser nuevamente procesado.

7.2 La rebelión de las “caras pintadas” y la impunidad.-
Para la gran mayoría de argentinos no era suficiente que se condene a los grandes conductores de las dictaduras militares. Había una larga lista de mandos militares y ejecutores de delitos de lesa humanidad que seguían en sus puestos en las Fuerzas Armadas y que continuaban ascendiendo en la cadena de mando. Entre ampliar las acusaciones o reducirlas, lamentablemente, el gobierno de Raúl Alfonsín optó por lo segundo, defraudando a la gran mayoría del pueblo argentino. El ímpetu justiciero con el que inició su gobierno el 10 de diciembre de 1983 se debilitó. La respuesta del presidente fue la Ley Nº 23.492, del 24 de diciembre de 1986, conocida como Ley de Punto Final, que reducía las causales de detención e inculpación (sólo se procesaría a culpables de secuestro y desaparición de menores) y daba un plazo de 60 días para finalizar todo proceso. Según el propio texto de la ley, cumplido dicho plazo, “se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983”.

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la gran mayoría de sectores políticos, incluso gran parte de la UCR, rechazaron la Ley de Punto Final y salieron a las calles a demandar sanciones contra todos los implicados en los crímenes de la dictadura. Según los principales voceros de la oposición, la condena de los generales dictadores sólo esclarecía responsabilidades por 281 casos de desapariciones, mientras la cifra total ascendía a 30 mil, cuyas muertes quedarían impunes.

En el seno de las Fuerzas Armadas, la Ley de Punto Final tampoco fue aceptada. La responsabilidad de mandos militares en actos de violencia contra civiles era de un rango muy amplio y no existía en ellos mayor conciencia de la gravedad de los delitos ocurridos. Es decir, muchos militares imputables de graves crímenes estaban dispuestos a seguirlos cometiendo.

Mientras tanto, los tribunales argentinos seguían abriendo procesos contra torturadores y asesinos comprobados, uno de ellos era el mayor Ernesto Barreiro, en la ciudad de Córdoba. El día que debía ser detenido y conducido a juicio, el Comando de Infantería al que pertenecía Barreiro se opuso a entregarlo a las autoridades. Este hecho originó una rebelión masiva de tropas y mandos militares demandando una amplia amnistía general en la Pascua de 1987. El alzamiento más amenazante se dio en Buenos Aires, en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, protagonizado por grupos de comandos con las caras con pintura de camuflaje dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico.

Durante la Semana Santa de 1987 la población de Buenos Aires salió a las calles demandando que el gobierno debele la insubordinación militar. La central obrera argentina, la CGT, declaró la huelga general contra la amenaza de los “caras pintadas”. A su vez, los militares daban ultimátums al gobierno exigiendo la amnistía. Cuando Alfonsín convocó a las tropas que consideraba leales para restablecer el orden, sólo encontró apoyo en el general Ernesto Alais, jefe de la guarnición de Corrientes, quien tampoco fue obedecido por sus tropas cuando ordenó que se dirijan a Campo de Mayo.

Aislado e indefenso, acosado por una situación que podía concluir en una guerra civil, Alfonsín concurrió a dialogar con los “caras pintadas” amotinados y, para asombro de la ciudadanía, logró que depongan su actitud. El sábado 30 de abril anunció a una gran multitud dispuesta a enfrentarse a los insurrectos que no se preocupen, que “la casa está en orden, Felices Pascuas”, frase que sería repetida burlonamente por la oposición en cada situación difícil. De hecho, el 18 de enero y el 1 de diciembre de 1988 hubo otros alzamientos similares. Pese a las concesiones que otorgó, Alfonsín gobernó bajo permanente amenaza de insubordinación militar.

La más delicada concesión a los demás culpables de la guerra sucia fue la Ley Nº 23.521 o Ley de Obediencia Debida, dada por el presidente Alfonsín el 4 de junio de 1987. Esta ley estableció Juris et de Jure (como hecho jurídico que no admite duda) que los militares por debajo del grado de coronel no eran punibles de delitos cometidos durante la “guerra sucia” por haber actuado en virtud del principio de obediencia debida. Fue una ley que escandalizó a los especialistas en temas legales referidos a derechos humanos y causó honda decepción en los electores que habían confiado en Alfonsín como firme defensor de las víctimas de la “guerra sucia”.

Tanto la Ley de Punto Final como la Ley de Obediencia Debida fueron derogadas en 2003 por el gobierno del presidente Néstor Kirchner, pero en una coyuntura ya demasiado lejana para que pueda cumplirse en todos sus alcances la vieja promesa electoral alfonsinista de “no permitir la impunidad”. Queda para la historia juzgar si el presidente debió arriesgarse, apoyándose en el amplio apoyo popular que tuvo hasta mediados de 1987, a sancionar a los amotinados y procesar a todos los culpables de los crímenes cometidos durante la “guerra sucia”. Alfonsín dijo en su defensa, repetidas veces, que en ese momento su principal responsabilidad era salvar la estabilidad constitucional, es decir, evitar una nueva dictadura o, peor aún, una guerra civil. ¿Acaso no había otras opciones, contando en ese momento con el más amplio apoyo del pueblo argentino?

El presidente Alfonsín, solo e indefenso en todo el sentido de la palabra, es conducido al diálogo con el jefe de los amotinados “caras pintadas” durante la Pascua de 1987.

7.3 Enfrentando la crisis económica.-
En tiempos del primer gobierno del presidente Hipólito Irigoyen (representante del antiguo radicalismo progresista, que se entrevistó con el joven líder universitario Víctor Raúl Haya de la Torre en 1922) la Unión Cívica Radical solía agitar contra los que deseaban dictaduras militares una atrevida consigna: “Con la democracia se come, se educa y se cura”. El gobierno de Alfonsín, lamentablemente, no pudo confirmar este enunciado.

El nuevo gobierno no sólo heredó de los militares una situación de crisis; la crisis se agravó dramáticamente bajo su gestión, que osciló entre dos bruscas estrategias: la política “heterodoxa” del “inflacionismo controlado” y la política fondo-monetarista de recorte del gasto público y “sinceramiento” (alza de precios) de la economía. En las dos bruscas orientaciones la gestión del alfonsinismo fue desordenada y finalmente ineficaz.

