1.- RESTABLECER LA CONSTITUCIÓN DE 1979 ES INDISPENSABLE

El problema más importante que el país heredó del régimen autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000) fue la fragilidad constitucional, junto con un sistema legal lleno de vaguedades y contradicciones. Esto se debió a que la Constitución firmada por Haya de la Torre en 1979, debatida y sancionada democráticamente, que incorporó los más amplios derechos sociales y las más modernas nociones de gobernabilidad, fue derogada  en 1992 por el régimen de Fujimori y sustituida al año siguiente en condiciones antidemocráticas por una nueva Carta Magna hecha a la medida del modelo retrógrado y entreguista que desde entonces impera en nuestro país.

Como lo señaló el PAP en su XIX Congreso de 1994 y como lo sustentó la Comisión Nacional de Planificación y Desarrollo (CONAPLAN) del Partido Aprista en el histórico documento “Por una democracia con justicia social” de febrero de 1998, “la Constitución de 1979, fruto de un acuerdo nacional entre las fuerzas políticas, fue reemplazada por otra que anula conquistas sociales fundamentales y libertades democráticas esenciales, para consagrar, por el contrario, el dogma neoliberal”. La Carta Magna del fujimorismo fue, en definitiva, como lo señala este mismo documento del CONAPLAN aprista, “una Constitución que fraudulentamente se impuso al país”. El Perú dejó de ser “una República democrática y social, independiente y soberana, basada en el trabajo” (Art. 79), con derechos sociales inalienables para la población trabajadora y soberanía invariable e intransferible de las comunidades campesinas y nativas sobre sus tierras ancestrales (Art. 163).

Desde 1993, la gran mayoría de la población trabajadora del país y el pueblo aprista de manera unánime, han demandado que se restituya la Constitución de 1979 y fue con esa esperanza que dieron su voto de confianza al Dr. Alan García para un nuevo gobierno, no obstante los catastróficos resultados de su anterior mandato presidencial. El propio candidato García expresó su simpatía por la restitución de la Constitución de Haya de la Torre en marzo del 2006. Sin embargo, en los tres años transcurridos, el gobierno del Dr. García no ha dado ningún paso dirigido a restablecer la legitimidad de esta Carta Fundamental de nuestra vida republicana.

Con Víctor Raúl, seguimos creyendo que la  Constitución de 1979 debe ser “la primera Constitución del siglo XXI” porque define “como obligación del Estado la superación del subdesarrollo mediante la utilización racional de nuestros ingentes recursos, a la par que garantice el pleno empleo y una justa redistribución de los ingresos”, cuyo “último y supremo ideal será excluir toda forma de explotación del hombre por el hombre y prevenir las formas contemporáneas de la explotación del hombre por el Estado” (Haya de la Torre: “Mensaje inaugural de la Asamblea Constituyente”, 28 de julio de 1978).

Esta es una situación que no admite dudas ni vacilaciones. La vigencia de la Constitución de 1979 debe hacerse efectiva ya, como un simple cumplimiento de ley cuya vigencia jurídica no se pudo romper con el golpe de Estado de abril de 1992. El pueblo aprista y todos los peruanos sinceramente demócratas lo demandan.

2.- DEBE REORIENTARSE EL MODELO ECONÓMICO

El gobierno del Dr. Alan García no ha tomado ninguna medida destinada a reorientar el modelo económico neoliberal heredado de los gobiernos de Fujimori y Toledo. No sólo nos referimos al modelo en abstracto sino a su bárbara implementación, que entre 1990 y 1995 arrojó resultados como los siguientes: pérdida de 250 mil puestos de trabajo industriales; crecimiento de 77% del índice de pobreza crítica durante el quinquenio 1990-1995 respecto al quinquenio anterior; y crecimiento de la población dependiente de la economía informal hasta el 50% de la población económicamente activa; como lo denunciara el Partido Aprista Peruano en su manifiesto “El APRA interpela al gabinete fujimorista”, del 1 de mayo de 1996.

En el célebre “Informe de Alan a los apristas” del 16 de junio de 1999, también conocido como “Acta del encuentro de Bogotá”, el Dr. García centró sus promesas en restituir tales puestos de trabajo perdidos y restablecer los derechos laborales conculcados. Dijo además, textualmente: “Lucharemos para que con la democracia llegue también el cambio del modelo económico neoliberal que tanto daño ha hecho a la clase media y al pueblo”.  Sin embargo, su gobierno ha seguido el rumbo opuesto. Como resultado, cada vez hay menos productos industriales peruanos, el mercado interno está invadido por mercadería importada a precios de “dumping” (competencia desleal) y nuestro país ha quedado estancado en su antigua condición de exportador de materias primas. Es más, este gobierno ha acentuado la apertura sin restricciones al capital extranjero, compensándola con programas dirigidos a disminuir la pobreza pero desligados de un contexto productivo.

