Counter
LINKS
LINKS PERSONALES
LINKS BASES PAP
REDES INTERNET
SERVICIOS
Alan García camino a la inhabilitación
Ayer martes 13 ingresó la demanda de Amparo firmada por tres consecuentes luchadores Dr. Guillermo Olivera Díaz, Hebert Mujica y Raúl Wiener por violación de derechos constitucionales que lesionan al Estado, es decir, a la ciudadanía o a todos los peruanos. Algunos medios están jugando a favor de Alan García, tratando de petardear al nuevo Fiscal de la Nación, sobre quien recaería la responsabilidad de dar trámite a las denuncias judiciales que apruebe el Congreso luego del antejuicio respectivo. Proximamente ingresara al pleno el informe de la megacomisión donde va a pesar el criterio político y la aritmetica de las bancadas donde la suerte de García esta echada por los 81 votos que aprobaran la inhabilitación constitucional por 10 años. Por eso es la desesperación de un acorralado.
Debe ingresar al pleno del Congreso el informe de la megacomisión
Se le viene cerrando el cerco a Alan García, ya no tiene al Fiscal de la Nación Pelaez para que le cubra las espaldas y que habia instalado una "Lavanderia Alanista" para limpiar a los incursos en denuncias e investigaciones, no tiene una bancada parlamentaria sólida y ante el pais el 86 % lo ve como un ex gobernante corrupto. Seria inhabilitado por 10 años y se daria trámite a varias denuncias ante el poder judicial. Por eso es la desesperación y ya se evalua una fuga bajo el argumento de persecución política.

Recordemos que el Dr. Guillermo Olivera Díaz presento una tacha contra Alex Kouri en su candidatura a la Municipalidad de Lima y el JNE le dio la razón.

El Dr. Olivera Diaz no esta detrás de intereses personales, no conciben que alguien pueda asumir la defensa de la moral de la nación sin pedir nada a cambio. Allí están los casos Vollmer, año 1982, Guvarte, año 1983, Banco Ambrosiano y es considerado como uno de los juristas más calificados del Perú

Herbert Mujica y Raúl Wiener son dos prestigiados periodistas y analistas políticos de larga trayectoria que sin temor se han enfrentado al poder de turno con investigaciones y denuncias

El congresista Sergio Tejada esta actuando con ponderación y ecuanimidad. A pesar del poco apoyo ha realizado un trabajo encomiable

El Congreso esta próximo a debatir los informes de la Megacomisión en el Pleno que de aprobarse pasaría trámite a la inhabilitación por 10 años

Jorge del Castillo es el artífice del hundimiento de García. Es el causante de tener 4 parlamentarios por su terquedad para postular, con fraude y ausentismo que provoco el "voto de castigo" y la posterior debacle del PAP

Alan García ante las evidencias de corrupción esta recurriendo a politizar el tema y por otra parte judicializarlo para un eventual asilo y fuga.

Algunos medios están jugando a favor de Alan García y estan tratando de petardear al nuevo Fiscal de la Nación sobre quien recaería la responsabilidad de dar trámite a las denuncias judiciales que apruebe el Congreso luego del antejuicio respectivo.

Mientras en el Partido Aprista es cada vez más notorio que las bases no han salido a respaldarlo, no hay ningún pronunciamiento orgánico y en las últimas manifestaciones ha tenido que recurrir a "portátiles" pagadas o organizar grupos de "corifeos" ante el "ausentismo militante" que ha abandonado los locales, no asiste a votar o vienen renunciando en todo el país. El P.A.P (Partido Alanista Privado) es un cascaron sin cuadros ni masas.

Ya esta próximo que pase a debate los informes de la megacomisión al pleno y debe sustentarse el Informe de los Colegios Emblemáticos donde de puño y letra Alan García incorpora el Estadio Nacional y se privilegia a la Contratista DH´Mont quien también es favorecido con la venta de los terrenos de Collique. El otro informe de los Narcoindultos debe superar la valla de las demandas judiciales y los laberintos juridicos legales para que finalmente el pleno se pronuncie.