Entre 1975 y 1983, es decir, durante todo el ciclo de dictadores militares, la deuda externa se había elevado de 7.875 a 45.087 millones de dólares. El índice de pobreza o “retraso salarial” (deterioro del poder adquisitivo del salario mínimo vital) había crecido en esos años del 5% al 37% en Buenos Aires. Existía un elevado déficit fiscal y a la vez una enorme presión social por un mejor nivel de ingresos, especialmente por parte de los sectores laborales sindicalizados. Los poderosos sindicatos argentinos representaban un “monopolio” de la demanda adquisitiva y, al mismo tiempo, la tradicional oligarquía terrateniente y la elite industrial representaban un “monopolio” de la demanda de rentabilidad financiera. Cada uno de estos polos demandaba beneficios superiores.

La actividad empresarial del Estado, con empresas productivas como YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, privatizada en 1992 por Menem) y empresas generadoras de servicios como ENTEL, las redes ferroviarias y Aerolíneas Argentinas, había sido administrada por las dictaduras como una fuente adicional de gasto público, interfiriendo su autonomía de gestión y su capitalización. Era urgente reestructurar y sanear financieramente este conjunto empresarial.

La economía argentina se encontraba frente a la necesidad de definir rumbos precisos. Y en la campaña electoral tanto el radicalismo como el peronismo habían subestimado la magnitud de la crisis, mostrándola como más manejable de lo que en verdad era.

En oposición a las políticas neoliberales, que exigían cortes drásticos del gasto fiscal y dejar que las leyes del mercado nivelen los problemas de rentabilidad y los precios, tanto el peronismo como la UCR, por influencia de la doctrina desarrollista de la CEPAL, suponían que el manejo de los precios nominales, los instrumentos crediticios y todo lo que son valores aparentes de la economía, pueden esquivar la ausencia de rendimientos reales; es decir, que la ficción puede normar la realidad.  

Detrás de esta concepción tecnicista del manejo económico había la intención política de “no molestarse con nadie”: mejorar “un poco” los salarios y el poder adquisitivo en general sin perjudicar la alta rentabilidad de las patronales.

Ese punto de vista, tan difundido durante las décadas de 1970 y 1980, no es realista ni viable (y tampoco es aprista). Para que el aumento de salarios no sea inflacionista, tiene que haber una mayor obligación de pago de los propios empleadores; para que la mejora de la calidad de vida y del poder adquisitivo (es decir, mantener bajos los precios al consumidor de los alimentos, de los transportes, de los servicios) no sea inflacionista, hace falta imponer una mayor carga tributaria a quienes más ganan. Para que la actividad económica del Estado no colapse, es indispensable que sus ingresos se capitalicen en forma real, que no sean destinados a cubrir baches financieros sectoriales. Finalmente, para crecer hay que producir más, no endeudarse en forma indiscriminada, para después intentar pagar las enormes obligaciones contraídas con nuevos empréstitos.

Una política económica democrática de izquierda afrontaría estos desafíos con realismo, tomando una clara posición a favor de la población trabajadora. No ocurrió así con el gobierno de Raúl Alfonsín.

Durante una primera etapa, entre 1983 y 1985, el ministro de Economía Bernardo Grinspun trató de maniobrar con los precios nominales de la economía aplicando a todo dar la famosa “heterodoxia” cepaliana: seguir cubriendo el déficit fiscal “en forma provisional” con ingresos de la actividad empresarial del Estado y con fondos que tenían otro destino (por ejemplo los aportes de los pensionistas); seguir hasta donde se pueda con el endeudamiento externo, no aplicar una mayor presión tributaria a quienes más ganan, y crear, mediante la emisión monetaria, una apariencia de estabilidad y de mayores salarios, confiando en que un subsiguiente “aumento de la producción y el consumo” compensaría el desarreglo.

El resultado fue un crecimiento incontrolado de la economía monetaria sin un respaldo en la producción real. La inflación “se disparó” al 625% anual a fines de 1984.

En febrero de 1985 se adoptó otra línea, mediante el ministro Juan Vital Sourrouille. Este cambio se tradujo, el 14 de junio, en la puesta en marcha del “Plan Austral” (Decreto 1.096). Desde el 15 de junio de 1985 los argentinos tenían que realizar sus actividades reemplazando el peso por el austral. La nueva moneda equivalía a mil pesos antiguos.

Junto con el cambio de moneda se congelaban algunos precios de la economía, otros se indexaban y se controlaba la cotización de la moneda extranjera con distintos tipos de cambio. 

Técnicamente el cambio monetario era una “anticipación a la inflación”, una depreciación de la moneda considerando el índice de depreciación “inercial”. Este cambio en los valores de los productos y los salarios permitiría al gobierno “ganar tiempo” para estabilizar la economía y adoptar medidas “más estructurales”.

Billete de 5 mil australes emitido en 1985 con la imagen del presidente argentino Miguel Ángel Juárez Celman (presidente 1886-1990). En 1989 este billete valía menos de 1 dólar.

Técnicamente era también “inventar” mayores ingresos al Estado en base a la diferencia monetaria, perjudicando a toda la sociedad. Según el ministro Juan Vital Sourrouille, la estrategia era, mediante el cambio monetario, “devolver” recursos ya gastados al Estado, para luego transferirlos al sector exportador y generar más ingresos en divisas, al mismo tiempo que un programa gradual de devaluaciones moderadas ayudaría a equilibrar las cuentas públicas sin recortar subsidios.

Como un juguete nuevo, el Plan Austral parecía funcionar bien entre febrero y octubre. La inflación se contuvo y eso rindió beneficios políticos a la UCR en las elecciones parlamentarias de noviembre de 1985.

Previamente, para que no peligren los resultados electorales, el gobierno había dado marcha atrás en cuanto a la reforma tributaria que debía acompañar al Plan Austral. Sin duda alguna, la economía argentina necesitaba una urgente reforma de las tasas y tipos tributarios. Había una excesiva prioridad del impuesto plano, no se aplicaban impuestos progresivos y la recaudación era ineficiente. De hecho los sectores con mayores ingresos tenían muy poca presión tributaria. Por esta razón los impuestos a la propiedad sólo sumaban el 10% de la recaudación total y eran apenas el 5% del total de los ingresos públicos. Anunciando una inminente reforma, en febrero, el ministro había prometido un aumento de los ingresos tributarios, del 18% del PBI (Producto Bruto Interno) registrado a fines de 1984, al 24% del PBI a fines de 1985. Esto, por supuesto, no ocurrió. Y la inflación volvió.