Los pronósticos oficiales de un crecimiento de la economía peruana situado entre 5,9% y 3,1% para el 2009, dependen exclusivamente de las exportaciones tradicionales, que a su vez están en peligro por la crisis que afecta a las grandes economías compradoras. Un estudio realizado por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima señaló que en el 2009 los sectores líderes de la expansión de la economía peruana no serán aquellos típicamente exportadores, como la minería, sino construcción y comercio, y en base al estímulo del Estado, por su ambicioso programa de obras públicas.

Esto significa que el prometido “plan anticrisis” y el aumento de la inversión pública en 10.000 millones de soles adicionales a los 72.000 millones de soles del presupuesto del sector público para el 2009, derivará en última instancia hacia reajustes tributarios y empréstitos del exterior, lo cual significa que ingresaremos a una situación de “embalse” y riesgo inflacionario. Los gobiernos regionales y los “núcleos ejecutores” comunales recibirán recursos de gasto que no se basan en un real sustento financiero.

En la actualidad, los productos de origen minero y pesquero representan el 70% de las exportaciones peruanas. Y están bajo el control de empresas extranjeras que rehuyen la participación en inversiones industriales, operan como los antiguos “enclaves” de los años 1940 y 1950 (incluso trayendo sus propios técnicos y proveedores de servicios), aportan pocos puestos de trabajo y sólo contribuyen de manera voluntaria al canon minero exigido por los gobiernos regionales.

Para colmo, a la actual caída de las exportaciones mineras se añade que grandes empresas de este rubro como Antamina, Yanacocha, Cerro Verde y Tintaya, adeudan al fisco desde junio de 2004 más de mil millones de dólares por concepto de regalías mineras, en nombre de la insuficiente estabilidad jurídica y tributaria otorgada por la política económica del gobierno. Es decir, presionan sobre el Estado peruano reclamando todavía más amplias ventajas.

En definitiva, el modelo económico aperturista, netamente neoliberal, sesgado hacia la gran minería, que se mantiene en la actualidad, no garantiza recursos suficientes para protegernos del impacto de la crisis económica mundial. Los TLC (Tratados de Libre Comercio), diseñados bajo el gobierno del presidente estadounidense Bush, han llegado tarde y no tienen el impacto prometido por la contracción de los mercados compradores centrales. Esta situación ya está generando desaliento en los empresarios que pueden acogerse a los beneficios de los TLC.

Algunos economistas han expresado extrañeza por el exagerado optimismo del presidente García al asegurar, en su reciente Mensaje del 28 de julio, que el año 2021, al cumplirse el bicentenario de la independencia, el Perú será un país “del primer mundo”, esto es, del mundo desarrollado. Este pronóstico, ya bastante insólito si sólo nos atenemos a las cifras técnicas de crecimiento, resulta inaceptable si, como apristas, nos atenemos a considerar que nuestro país sufre la opresión imperialista de los grandes centros financieros e industriales internacionales.

Producto de esta dominación, pagamos en los combustibles, la energía eléctrica, el teléfono y las telecomunicaciones y los intereses bancarios, tarifas y tasas más altas que las imperantes en los EE UU de Norteamérica, Canadá y los países de la Comunidad Europea.  Vivimos además una pérdida de nuestra soberanía en términos de conservación de nuestros recursos estratégicos, que el gobierno está extendiendo al promover la absoluta privatización de nuestros recursos energéticos, incluyendo la privatización de las aguas de riego y las tierras agrícolas comuneras de sierra y selva.

En el aspecto laboral, el modelo neoliberal e imperialista ha significado la imposición de condiciones de trabajo abusivas que ya considerábamos superadas y, como pudo verse en la tragedia de Bagua, ahonda las contradicciones sociales y la irrupción de lo que el presidente García llama “fuerzas antisistema”.

Un panorama de este tipo nos lleva directamente a considerar que hemos vuelto a una situación de opresión y entrampamiento de nuestro desarrollo interno similar en sus rasgos esenciales a la que años atrás denunciara el aprismo. Como enseñara Víctor Raúl, crecimiento no es igual a desarrollo; y endeudamiento con impuestos, tarifas elevadas y entreguismo tampoco es crecimiento. Hoy, como ayer, “las riquezas naturales de nuestros países son hipotecadas o vendidas, la política financiera de nuestros gobiernos se reduce a una loca sucesión de grandes empréstitos, y nuestras clases trabajadoras, que tienen que producir para los amos, son brutalmente explotadas”, como señalara Haya de la Torre en

“¿Qué es el APRA?” (1926). Hoy como ayer, corresponde a los apristas encabezar la acción antiimperialista del frente único de trabajadores manuales e intelectuales. Y urge al gobierno definir su orientación. Los apristas, hoy como ayer, defendemos la realización de la democracia de cuatro poderes, con el CONGRESO ECONÓMICO NACIONAL asegurando la concordia tripartita entre las clases productoras, las clases propietarias y el Estado. Y señalamos este rumbo defendiendo el camino hacia el ESTADO ANTIIMPERIALISTA, que acercará el horizonte hacia una sociedad superior en Indoamérica.