En el pleno va a pesar el criterio político y la aritmetica de las bancadas para llegar a los 2/3, es decir 81 votos, estando a favor Gana Perú con 43, Perú Posible 10, Unión Regional 10, Acción Popular Frente Amplio 10, Alianza por el Gran cambio estaría dividida con 5 faltando solo 3 votos para aprobar la inhabilitación Constitucional. Solo apoyaría a García su aliado Solidaridad Nacional 9, Concertación Parlamentaria donde están los 4 parlamentarios del PAP y parte de la Alianza por el Gran Cambio.

La venganza de Alan García contra Fujimori y la inhabilitación de Alan García en manos del Fujimorismo

Depende entonces de Fuerza Popular 36 congresistas la decisión para sacar del camino a García quien a pesar de sus declaraciones de no guardar rencor por otro lado tiene en su gobierno y con todo el poder el haber digitado su venganza contra Alberto Fujimori por los siguientes hechos:

1.- En el 2001 puso a Mauricio Mulder como Pte. en la Comisión Investigadora contra Fujimori que años después fueron el sustento para la extradición
2.- En el 2006 acelero la extradición con instrucciones precisas a su embajador en Chile Hugo Otero
3.- La cancillería dedico un grupo especial para la documentación ante el juzgado chileno
4.- Fue el fiscal "Alanista" José Antonio Pelaez Bardales quien pidió 30 años a Alberto Fujimori
5.- El gobierno de García ordeno un juicio publico y televisado para humillar a Fujimori
6.- Alan García no le concedió el indulto humanitario en las postrimerías de su gobierno

Al final esto va a pesar antes que las ventajas electorales de sacar a García de carrera, Keiko enfrentaria un panorama diferente en el 2016 y García tendría que enfrentar juicios y terminaría en el banquillo de los acusados. El mundo da vueltas y el pueblo celebraria el fin de su ominoso paso de mentiras, traición, vanidad y enriquecimiento. Ante esta perspectiva juega la persecución política, el asilo y otra nueva fuga como en 1992 que termino en Paris disfrutando se sus millones y una vida ampulosa.

Otro escenario seria que Ollanta Humala ordene a Gana Perú seguir postergando el debate, se escucha de chantajes por el servicio militar en la zona del VRAE, caso Madremia, fondos de Venezuela, compra de la casa en Jr. Fernandp Castrat, responsabilidades en el gobierno y hasta chuponeos comprometedores.

El Perú se encuentra entre la decencia y la impunidad

¿Son delincuentes todos los jueces?

por Herbert Mujica Rojas
Socios | 13 de mayo de 2014

 

Por fin ingresó la demanda de Amparo por violación de derechos constitucionales que lesionan al Estado, es decir, a la ciudadanía o a todos los peruanos:

1) al servicio parlamentario de investigación de asuntos de interés público, sin mengua judicial ilícita; y,

2) a la administración de justicia con tutela procesal efectiva, vía resoluciones judiciales fundadas en derecho objetivo (debido proceso), sin corrupción, ni prevaricación. El expediente contra el juez de Alan García lleva el número: 16042-2014 y le compete conocer al 10° Juzgado Constitucional.

¿Es justa y equilibrada la pregunta, son delincuentes todos los jueces? Ensayo una respuesta categórica: ¡de ninguna manera! Hay una minoría venal, comprable, en dólares o en euros, capaces de vender hasta su alma con tal de favorecer el desarrollo sempiterno de la corrupción en el Perú, ese grupúsculo acapara los casos grandes, yugula cualquier chance que magistrados sin ataduras o ligazones sospechosas de afinidad o trabazón dineraria, analicen y dictaminen sobre los señorones que delinquen y luego todo lo arreglan con cientos de miles de billetes. ¿No hay acaso un juez imbécil que se ufana de hacer caso omiso a las observaciones sobre sus gruesos yerros que favorecen a un ex mandatario de firma dinámica para fabricar indultos a narcotraficantes?

La demanda que en nombre del interés público interponen los ciudadanos Guillermo Olivera Díaz, Raúl Wiener Fresco y quien esto escribe, tiene sólidos fundamentos que necesitan ser materia de una exhaustiva exégesis, debate y ciencia jurídica para rebatir sus aserciones contundentes. La lógica del único abogado del trío, Olivera, brilla con luces rutilantes de enorme apego al derecho en general y al código procesal constitucional, en particular.