Entre 1986 y 1987 el presidente Alfonsín trató de mantener a toda costa el Plan Austral. Al mismo tiempo trató de “apretar las clavijas” a las cuentas fiscales para no caer en situación de insolvencia con los acreedores externos. Pragmáticamente el gobierno hizo recortes aislados en el gasto fiscal y, con el fin de no perder liquidez, dictó sucesivos “gasolinazos” (aumento del impuesto a los combustibles) que a su vez fueron el pretexto para que se dispare el costo de la canasta básica familiar. Igualmente disminuyó los subsidios a los servicios brindados por el Estado y suspendió programas sociales diversos.

Por tratarse de medidas aisladas, carentes de estrategia, y por no atreverse a devaluar en regla la nueva moneda, el gobierno perdió toda credibilidad a mediados de 1987, cuando la actividad económica tendió a caotizarse. El mercado negro de dólares, la especulación con todo tipo de bienes, la informalidad, el cierre de empresas y sobre todo el desempleo y la miseria, tomaron un cariz dramático. Estuvieron a la orden del día huelgas muy violentas reprimidas con no menor dureza por el gobierno.

El año 1988 llegó con un violento despegue inflacionario y graves problemas de abastecimientos. Los resultados económicos desfavorables no permitían una buena negociación de la deuda externa y en abril de 1988 el gobierno tuvo que suspender el pago y adoptar una moratoria. Por ser el equivalente a una “declaratoria de quiebra”, esta situación tenía graves implicancias en toda operación comercial con el exterior.

En respuesta, el mes de octubre el gobierno puso en marcha el Plan Primavera, más político que económico. En lo exterior significó dar impulso al Grupo de Cartagena, el “Club de Deudores” latinoamericanos donde Argentina, México y Brasil tenían el liderazgo. En lo interno, significó intentar un control consensual del alza de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio. Nadie creía ya en el Plan Austral y el intento de consenso fracasó.

A comienzos de 1989 el gobierno había perdido hasta el menor margen de maniobra para adoptar ninguna medida. El Banco Mundial y el FMI ofrecían ayuda como mediadores crediticios pero la demoraban como obvia represalia por las acciones de la cancillería argentina promoviendo el Club de Deudores.

En febrero de 1989 el gobierno quiso hacer efectiva una devaluación disfrazada dictando un “feriado bancario” de 48 horas. La desconfianza existente hizo que la gente corra masivamente hacia el dólar. Los cambios ministeriales en la cartera de Economía -Juan Carlos Pugliese (marzo-mayo) y Jesús Rodríguez (mayo-julio), no sirvieron de mucho. Entre febrero y abril la crisis económica y social tomó un rumbo casi catastrófico. Los huelguistas, los desempleados y la gente sin recursos en general tomaban por asalto en forma masiva los comercios y supermercados del país. La inseguridad ciudadana era absoluta. Eran días de mucha tensión, violencia y robos descontrolados, que obligaron al presidente Alfonsín a planear una rápida entrega del poder.

Cuando concluyó el gobierno del presidente Alfonsín en 1989, los índices de desempleo y subocupación eran, respectivamente, del orden del 8,1% y 8,6% de la Población Económicamente Activa (PEA). El austral se había devaluado hasta 5.000% respecto al dólar (en 1992 el gobierno de Menem lo reemplazó por el peso convertible, equivalente a 1 dólar y a su vez equivalente a 10.000 australes). Las monedas fraccionales de austral eran de latón y de aluminio porque su valor de cambio era tan bajo que no había forma de hacerlas con bronce o cobre.

La crisis había sido subestimada por el gobierno de Alfonsín. Las políticas económicas decididas no habían sido realistas y la renuencia a afrontar con decisión las prioridades sociales justas dejó a su gobierno en el vacío.

7.4. Las libertades sindicales y el derecho de huelga.-

En el campo laboral el gobierno de Raúl Alfonsín también contradijo las expectativas y produjo hondas decepciones. Pocos días después de asumir el mandato presidencial, el poder ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de reforma de las normas de elección de líderes sindicales conocido como “ley Mucci” (por el ministro de Trabajo Antonio Mucci). El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados pero fue rechazado en el Senado. Los sindicatos de la CGT estaban totalmente opuestos a la “ley Mucci”, que finalmente quedó desechada. Sin embargo, su oposición no era tanto a lo que decía la “ley Mucci” como a lo que no decía. Los sindicatos argentinos, ampliamente en manos del peronismo, reclamaban algo que era esencial a sus intereses y que había sido largamente prometido: el restablecimiento de los mecanismos de negociación colectiva. Éstos habían sido suprimidos por la dictadura. Sin el derecho a negociar mejores condiciones salariales a nivel de cada empresa y cada rama de la industria, los sindicatos no tenían razón de ser.

El gobierno de Alfonsín se negó reiteradamente a conceder esta demanda. Consideró fundamental que el Estado conserve en forma exclusiva el poder de fijar los salarios por medio de decretos. Este era precisamente el sistema heredado del “Proceso de Reorganización Nacional” impuesto por los militares entre 1976 y 1983. Conforme la inflación tomó un impulso galopante, la insistencia de los sindicatos en obtener dicho derecho se convirtió en parte fundamental de todos los pliegos de demandas y se tradujo en sucesivas, masivas y violentas huelgas generales.

La acción enérgica de la policía contra los huelguistas, los procesos judiciales contra algunos dirigentes gremiales y las campañas mediáticas “subliminales” contra dichos actos de protesta, no contuvieron el descontento. Finalmente el gobierno optó por una política totalmente opuesta, tan equivocada como la anterior: en 1987 incorporó como ministro de Trabajo a Carlos Alderete, dirigente del sindicato nacional de trabajadores de Luz y Fuerza. Acto seguido se propició una nueva ley sindical de consenso, que fue aprobada en 1988 en forma unánime por parlamentarios y sindicalistas.

El único sector no consultado para el consenso fue el de las patronales. La Unión Industrial Argentina (UIA), el gremio nacional de los industriales, rechazó la nueva ley. Los empresarios no quisieron acatarla y a nivel de las empresas se intensificó la violencia laboral. El resultado fue una situación de descontrol, que se acentuó ante la proximidad de las elecciones.

Durante los seis años de gobierno de Raúl Alfonsín hubo 4 mil huelgas de empresa y sectoriales y 13 huelgas generales.

7.5 Leyes sociales.- Patria potestad compartida y divorcio

Una medida largamente anhelada por la población femenina argentina era el restablecimiento de la patria potestad compartida (es decir, la igualdad de ambos cónyuges ante la ley para toda decisión familiar). Tal igualdad fue otorgada por el primer gobierno de Perón en 1949 pero fue abolida por la Junta Militar de la “Revolución Libertadora” (con apoyo de la UCRP, donde militaba Alfonsín) en 1957.
Curiosamente, el Congreso argentino había votado dicho restablecimiento en 1974 pero la presidenta María Estela Martínez de Perón vetó dicha ley. El gobierno de Alfonsín la promulgó como Ley Nº 23.234 en 1985.

