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La Célula Parlamentaria Aprista y el caso Carlos Raffo

Por ello, una modesta invocación para que nuestros compañeros de la CPA sopesen bien lo que está en juego en el caso referido, incluyendo al presidente del Congreso, compañero Luis Alva Castro. Los cálculos políticos, los acercamientos coyunturales para un determinado resultado, la estrategia de buscar coincidencias temporales para obtener tal o cual resultado de votación pueden tener una utilidad en determinada circunstancia, pero alcanzan su punto de inflexión, y entonces, es cuando no pueden prevalecer sobre un imperativo realmente categórico y ético de dar un mensaje claro al país.

Luis Alberto Salgado
Luis Alberto Salgado. Por la salud moral del país, poder legislativo no puede sustituir en sus funciones al poder judicial.

El caso del congresista fujimorista Carlos Raffo - pedido por el poder judicial - pondrá a prueba la integridad ética de la Célula Parlamentaria Aprista (CPA)

El señor Raffo, luego de años de ser investigado por el poder judicial del Perú por actos que habría realizado antes de ser congresista, ha sido denunciado por los delitos de peculado y contra la administración pública por haber recibido presuntamente 400,000 dólares (robados al Estado) de Vladimiro Montesinos en los años nefastos en que esa organización criminal manejó el país. La Cuarta Sala Penal Especial ha solicitado el levantamiento de su inmunidad parlamentaria - de la cual goza todo congresista - para que Raffo se ponga a derecho, poder procesarlo, terminar de esclarecer los hechos, y hacer justicia como corresponde.

La sesión de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria que debió tomar la decisión de retiro de inmunidad de Raffo - para someterla luego al pleno del Congreso - no se produjo, pues la congresista, también fujimorista, Martha Moyano, cuestionó que dicha comisión fuera presidida por el congresista del  Partido Nacionalista, Víctor Mayorga, por existir un acuerdo político previo que dicha presidencia la ejerciera el APRA. Muy bien. Los congresistas Güido Lombardi (UN) y Karina Beteta (UPP) coincidieron con ello. Agregado el respaldo normal de Luis Wilson Ugarte, congresista aprista por el Cusco, se produjo el cambio de presidencia de dicha comisión, siendo elegido precisamente el congresista miembro de la CPA. En consecuencia, los informes y documentación necesaria, enviada hace mucho tiempo por el poder judicial al parlamento nacional, para ver el caso Raffo y tomar la decisión que corresponde, ya los tiene cada comisionado para conocer “el tema de fondo” y honrar la función congresal, en este caso de fiscalización, que les ha encargado la nación.

Así, no puede haber razonamiento justificativo posible, ni de presunta conveniencia política, para negarse al pedido absolutamente legal y legítimo de la instancia que administra justicia en el Perú. Ni el Congreso ni la CPA pueden ser obstáculo para ello.
Pero aquí hay algo más, que nos incumbe en primer lugar a los apristas. El caso del congresista Carlos Raffo es uno de particular trascendencia y relevancia que dará un poderoso mensaje a la ciudadanía, en uno o en otro sentido, según el tratamiento que se le dé y la posición que asuma finalmente el pleno del Congreso, pero, particularmente los miembros de la CPA.

Por ello, una modesta invocación para que nuestros compañeros de la CPA sopesen bien lo que está en juego en el caso referido, incluyendo al presidente del Congreso, compañero Luis Alva Castro. Los cálculos políticos, los acercamientos coyunturales para un determinado resultado, la estrategia de buscar coincidencias temporales para obtener tal o cual resultado de votación pueden tener una utilidad en determinada circunstancia, pero alcanzan su punto de inflexión, y entonces, es cuando no pueden prevalecer sobre un imperativo realmente categórico y ético de dar un mensaje claro al país. Mensaje claro en el sentido que lo que sostiene ética y estructuralmente al sistema democrático, lo que le da fundamento y solidez a los cimientos sobre los que se construye la nación peruana es la confianza fundamental de los ciudadanos en sus instituciones. Cuando esa confianza se pierde es cuando empieza a hablarse del desahucio moral de una nación.  Por ello, esa confianza no puede ser traicionada.

Los congresistas de la República saben cuál es su deber.

Lima, 22 de abril 2010

 

 
 

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