¿Es un tema puramente jurídico? Quien así lo afirme, cae en craso error de apreciación. Más allá de la discusión entre leyes y códigos, hay un asunto que es el mar de fondo retador: ¿es posible luchar y vencer a la corrupción congénita en Perú desde el mismo momento en que los tres ibéricos de la conquista: Pizarro, Almagro y el infaltable cura católico Hernando de Luque arribaron a nuestras costas? ¡He allí un dilema inescapable! ¡Vamos a ver si nuestros "analistas, internacionalistas, y demás istas" se atreven a cruzar el Rubicón de naderías para tratar una materia que exige definición y militancia: ¡contra la putrefacción política nacional o a favor de ella! Así de simple.

De buenas intenciones está empedrado el suelo del infierno (si es que existe) y Perú es el compendio de aquellas. Hay que hacer y organizar, pelear en los estrados judiciales, en las calles, en las aulas, en los centros de trabajo, en todos los sitios para evitar que la Patria siga constituyendo un vivero en que los rateros y ladrones, de bisabuelos a bisnietos, con o sin apellidos rimbombantes, persistan en la letal comisión de destruir y empobrecer al país. ¿Que siempre ha habido corrupción? Sin duda, pero ¿eso debe ser nuestra letanía cotidiana para NO hacer nada? Quienes así piensen, morirán sin haber dejado huella o impronta. ¡Allá ellos!

Perú debe estar atento a cómo se comporta el Poder Judicial y es pertinente preguntar si acaso hemos llegado al fin de la historia de lo posible en este país y si existe un solo juez ético capaz de desoír las sirenas del soborno o las trompetas que tocan a rebato para lavarse las manos.

Pocas veces se han presentado disyuntivas tan serias como las de esta oportunidad. Es hora de ajustarle las tuercas a ex presidentes rateros y vulgares que jamás conocieron el quehacer cotidiano que se llama trabajo honesto, común y corriente. También es momento de convertir a la Patria en madre y no madrastra de sus hijos trocándola en fuente de progreso y desarrollo imbatibles y no en madriguera de pícaros y monreros.

¿En qué grupo se alinea usted amable lector? Luz, fanal, antorcha que alumbra derroteros, la demanda contra el juecesito de García ya ingresó al Poder Judicial. Estemos alertas a ver qué ocurre de ahora en adelante.

Herbert Mujica Rojas

lunes, mayo 05, 2014

Un amparo contra el juez de García

Raúl Wiener Periodista, Analista Político y Económico peruano. Trabajó en el diario “El Observador” (1981-1984). Dirigió la revista “Amauta” (1988-1992), participó del programa "Radicales Libres" por RBC Televisión en el 2012 y fue director de la revista "Miercoles de Política" en el 2013. Actualmente es Jefe de la Unidad de Investigación del diario “La Primera” desde 2007 y colaborador semanal de la revista "Hildebrandt en sus trece".

El día en que termine la huelga judicial, estará ingresando al Juzgado Constitucional de Turno, la demanda de amparo elaborada por el Dr. Guillermo Olivera Díaz y acompañada por los periodistas Herbert Mujica y Raúl Wiener, en contra de la Resolución Nº 22, del 5to Juzgado Constitucional de Lima, suscrita por el juez titular Hugo Velásquez Zavaleta, que es de la que se está valiendo Alan García para no responder por los graves hechos de corrupción cometidos durante su segundo gobierno, por la osadía del citado magistrado de anular todo lo actuado por la Megacomisión sin tener atribuciones para ello.

Los hechos a los que se refiere el amparo de Olivera-Mujica y Wiener son los siguientes:

1.     Que lo solicitado judicialmente por el ciudadano García Pérez, después de haber declarado que no se valía de amparos para defenderse, era que se “deje sin efecto lo actuado” en la Comisión Investigadora, considerando haber sido incorrectamente citado en la carta de invitación del 8 de marzo y que esto viciaba sus declaraciones del 3 de abril.

2.     Que bajo la premisa anterior, el fallo del 19 de septiembre del juez Velásquez que declara “nulo lo actuado… con posterioridad (a la) citación…”, debería referirse a lo ocurrido entre la citación y la demanda, porque se entiende que no se pueden “anular” hechos a futuro, sobre todo si se está anotando que la Comisión debe seguir investigando, pero siguiendo las pautas fijadas por el juez (detalle de las investigaciones, acceso de los abogados a la documentación, etc.)