Otra ley social importante de este gobierno fue la ley de reconocimiento del libre derecho al divorcio vincular. En Argentina, la iglesia católica logró oponerse con éxito a varios proyectos de ley de divorcio desde 1888. Perón pudo dar una ley sobre el tema en 1954, pero fue derogada al año siguiente por la dictadura militar de la “Revolución Libertadora”.  Finalmente Argentina contó con este derecho al promulgarse la Ley Nº 23.515 del 8 de junio de 1987. La iglesia expresó su desacuerdo pero no tuvo esta vez la influencia política necesaria para que se derogue.

7.6 Política internacional

Alfonsín sostuvo una importante actividad en el campo de la política internacional, llevada a cabo por su ministro de Relaciones Exteriores, el científico social Dante Mario Caputo (intelectual relacionado con la socialdemocracia, que después del gobierno de Alfonsín ingresó a las filas del Partido Socialista), hombre de confianza del presidente y el único ministro que estuvo en su cargo durante todo el gobierno.

La principal tarea de Caputo fue restituir credibilidad a la Cancillería argentina y ponerla a tono con los nuevos estilos de diplomacia y las nuevas concepciones de seguridad nacional, además de atender cuestiones urgentes a nivel limítrofe y a nivel regional.

De las diferentes tareas cumplidas por el gobierno en ese campo sin duda alguna hay cuatro que son cruciales:
-Dio solución al problema del Canal del Beagle mediante un Tratado de Paz y Amistad con Chile. Una solución considerada apresurada por los especialistas argentinos.
-Participó en el Grupo de Apoyo a Contadora, luego ampliado como Grupo de los Ocho, como un ente mediador de la paz y la democracia en el continente. Una labor positiva pero que no cuestionó el autoproclamado derecho de intervención militar de los EE UU en la región, no obstante el amplio consenso que respaldaba tal idea.
-Fue uno de los promotores del Grupo de Cartagena, que debía llevar adelante una acción conjunta de los países deudores frente al tema de la deuda externa. Una iniciativa importante pero que el propio gobierno argentino enfrió después.
-Suscribió los acuerdos con Uruguay y Brasil que fueron la base del MERCOSUR, pero sólo en su forma preliminar.

En el contexto de esos años, la política exterior de Raúl Alfonsín fue motivo de reconocimientos. Se le concedió en 1985 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Y el canciller Dante Caputo fue elegido presidente de la 43ª Asamblea general de Naciones Unidas en 1988.

-Tratado de Paz y Amistad con Chile

Una herencia nefasta de la dictadura militar era la tensa situación con Chile alrededor de los derechos sobre el Canal de Beagle (paso marítimo en el extremo sur-oeste del continente) y las islas adyacentes. La duda sobre los límites se remontaba a 1888 y gran parte de la zona bajo reclamo estaba ocupada por Chile. Sucesivos incidentes militares llevaron a un acuerdo argentino-chileno de solicitud de arbitraje ante la corona inglesa en 1971.

Dicho Laudo Arbitral, hecho público en mayo de 1977 por la Reina de Inglaterra, otorgó a ambas partes igual acceso al uso navegable del canal, así como soberanía territorial en cada una de las respectivas orillas, pero repartía las islas e islotes cercanos según la soberanía de facto ya existente en ellos. Es decir, ningún país “devolvía” ninguna isla al otro. Irresponsablemente, la dictadura del general Videla rechazó este Laudo Arbitral por considerarlo favorable a Chile en toda la línea. Incluso expresó su decisión de ocupar por la fuerza la zona en reclamo. De inmediato recrudecieron las tensiones entre los dos países. Durante la noche del 21 al 22 de diciembre de 1978, las fuerzas armadas argentinas estuvieron a punto de desembarcar y tomar por la fuerza el canal, pero la mediación de EEUU y una nueva oferta arbitral por parte del Vaticano, postergaron el inminente enfrentamiento. Sin embargo, el peligro de un conflicto militar seguía latente cuando fue elegido Alfonsín.

La solución arbitral que el Papa Juan Pablo II entregó a ambas partes en 1983 no difería mucho del Laudo inglés de 1977. Se establecía la misma frontera señalada en 1977 y los mismos derechos de navegación, precisando que las islas en la mitad norte del canal pertenecían a Argentina y las islas en la mitad sur a Chile. El gobierno de Alfonsín reaccionó con rapidez aceptando el fallo. Esa presteza fue muy criticada por los grupos opositores. El 23 de enero de 1984 ambas partes firmaron en el Vaticano una “Declaración Conjunta de Paz y Amistad” que comprometía a ambos países a solucionar sus diferencias en forma “justa y honorable” y “exclusivamente por medios pacíficos”.

Si bien la Declaración Conjunta de Roma fue un triunfo político de repercusión internacional para el presidente Alfonsín, las mayores dificultades estaban recién por comenzar. En casa, políticos y especialistas en temas limítrofes tenían muchas objeciones al fallo arbitral en relación a los diversos tratados y leyes vigentes en Argentina. Un importante sector de la opinión pública “pensante” consideraba apresurada la firma de la Declaración de Roma. Pero Alfonsín tenía prisa. El 7 de junio de 1984 se logró firmar un “Acta de Coincidencias” con los líderes de 16 partidos, que pronto se reveló que no reflejaba la realidad de cada bancada partidaria en el Congreso. Cada grupo tenía una importante cuota de opositores al fallo papal y su ratificación corría peligro. La solución política fue lograr del Congreso un acuerdo de convocatoria a un plebiscito para el 25 de noviembre de 1984. Una vez más, Alfonsín apeló a los sentimientos de los electores y restó importancia al esclarecimiento de los temas de fondo. Tras una campaña tan esforzada como la que permitió a Alfonsín ganar la presidencia, el “Sí” ganó con el 81,32% de los votos. Antes que una clara conciencia del tema en juego, lo que había ganado era el hartazgo de los argentinos “comunes y de a pie” respecto a todo lo que significaba militarismo y guerra. Cuatro días después, el 29 de noviembre, Argentina y Chile firmaron un Tratado de Paz y Amistad que debía poner fin en forma definitiva al viejo dilema limítrofe.