3.- EL PARTIDO APRISTA ESTÁ VIGENTE Y EL APRISMO CONTINENTAL TAMBIÉN

Los apristas defendemos con ardor nuestra peruanidad, pero también abogamos por la unidad de nuestra gran patria indoamericana. El aprismo no nació para confinar sus ideales a los marcos de un solo país de nuestro continente. Y tampoco puede eludir el debate sobre los caminos más viables para dicha integración. Discrepamos con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia por el dogma comunista del primero y el verticalismo de los otros dos. Además, observando las actuales experiencias de Venezuela y Bolivia, sabemos de sobra que las medidas represivas contra los grupos oligárquicos, fuera de un adecuado marco de legitimidad, resultarán finalmente dirigidas, en algún momento, contra los propios trabajadores.

Sin embargo, no podemos caer en la actitud de los viejos poderes oligárquicos y dictatoriales, contrarios a que los partidos políticos que se proclaman partidarios de la unidad continental difundan y debatan sus ideas de cara al pueblo. No les tememos. Y no deberíamos tener inconveniente en otorgarles el derecho a hacer política “bolivariana” e integracionista en nuestro país, del mismo modo que debemos exigir el derecho a hacer política mediante nuestras organizaciones partidarias en sus países. Se trata de un debate que debe hacerse dentro de un marco más amplio de frente único antiimperialista, concordando intereses prácticos específicos dentro de una agenda consultada con los pueblos respectivos.

Esta política debe incluir una amplia convocatoria a los partidos populares  y democrático-sociales del continente para reverdecer el ideal integracionista del aprismo, de unidad con pan y libertad y para reorientar las iniciativas institucionales integracionistas actualmente deformadas o en crisis. Como enseñara Víctor Raúl en su obra epónima, “El antiimperialismo y el APRA” (1928-1935): “Las actividades del APRA están orientadas hacia dos grandes propósitos: la propagación de su doctrina y programa máximo revolucionarios, y la organización de todas las fuerzas antiimperialistas de Indoamérica”. Un gobierno que se identifica como aprista no puede dejar de lado tan importante responsabilidad, que debe cumplirse en forma coordinada, hombro a hombro con la organización partidaria.

4.- Víctor Raúl sigue siendo el jefe

Es triste decirlo, pero más grave sería callarlo. Como apristas no podemos dejar de decir en voz alta que es inadmisible que un gobierno que debe encarnar los valores del aprismo margine cuadros profesionales apristas de primer orden, dando prioridad a aliados políticos impresentables (Giampietri, Flores-Aráoz, Rey, Kouri) no sólo ajenos sino contrarios a lo que el aprismo representa ante el pueblo peruano y ante la historia.

No puede haber un pretendido “gobierno aprista” cuando el Partido está controlado por líderes enquistados en el poder político que caducaron su mandato partidario en 2006, cuando ocurren impunemente fraudes electorales para controlar las bases sectoriales y distritales, cuando se expulsa de forma arbitraria a quienes alzan su voz discrepante, -caso Luis A. Salgado-, cuya inmediata restitución a las filas partidarias demandamos o se instalan brigadas violentistas en la Casa del Pueblo .

Como apristas defendemos intransigentemente el fundamento moral de nuestra doctrina y somos invariablemente leales a las enseñanzas de Víctor Raúl Haya de la Torre, quien sigue siendo el Jefe: “Nosotros no somos una fuerza política para repartir puestos públicos. Nosotros no somos una fuerza política que haga falsas promesas; nosotros estamos lejos de la demagogia. (…) El aprismo significa la movilización de todos aquellos que permanecieron a espaldas de los asuntos del Estado y que hoy quieren exigir su derecho y quieren que su derecho se respete” (Haya de la Torre: “Discurso-Programa del 23 de agosto de 1931”).

En nombre del mandato moral irrenunciable legado por Haya de la Torre demandamos un Congreso inmediato del PAP que devuelva a los militantes de base su poder soberano. Un Congreso que fiscalice la labor del gobierno –los apristas no pueden estar involucrados en “faenones”--, con elecciones libres y transparentes en base al principio “un militante un voto”, con padrones limpios de irregularidades y que de acuerdo a las orientaciones indicadas en el testamento político de Haya de la Torre, elimine el cargo de “presidente del Partido” y establezca un secretariado colegiado, que además respete la autonomía de la Juventud Aprista Peruana, hoy suprimida por la cúpula usurpadora.

No puede haber un “gobierno aprista” sin un Partido Aprista dueño de su destino y no puede haber aprismo sin el legado doctrinal, político y moral de Haya de la Torre.

HAYA O NO HAYA HAYA SERÁ
EL APRA NUNCA MUERE