3.     Que, basado en la ambigüedad de la redacción, el demandante García y sus partidarios empezaron a asumir que lo que hiciera la Megacomisión volvería a ser anulado, como si se hubiera establecido una tutela permanente del expresidente contra toda investigación. Esto se profundiza con la sentencia de la Primera Sala Civil, del 27.12.13, que añade confusión al decir: “nulo lo actuado… a partir… del 8 de marzo de 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores y sucesivos referidos al demandante”.

4.     Que en los apremios que el juez Velásquez usa para imponer el cumplimiento de su sentencia de septiembre, se menciona “los apercibimientos … (de) los artículos 22 y 59 del Código Penal”, que suponen multas, destituciones, proceso administrativo y denuncia penal, pero en ningún caso la nulidad de nuevos actos jurídicos que si tuvieran también fallas deberían ser parte de otra demanda.

5.     El 27 de enero de 2014, los abogados del ciudadano García, sin su firma y sin poder explícitamente otorgado, suscriben un pedido adicional al juez Velásquez para que declare la nulidad de la citación del 4 de octubre, la declaración del 30 de ese mes y los informes finales de la Megacomisión, con el solo argumento de decir que no se habrían satisfecho las exigencias de la primera sentencia.

6.     Que obviando que ya sentenció, con exceso y ambigüedad deliberada, sobre lo que se le pidió respecto a la citación de marzo y que el caso quedó cerrado con el fin de la apelación de diciembre, el juez Velásquez emite la Resolución Nº 22, que acoge el pedido de los abogados de García, pretendiendo que lo que hace es una ejecución de su propio mandato inicial y el de la Sala Superior. ¿En qué sentido podría serlo? Únicamente si se entiende que la nulidad se extendiera en el tiempo, invalidando hechos que no habían ocurrido cuando se presentó la demanda e incluso los que sucedieron después de la sentencia.

7.     Que obviamente llegar a anular una segunda citación posterior a la sentencia y en aplicación de ella, una nueva declaración del investigado, y los informes finales que para colmo el juez no conoce ni son parte del proceso, no puede considerarse una derivación congruente con las sentencias de septiembre y diciembre, que se refieren a los hechos de marzo-abril. En realidad lo que hace el juez Velásquez en abuso de sus facultades es aplicar y ampliar los mismos criterios que tuvo para el fallo inicial y trasladarlos a asuntos distintos y posteriores, produciendo para efectos reales una segunda sentencia sobre un mismo caso.

8.     Que todo lo actuado por el juez Velásquez representa una vulneración de derechos constitucionales en contra de los ciudadanos peruanos, al interferir y desfigurar el servicio parlamentario de investigación, que es una garantía de fiscalización sobre la actuación de autoridades públicas; y al retorcer la correcta administración de justicia, para favorecer directamente a una de las partes anulando la garantía de imparcialidad y objetividad. Ambos derechos nos competen a todos y deberían hacernos reaccionar ante su vulneración.

9.     Que los ciudadanos Olivera, Mujica y Wiener, intervenimos en este caso por convicción y en defensa de la moral pública, gravemente lesionada por la protección que algunos jueces ofrecen a personas que habiendo tenido responsabilidad de Estado deben responder por lo que han hecho cuántas veces sean requeridos dentro de las garantías de ley.    

05.05.14

www.rwiener.blogspot.com
Publicadas por Raúl Wienera la/s

¡Demanda de Amparo contra juez de García!
http://www.voltairenet.org/article183587.html?var_mode=recalcul

5-5-2014

Exp. N°            16042-2014
Juzgado Constitucional de Turno
Escrito N° 01

Amparo por violación de derechos constitucionales que lesiona al Estado, es decir, a la ciudadanía o a todos los peruanos:

(1) al servicio parlamentario de investigación de asuntos de interés público, sin mengua judicial ilícita; y
(2) a la administración de justicia con tutela procesal efectiva, vía resoluciones judiciales fundadas en derecho objetivo (debido proceso), sin corrupción, ni prevaricación.