-Los esfuerzos de paz en América Central. El Grupo Contadora, el Grupo de Apoyo a Contadora y el Grupo de los Ocho

Con el fin de mediar por una solución justa y pacífica en los conflictos armados que desangraban Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y que de una forma u otra involucraban militarmente a los EE UU, diversos jefes de gobierno socialdemócratas, liderados por el primer ministro sueco Olof Palme (quien fue también un tenaz opositor al Apartheid sudafricano y murió asesinado en 1986), con apoyo de personalidades de prestigio mundial como el premio Nobel Gabriel García Márquez, patrocinaron que los gobiernos de México, Colombia, Panamá y Venezuela, formen una instancia mediadora confiable y sobre todo independiente.

Los representantes de estos cuatro países se reunieron por primera vez en enero de 1983 en la isla de Contadora, en Panamá, adoptando el nombre de “Grupo Contadora”. Apoyados por un amplio circuito de personalidades y políticos relacionados con la socialdemocracia, el Grupo Contadora definió una estrategia de paz que favorezca el diálogo y disminuya la presencia militar estadounidense en la zona.

Contando con la participación de los cancilleres centroamericanos, el Grupo suscribió en septiembre de 1984 el Acta de Paz y Cooperación en Centroamérica de Contadora, importante documento, no sólo diplomático sino también operativo, que contemplaba un plan gradual de desmilitarización, supervisado por comités regionales con participación de los países mediadores. Este plan de paz fue apoyado por las partes en conflicto, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la Asamblea General de la ONU y por muchos otros organismos internacionales y regionales, pero no fue aceptado por los EEUU.

El gobierno argentino, a través del canciller Dante Caputo, creyó conveniente ampliar la presión diplomática a favor del Grupo Contadora convocando a otros gobiernos latinoamericanos. El 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando el encuentro de presidentes con motivo de la transmisión del mando al presidente Alan García, los presidentes de Argentina, Brasil, Uruguay y Perú, formaron el Grupo de Apoyo a Contadora, que estableció una agenda de trabajo conjunta con el Grupo Contadora, sumándose ambos a lo que pasó a llamarse el “Grupo de los Ocho”.

La iniciativa de formar el Grupo Contadora y luego el Grupo de los Ocho sentó un importante precedente para la mediación de conflictos entre países de América Latina fuera del tutelaje estadounidense. Sin embargo, no cuestionó las presuntas atribuciones de los EEUU como guardianes de la estabilidad del continente, es decir, su pretendido “derecho” a intervenir militarmente en un país. La política de Alfonsín y su canciller fue que el Grupo de los Ocho se limite a ser un ente mediador puntual, tolerante hacia las prepotencias de los EEUU, cuando podía ser un ente que a partir de la presión internacional redefina las relaciones del conjunto de la región con el poderoso país del norte en materia de seguridad y paz.

Aún así, los planes de paz de Contadora ayudaron a definir los Acuerdos de Paz de Esquípulas (nombre de una ciudad de Guatemala) de 1986 y 1987, donde tuvo una participación destacada el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, que lo hizo merecedor del premio Nobel.

A partir de la Declaración de Río de Janeiro del 18 de diciembre 1986, el Grupo de los Ocho decidió establecer un protocolo de reuniones en las que participen todos los gobiernos de América Latina y el Caribe. Esto se llamó Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, que a partir de 1990 funcionó en forma anual y es conocido como “Grupo de Río”.

-El Grupo de Cartagena y el intento de formar un club de deudores

El agudo problema de la deuda externa argentina era parte de un problema mucho mayor a nivel de todo el continente. A partir de la década de 1970, la tendencia a la baja de las cotizaciones de las principales materias primas de los países en desarrollo, el incremento de los costos de importación de tecnología y bienes industriales, el alza de las tasas de interés de los grandes bancos internacionales, los condicionamientos al manejo de la balanza comercial como condición para dar facilidades crediticias y, según el FMI (Fondo Monetario Internacional), el alto costo de las empresas estatales y de las políticas de subsidio al desarrollo industrial y rural, habían colocado a los países del hemisferio sur, y especialmente a los latinoamericanos, en una situación de incapacidad de pago de la deuda externa.

Diversos especialistas defensores de los países en desarrollo –entre ellos Dante Caputo, el canciller de Argentina, conocido especialista en el tema- señalaron que había una corresponsabilidad entre las metrópolis acreedoras y los países deudores, que obligaba a adoptar políticas de alcance regional que moderen los graves efectos sociales de dicha crisis. La respuesta del FMI, del gobierno estadounidense y de las principales potencias acreedoras (estamos en plena época de la “línea dura” de la dupla Ronald Reagan-Margaret Thatcher en los EEUU e Inglaterra) era muy simple: nada de negociaciones multilaterales ni de bloques de países deudores, nada de cártels defensores de los precios de las materias primas (como la OPEC de los exportadores de cobre y la OPEP de los exportadores de petróleo); nada de proteger sus economías y querer desarrollar su industria mediante inversiones estatales; todos a ajustarse el cinturón y pagar.

Pero la situación era más que dramática. Para 1984 había una deuda externa acumulada de los países de América Latina y el Caribe del orden de los 360 mil millones de dólares, cifra equivalente a cuatro veces la suma total de sus exportaciones. Y las obligaciones anuales del pago de la deuda eran casi iguales al rendimiento total anual de tales exportaciones. Por ejemplo, el Perú debía 13 mil millones, siendo el rendimiento anual de sus exportaciones de 1984 la cuarta parte de esa cifra, que era casi igual a las obligaciones anuales del servicio de la deuda. Es decir, pagar el servicio de la deuda equivalía a situar al país al borde la catástrofe. Por esta razón el gobierno peruano (siendo presidente Fernando Belaunde y ministro de Economía Manuel Ulloa), estaba en situación de moratoria desde 1981. Lo que ocurría en el Perú era una muestra de lo que sucedía, a mayor escala todavía, en toda la región (y también en los países africanos y asiáticos).

La deuda externa más alta era la que sumaban Brasil, México y Argentina, del orden de los 251 mil millones de dólares, cifra que era mayor que el capital total de los diez principales bancos estadounidenses acreedores. Ante la incapacidad de pago o moratoria, llamada por los periodistas “sambatoria” en el caso de Brasil, “tangotoria” en el caso de Argentina y “charrotoria” en el caso de México, los propios bancos acreedores veían crecer los montos de los préstamos incobrables, ya que los pagos irregulares que hacían los gobiernos no cubrían las obligaciones de deuda sino el valor “castigado” de las deudas vencidas.

La situación exigía una discusión franca y realista de la “corresponsabilidad” entre países deudores y acreedores y trazar una gran estrategia de reestructuración financiera, como la que hoy en día están haciendo los EEUU y las demás potencias en apoyo de sus propios bancos e industrias en quiebra y como la que hicieron los aliados vencedores en la Segunda Guerra Mundial con los países vencidos. Eso es lo que proponían y recomendaban los documentos de creación de las Naciones Unidas y, por supuesto, el sentido común.

Pero el hemisferio norte decía que no. Y exigía “ajustarse el cinturón y pagar”. La respuesta lógica era que los países deudores se organicen y reclamen. Los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de Economía de Argentina, Brasil Chile, Ecuador, México, Perú, República Dominicana, Uruguay  y Venezuela, se reunieron en Cartagena, Colombia, para formar un “Club de Deudores”, llamado Grupo de Cartagena. El Consenso de Cartagena firmado en dicha reunión era el punto de partida de una estrategia de encaramiento del problema de la deuda en forma conjunta. La cancillería argentina era la más entusiasta promotora de esta iniciativa.

Un Encuentro Internacional sobre la Deuda Externa de América Latina y el Caribe realizado en Cuba en agosto de 1986, la VIII Conferencia Cumbre de los Países No Alineados, realizada en Harare (Zimbabwe) en septiembre del mismo año, el Parlamento Latinoamericano, el Grupo de los Ocho, y el secretario general de las Naciones Unidas (el peruano Javier Pérez de Cuellar), dieron amplio respaldo al proyecto de solución conjunta regional al problema de la deuda defendido por el Consenso de Cartagena.

En respuesta, las metrópolis acreedoras mantuvieron su “línea dura” y sólo aceptaban negociar con cada país por separado. Mientras las discusiones y las negociaciones continuaban, los principales deudores cayeron en una situación de moratoria más grave todavía entre 1988 y 1989. Argentina, el país políticamente más activo promoviendo el Consenso de Cartagena, que había caída en una severa moratoria unilateral desde abril de 1988, perdió todo ímpetu en el momento en que el FMI estuvo dispuesto a facilitarle un crédito stand-by de 1.200 millones de dólares (que además de otorgar liquidez funciona como un aval ante otras posibilidades de crédito). La moratoria equivalía una “huelga de los deudores”. Si uno de los principales países deudores se apartaba, “la huelga”, en este caso las reclamaciones del Club de Deudores, corrían peligro. Y así ocurrió. Al final no quedó más remedio que enfriar las iniciativas. Brasil y México también recibieron propuestas “más sensibles” de los organismos internacionales y, de este modo, la política de atender a “cada país por separado” se impuso.

En el caso de Argentina, una vez iniciadas las negociaciones para el crédito stand-by, el FMI y la parte acreedora prolongaron sospechosamente las discusiones y estudios previos a la conformidad. Al final no otorgaron ningún crédito. Y la crisis de liquidez que afligió a Argentina fue uno de los motivos que obligó a Alfonsín a adelantar su salida.

El nuevo gobierno instalado en julio, presidido por Carlos Menem, no obstante estar frente a una situación económica más deteriorada, recibió generosas facilidades de las instituciones financieras internacionales para reestructurar la deuda. Los “rebeldes” argentinos habían sido castigados por los dueños del gran capital y de la “línea dura”.

Entre 1989 y 1990, el Grupo de Cartagena diluyó sus labores discutiendo detalles técnicos del Plan Brady (propuesto por el secretario del Tesoro de los EE UU, Nicholas Brady) para refinanciar tramos de la deuda, previo cumplimiento de las exigencias de ajuste económico del FMI. Luego vinieron, en forma casi coreográfica, los programas de “shock”. Al final, todos los países deudores resultaron “castigados” y una gran oportunidad se perdió.

-Integración con Brasil: sentando las bases del Mercosur

Cuando el presidente Raúl Alfonsín puso en marcha la iniciativa de sentar las bases del MERCOSUR en 1985, el sector empresarial argentino desconfió de la propuesta. Sobre todo porque veían en el esquema un sesgo proteccionista, de promoción de la industria local y de los productores menos favorecidos en detrimento de la inversión extranjera y el gran capital, similar al que tuvo el Pacto Andino cuando fue fundado el 26 de mayo de 1969.

El temor no carecía de fundamento, ya que la Declaración de Foz de Iguazú suscrita por los presidentes Sarney y Alfonsín el 30 de noviembre de 1985, proponía la creación de un mercado común regulado, es decir, protegido, entre ambos países. Luego, con el Acta para la Integración Argentina-Brasileña del 29 de julio de 1986, se estableció un Programa de Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB) similar al de los países andinos, centrado en los principios de simetría, equilibrio, tratamiento preferencial frente a terceros mercados, armonización de políticas y participación dirigida del sector empresarial. En 1988 se incorporó Uruguay a las negociaciones.

Estos y otros acuerdos no pasaron de ser técnicos y estratégicos, hasta que se firmó el 6 de julio de 1990, ya bajo el gobierno de Menem, el Acta de Buenos Aires, que recién fijó tareas y fechas para el proceso de integración, siendo el año clave 1994.

Para entonces, entre 1985 y 1990 muchos cambios habían ocurrido. Menem conducía un proceso de ajuste económico y de apertura del mercado interno afín a los dictados del FMI y el pensamiento económico de la elite política de toda la región se fue empapando de la prédica neoliberal. El MERCOSUR que cobró vida y auge con la llegada del siglo XXI no es el mismo que trazó el gobierno de Alfonsín.

El MERCOSUR empezó realmente a existir como persona jurídica de Derecho Internacional mediante el Protocolo de Ouro Preto, firmado en 1994. En 1995 se puso en práctica un arancel externo común y en 1999 empezó a funcionar una zona libre de aranceles con muy pocas excepciones. Los estados miembros del MERCOSUR  son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pero con el tiempo este organismo ha dejado de ser simplemente sureño. Venezuela firmó su adhesión el 17 de junio de 2006 como “estado asociado”, situación que no difiere mucho de aquella de los miembros fundadores y ha sido también solicitada por Bolivia (1996), Chile (1996), Perú (2003), Colombia (2004) y Ecuador (2004).