SEÑOR JUEZ CONSTITUCIONAL DE TURNO:

GUILLERMO  OLIVERA DÍAZ, DNI 08765441; RAÚL ALFREDO WIENER FRESCO, DNI 07717557; y HERBERT MUJICA ROJAS, DNI 06262305, con domicilio real y ad líttem en Avenida San Luis 2147-402, SAN BORJA, en la demanda de amparo que, por convicción y en defensa de la moral del país, promovemos, a su Despacho decimos:

Que interponemos demanda de amparo contra el juez titular Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, del 5° Juzgado Constitucional de Lima, a quien se le deberá notificar en la sede “Javier Alzamora Valdez” del Poder Judicial, por las graves violaciones cometidas en su Resolución N° 22 de 27 de marzo del 2014, de naturaleza firme, dictada, impropia e ilegalmente, en la etapa de ejecución de sentencia del proceso de amparo concluido, seguido por Alan García Pérez contra la Megacomisión congresal que presidió Sergio Tejada Galindo, Expediente N° 14923-2013.

La referida Resolución 22 fue dictada ante un pedido sospechoso y temerario planteado, por escrito de 27-1-2014, por los abogados Genaro Vélez Castro y Wilber Medina Bárcena, escrito que no está firmado por Alan García Pérez, el demandante del Amparo, ni se trata de un usual escrito de ejecución de sentencia, que requiera los expresos apremios para cumplirla que prevén los numerales 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, pues no pide que se cumpla, actúe o ejecute fallo alguno. Plantean simplemente la nulidad de tres hechos nuevos, supuestamente lesivos al actor, que atribuyen a la parte demandada, posteriores a la sentencia en ejecución.

Tales letrados afirman, que son, sin mostrar nada demostrativo: “abogados de Alan García Pérez”; tampoco este último ha ratificado dicha solicitud, en el supuesto negado que el acto impropio cumplido por dichos abogados fuese ratificable, tal como lo exige el Artículo 41° del cuerpo normativo invocado.

PETITORIO

Que, en estricta aplicación del Artículo 40° del Código Procesal Constitucional que permite interponer demanda de amparo, a “cualquier persona”, por violaciones a los derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional”(como al aire, al agua, al ambiente en general, al patrimonio cultural e histórico, si alguien ha logrado contaminarlos o averiarlos), interponemos esta demanda por la afectación o lesión de los siguientes derechos constitucionales:

  1. al servicio parlamentario de investigación de asuntos de interés público, previsto en el Artículo 97° de la Constitución Política, que concierne al interés de la ciudadanía en su conjunto, el mismo que debe realizarse por las comisiones congresales respectivas sin mengua judicial ilícita;  y

 

  1. a la administración de justicia con tutela procesal efectiva, vía resoluciones judiciales fundadas en derecho objetivo (debido proceso), prevista en el Artículo 139° de la Constitución Política, concordante con el Artículo 4° del Código Procesal Constitucional, la cual debe ejercitarse erga omnes respetando los principios y derechos que la función jurisdiccional exige, o sea, sin corrupción, ni prevaricación que viole leyes y cite hechos falsos, entre otros supuestos.

En consecuencia, solicitamos que, reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de los derechos denunciada, se declare la NULIDAD (dejar sin efecto) de la Resolución N° 22 de 27-3-2014, la misma que tenemos conocimiento aún no ha sido notificada a la Megacomisión, y que declara esta triple nulidad: (a) de la citación a García de 4-10-2013; (b) de su declaración del 30 del mismo mes y año; y (c) de “los actos posteriores o sucesivos” (así en genérico, sin la precisión de cuántos, cuáles y sus fechas), cuyo Considerando Décimo Quinto refiere que se trata de los “informes finales” (sin ninguna identificación, pues se reconoce que no son conocidos, ni se han visto o palpado al no estar acompañados al expediente que corre en el juzgado), evacuados por la Megacomisión, los cuales, señala el mismo juez,  “se encontrarían /(así en condicional, quizá Sí, quizá, No; una mera suposición) afectados de nulidad” al haberse emitido con posterioridad a la citación del 04-10 y sesión del 30-10-2013. 