Además, esta integración comercial está armonizada con los Tratados de Libre Comercio (TLC) con los EE UU. Por el volumen de los mercados implicados el MERCOSUR ha dejado opacado y en situación de revisión de sus fines al Pacto Andino, llamado desde 1996 Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Pero esta es una historia posterior y distinta, ajena a lo dicho y hecho por el gobierno de Alfonsín. El aporte de Alfonsín se limitó sentar las bases fundamentales, muy fundamentales. Es un hecho histórico que la propuesta de creación del MERCOSUR fue de su iniciativa, primero ofrecida al presidente brasilñe Tancredo Neves y luego al presidente José Sarney. Pero sobre bases que no son exactamente las que hoy está en boga.

En honor a los presidentes Alfonsín y Sarney, el 30 de noviembre, día de la firma del acuerdo premilitar de integración en 1985, ha sido instituido desde el 2004 como Día de la Amistad Argentino Brasileña.

7.7 Final adelantado del mandato presidencial.-

La grave crisis económica obligó al presidente Alfonsín a adelantar el final de su mandato. Éste debía concluir el 10 de diciembre de 1989, realizándose las elecciones en octubre. Alfonsín decidió adelantar la fecha de los comicios, convocándolos para el 14 de mayo. Los dos principales contendores fueron el peronista Carlos Menem y el radical Eduardo Angeloz. La campaña electoral se desenvolvió entre graves desórdenes, incluyendo saqueos masivos de almacenes y mercados. Menem ganó con el 47% de los votos frente al 32% del candidato de la UCR.

La situación económica se agravó todavía más en los días siguientes. La inflación se había elevado al 78% mensual. Las protestas masivas por el alza del costo de vida impusieron que el gobierno decrete el estado de sitio el 30 de mayo. En medio de un panorama tenso e inseguro, Alfonsín realizó la entrega del mando presidencial a Carlos Menem el 8 de julio de 1989.

Por primera vez en 73 años, dos presidentes libremente elegidos y de distintos partidos políticos realizaban la sucesión del poder en Argentina. Eso ocurrió el 12 de octubre de 1916, cuando el presidente Victorino de la Plaza, líder del PAN (Partido Autonomista Nacional), concluyó su mandato entregándolo al presidente electo Hipólito Yrigoyen, líder de la UCR, en los primeros comicios realizados con voto directo y secreto. 

8. Después  de la presidencia: El Pacto de Olivos

y LA Constitución de 1994

Concluido el período presidencial de Alfonsín, uno de los temas más importantes del debate político era que no había cumplido con la reforma constitucional prometida. Era indispensable que se actualice la Constitución, tomando en cuenta que los gobiernos militares habían dejado un panorama confuso sobre lo que era vigente o no respecto a las anteriores reformas constitucionales. Finalmente, Argentina se encaminó hacia la esperada reforma constitucional en 1994, pero bajo un procedimiento nada convencional.

Un año antes, en 1993, Alfonsín volvió a las primeras planas de la prensa nacional e internacional con motivo del “Pacto de Olivos”. Este consistió en un acuerdo a puerta cerrada entre el presidente Menem y el expresidente Alfonsín en una casa privada en la localidad bonaerense de ese nombre (donde también está ubicada la antigua Quinta Presidencial en la que falleció Perón).

Mediante el “Pacto de Olivos”, Alfonsín se comprometía a obtener de la UCR el apoyo para la reelección presidencial de Menem. Como dicha reelección requería previamente una enmienda Constitucional, con el voto de dos tercios del Congreso, el Pacto de Olivos incluyó un conjunto de enmiendas constitucionales que eran de interés para la gran mayoría de partidos.

El resultado fue convocar a elecciones para una Convención Constituyente que sesionó en las ciudades de Paraná y Santa Fe. La elección se realizó el 10 de abril, obteniendo el peronismo 134 asientos (38%) y la UCR 74 (20%), sobre un total de 305. Estaban asegurados los dos tercios (202 votos) para la reelección presidencial de Menem. La Convención sesionó entre mayo y agosto de 1994 y votó la Constitución reformada el 22 de agosto.

Para un importante sector del menguado electorado de la UCR, fue una amarga decepción que el líder histórico de su partido sea el principal aliado del peronista Menem en sus intrigas reeleccionistas. Un tema político característico del radicalismo era precisamente oponerse a la reelección presidencial. Por el contrario, el peronismo, partido caudillista por excelencia, siempre fue reeleccionista. La necesaria reforma constitucional no podía ser un pretexto para semejante Pacto.

En sus aspectos político-operativos, el Pacto de Olivos incluyó no someter a plebiscito la Constitución reformada (otro paso atrás en las tradiciones políticas del radicalismo). En cuanto a la reforma Constitucional propiamente dicha, la Convención sancionó la reelección presidencial por una sola vez, el ballotage o segunda vuelta electoral, incorporó el Jefe de Gabinete y el Consejo de la Magistratura para atenuar el presidencialismo, se restringieron los poderes presidenciales para dar decretos-leyes y se dio el valor debido a los tratados internacionales sobre las leyes nacionales (las dictaduras militares habían establecido lo contrario).

Tuvo un especial significado el Artículo 36 de la Constitución reformada, referido a los casos de “usurpación” de los poderes públicos mediante actos de fuerza.  Se votó considerar el golpe de Estado y la dictadura como un delito de “traición a la patria”, imprescriptible e imposible de merecer indulto. Asimismo, la Constitución autorizó el “derecho a la resistencia” contra los dictadores. Un acápite novedoso de este Artículo 36 se refería a los delitos de función: “Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”. También se sancionó, entre otros puntos, los derechos ambientales y del consumidor, el derecho a la acción colectiva y de amparo y la posibilidad de traslado de la capital de la República a otra ciudad.

Como consecuencia del “Pacto de Olivos” y de la cuestionable participación de Alfonsín en ese acuerdo, la UCR tuvo una votación por debajo de la esperada en la Convención Constituyente, apenas 20%, y fue menos todavía en las elecciones presidenciales de 1995, sólo 17%,mientras el peronista Menem obtuvo el 51% de los votos. En estas elecciones la UCR cayó por primera vez en su larga historia a la condición de tercera fuerza electoral. El opaco resultado de 1995 condujo a que Alfonsín pierda la presidencia del partido, mientras se elevó políticamente la figura de Fernando de la Rúa, principal opositor al “Pacto de Olivos” y a la línea de Alfonsín dentro de la UCR. De la Rúa, representante de un radicalismo más conservador, tomó la dirección partidaria y fue elegido presidente de la República en 1999, pero tuvo que renunciar el año 2001 bajo la severa crisis económica que vivió Argentina.

9. últimas actividades políticas.
Promoviendo la socialdemocracia.

Raúl Alfonsín, mientras tanto, había creado en 1992 la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), que difundió ideas relacionadas con la globalización y los nuevos paradigmas del análisis político-social. Desde esta entidad Alfonsín promovió la inclusión de la UCR en las filas de la Internacional Socialista, que se hizo efectiva en 1996.  Por cierto, ya no se trataba de la Internacional Socialista de 1930 o 1940, de ideas homogéneas, que saludaba las posiciones antiimperialistas del aprismo, sino de un organismo mucho más flexible y coordinativo, que incluso tiene dos o más partidos afiliados en un mismo país.

Buenos Aires, 1 de octubre de 2008: el ex presidente Raúl Alfonsín es recibido por la presidenta Cristina Kirchner y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, para inaugurar su busto en la Sala de Presidentes de la Casa Rosada. Los esposos Kirchner son de filiación peronista.

La reciente cercanía entre la UCR y el Partido Aprista Peruano, tuvo como punto de partida las buenas relaciones que hubo entre el presidente Alfonsín y el presidente Alan García en los días de las coordinaciones sobre el problema de la deuda externa. Luego el vínculo siguió fortaleciéndose en los pasillos y antesalas de las reuniones convocadas por la Internacional Socialista. En ese contexto de relaciones entre ambos partidos se produjo la visita de Alfonsín al Perú en febrero de 1995, con motivo del centenario de Haya de la Torre.
En 1997, ante un nuevo intento reeleccionista de Carlos Menem, Raúl Alfonsín brindó su apoyo a “La Alianza” (“Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación”) que formó la UCR dirigida por De la Rúa con el FREPASO (“Frente País Solidario”) bloque formado por varios partidos (Unidad Socialista, Partido Socialista Popular, Democracia Cristiana, etc) que obtuvo el segundo puesto electoral en 1995. Con la colaboración de su viejo amigo el intelectual Dante Caputo, Alfonsín quiso contribuir a la unidad de objetivos de La Alianza constituyendo un IPA (Instituto Programático de la Alianza), que también permitiría dar mayor espacio a las ideas provenientes de la Internacional Socialista. Lamentablemente, la obstrucción y también la indiferencia de los distintos grupos e incluso de los propios radicales, lo hizo desistir en 1999.

Al año siguiente Raúl Alfonsín fue elegido vicepresidente de la Internacional Socialista y este honroso sitial hizo que la UCR lo elija por unanimidad presidente del Comité Nacional del partido. Sin embargo, no existían condiciones para que Alfonsín ejerza una real influencia en la marcha de la UCR. Fue en los hechos un cargo honorífico. También tuvo un significado simbólico su elección como senador el 2001. Renunció a su banca un año después, sin duda apesadumbrado por el peso de los años sobre sus hombros y por la grave crisis nacional causada por el fracasado gobierno de su correligionario y rival Fernando de la Rúa.

10. El deceso de Alfonsín y su legado político

Raúl Alfonsín vivió sus últimos años rodeado del generoso aprecio de sus conciudadanos. El paso del tiempo y la llegada de nuevas generaciones ayudaron a olvidar los malos ratos del período 1983-1989. Visto su gobierno a la distancia y comparándolo con los que vinieron después, muchos argentinos suelen decir, refiriéndose a Alfonsín, que “los hubo peores”. En la memoria popular quedó el recuerdo de Raúl Alfonsín como el tenaz demócrata, paciente y hábil negociador, que ayudó a restablecer el régimen constitucional en su país.

Lamentablemente, en el año 2008 Alfonsín contrajo un cáncer al pulmón que le impuso una delicada intervención quirúrgica. Falleció poco después de cumplir 82 años, el 31 de marzo de 2009. Entonces el gobierno argentino declaró tres días de duelo nacional y dispuso que sus restos sean velados con honores de Estado en el Salón Azul del Congreso Nacional. Una gran multitud acompañó el cortejo fúnebre hasta el Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires.
El legado político de Raúl Alfonsín puede resumirse en lo siguiente: la búsqueda del equilibrio y el consenso entre el máximo de protagonistas de la escena política, dando prioridad a la preservación de la democracia, así esto implique atenuar e incluso postergar los objetivos de justicia social prometidos.

Es un proyecto que tiene como finalidad construir un partido de amplio caudal electoral que sea el gran centro moderador y árbitro de los conflictos en la vida nacional. Lamentablemente, este tipo de esquema siempre inclina la balanza en contra de las grandes mayorías necesitadas.

Paradójicamente, para preservar las alianzas y la capacidad de consenso, el pretendido árbitro necesita dar prioridad a los intereses de una de las partes, la más fuerte, la que ofrece mayores ventajas de estabilidad y control del poder. Entonces escuchamos, como ocurrió tantas veces durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que lo “democrático”, lo “responsable” y lo “patriótico”, es que los pobres y, en el caso argentino, los “descamisados” y los “cabecitas negras”, cedan en sus aspiraciones políticas y en sus anhelos de justicia social.
 
Todo programa de reformas económicas y sociales siempre afectará de una forma u otra los intereses de los sectores socialmente privilegiados. No existe un programa de reformas que pueda ser 100% consensual. El espacio políticamente viable para una estrategia de alianzas siempre estará determinado por el programa que se pondrá en práctica. Es imposible hacerlo a la inversa. La estrategia de “primero aliarnos y luego ver qué se puede hacer”, típica del radicalismo argentino, concluyó en el período 1983-1989 con un resultado frustrante para las grandes mayorías trabajadoras argentinas, que por un momento creyeron que habían encontrado en Raúl Alfonsín un líder que podía dar efectivamente “pan con libertad”, reforma con democracia.

Ahora bien, ¿este legado político tiene alguna proximidad con el aprismo? ¿Es el aprismo un partido de “centro”, de amplias alianzas y engañosos consensos, o es un partido de reforma social?

Es importante definir los conceptos. ¿El aprismo es de “centro”? ¿Es de “centro-izquierda”? ¿O es de izquierda democrática? Haya de la Torre lo escribió y lo dijo muchas veces: es de izquierda democrática, no de “centro”. Y lo definió así en uno de sus últimos discursos magistrales:

 “Los apristas trajimos el concepto de libertad con pan, en momentos en que la libertad no se daba y el pan apenas […y] trajimos la concepción de una nueva reforma económica y de una nueva democracia social o sea de una nueva izquierda sin comunismo”.
Haya de la Torre, Víctor Raúl: “Discurso por el Día de la Fraternidad, 20 de febrero de 1976”. En: Fraternidad con todos los peruanos. Discursos. Compilador: Luis Alva Castro. Editorial Pachacútec, Lima, 1991. p. 256.

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