¡Pedimos, pues la NULIDAD de la Resolución 22, de 27-03-2014, que a su vez ANULA, dictada por un juez claramente incompetente funcional, fuera del lugar  procesal que le corresponde! La etapa de ejecución de sentencia no es para declarar nuevas nulidades, identificando, analizando y evaluando tres hechos nuevos de la parte demandada, aunque adolecieren de vicios de nulidad, porque no son homogéneos a los declarados lesivos, ni tal homogeneidad fue pedida ni resuelta.

FUNDAMENTOS  FÁCTICOS  y  JURÍDICOS

1.- Demanda de amparo de García de 16-5-2013.- El petitorio de la demanda de amparo de García fue preciso y puntual: “solicito que reponiéndose las cosas al estado anterior a la violación de mis derechos constitucionales, se deje sin efecto lo actuado en la Comisión Investigadora demandada…Lima, 16 de mayo de 2013”.

Obviamente, pues, pide este día de mayo 2013 que se anule  “lo actuado” (para atrás de tal fecha); no solicita con desatino que se anule lo que la Megacomisión va “a actuar” en el futuro, ni siquiera el día inmediato 17, menos en los meses por venir, peor aún en el siguiente año 2014.

Sin embargo, la Resolución 22 en cuestión, ha declarado la nulidad de una citación a García de 4-10-2013, su declaración de 30-10-2013 y los informes finales fechados en octubre-noviembre 2013 y uno de ellos en enero 2014, cuyos tres hechos nuevos, aunque fuesen lesivos, no fueron motivo de la demanda de aquel 16-5-2013, ni de la sentencia en ejecución de 19-9-2013, tampoco de la que confirnó la de primer grado. Siendo hechos nuevos, en la hipótesis que lesionen el debido proceso que es garantía del actor Alan García, debieron ser objeto de una demanda nueva, que motive un nuevo proceso constitucional y una sentencia en forma, apelable.

2.- Sentencia de primer grado y su confirmatoria.- En el proceso de amparo en mención, el señor juez del 5° juzgado constitucional de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta, expidió la sentencia de primer grado el 19-9-2013, que declaraba FUNDADA en parte la demanda, y, en consecuencia, “NULO lo actuado…con posterioridad a la citación de fecha 8 de marzo de 2013”; la misma que fue confirmada por la Primera Sala Civil Superior de Lima, el 27-12-2013, que precisa lo siguiente: “NULO lo actuado…a partir de la citación del 8 de marzo de 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos, referidos exclusivamente al demandante”. ¡Ambas resoluciones resuelven lo no demandado!

3.- Violación del principio de congruencia.- Si se tiene en cuenta que lo demandado por Alan García Pérez, el 16-5-2013, fue otra cosa, notoriamente diferente, tal como aparece en el punto 1 de estos FUNDAMENTOS, se concluye que tales resoluciones (de primer y segundo grado) violan el principio procesal de congruencia, legislado, de relevancia constitucional por integrar la motivación de las resoluciones judiciales (lo sostiene el Tribunal Constitucional en diversas ejecutorias), previsto expresamente en  los Artículos VII, del Título Preliminar, 50°-6 y 122°-4 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, según prescribe el Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. ¡No existe congruencia entre lo pedido y lo resuelto en ambas decisiones!

El numeral VII del Código Procesal Civil señala que el juez “no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. Entre lo pedido y lo resuelto debe haber lógica y legítima congruencia!

Si Alan García en su demanda del 16 de mayo del 2013 pidió que se declare “NULO LO ACTUADO” (hacia atrás, no existen actuados para adelante), tal pedido jamás podrá encerrar la nulidad de lo que acaezca en el futuro, lo que se actúe en fecha posterior a la de la demanda y que en el momento de su interposición ¡aún no se había actuado! ¡Los jueces que resuelvan lo contrario violan el principio procesal de congruencia, que forma parte del derecho constitucional a las motivaciones judiciales!

Sin embargo, la sentencia de primer grado de 19-9-2013, la confirmatoria de 27-12-2013 y la Resolución 22 de 27-3-2014 pretenden ANULAR la citación a García de 4-10, la declaración de 30-10-2013 y los Informes finales de la Megacomisión de octubre-noviembre 2013 y de enero 2014, todos de fechas posteriores a la demanda y sentencia de 19-9-2013. La de 27-12-2013 confirma simple y llanamente la anterior, que resuelve aunque mal pero lo demandado.

Los supuestos legales de “sentencia ampliatoria” y de actos “sustancialmente homogéneos” sobrevinientes, no han sido planteados por Alan García, tampoco por sus abogados, ni tratados o resueltos por el juez Velásquez Zavaleta, ni siquiera han sido mencionados en la etapa de ejecución de sentencia. Ergo, quedan excluidos del debate.

La propia Primera Sala Civil al confirmar la sentencia de primer grado ¡aplicó este principio de congruencia! para anular la parte de la sentencia impugnada que había resuelto un aspecto no pretendido en la demanda del actor Alan García, de 16-5-2013, lo cual demuestra que este principio es aplicable en el proceso de amparo. Aquí, en el amparo de García, calza como anillo al dedo (Considerando nonagésimo primero y Conclusiones  finales, h).

4.- Juez ordena el cumplimiento de la sentencia, bajo apercibimiento.- El Código Procesal Constitucional tiene superlativo interés, como es natural, en el cumplimiento de la sentencia por el obligado, en la forma prevista por la ley y no según el criterio subjetivo del juez, que puede ser sesgado e influido por corrupción y, como en este caso, violando lo dispuesto en la norma.

Dos son los artículos específicos que se ocupan de la “Actuación de sentencias” o “Ejecución de sentencia”. Son los numerales 22 y 59° del citado cuerpo normativo. El juez está obligado al dictar sentencia a advertir al vencido en el proceso de ampro de que se recurrirá a medidas coercitivas para su cumplimiento, cuya admonición debe constar en el texto del fallo. Señala en forma diáfana el Artículo 22°:

“Cualquiera de estas medidas coercitivas (son varias) debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas(la ya aplicada) durante la fase de ejecución”.

El juez Velásquez Zavaleta cumplió con incorporar este apercibimiento en la parte resolutiva de su sentencia de 19-9-2013, extremo que fue confirmado por la Sala Superior que absolvió el grado. Lo hizo del modo que sigue: DECISIÓN:….se declara NULO lo actuado…con posterioridad a la citación…de fecha 8 de marzo de 2013…SE ORDENA(que Megacomisión) proceda a citar al actor con el mayor detalle posible sobre los hechos que consideren pertinente respecto a las posibles conductas ilícitas, ya sean penales y/o infracciones constitucionales que deben ser materia de investigación…bajo apercibimiento de aplicarse los apercibimientos establecidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional” (sic).

5.- Juez requiere a demandada cumplir la sentencia de 19-9-2013, bajo apercibimiento.- Con fecha 3-10-2013, con prontitud que envidiarían otros justiciables, estando el expediente principal en la Primera Sala Civil, ´por apelación de sentencia, el citado juez accede a la solicitud, de 25-9-2013 (la sentencia es apenas del 19-9 y aún no se la había notificado a la parte demandada) de Alan García, de Ejecución Anticipada de la sentencia antes glosada. En el Cuaderno de Ejecución Provisional de sentencia impugnada, cuyo expediente principal ha sido elevado a la Sala, decide lo siguiente:

“Resolución 01
Lima, 03 octubre de 2013.
Asunto: Demandante solicita actuación inmediata de sentencia mediante escrito de fecha 25 de setiembre de 2013….
DECISIÓN….DECLARAR FUNDADA la solicitud del demandante de Ejecución Anticipada de sentencia estimatoria. En consecuencia:

 

1.- SE ORDENA….(que Megacomisión) proceda a citar al actor con el mayor detalle posible sobre los hechos que consideren pertinentes respecto a las conductas ilícitas…bajo apercibimiento de aplicarse los apremios establecidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional”.

Esta Resolución N° 01 de 3-10-2013, se notificó al Procurador del Congreso, que representa a la parte demandada, con la Cédula de Notificación N° 2013-0565804-JR-CI, la misma que fue entregada  a la Central de Notificaciones el 10-10-2013, notificada al Procurador el 14-10 y el cargo fue devuelto al juzgado el 16-10-2013. Sin embargo, el mismo juez anula la Citación del 4-10-2013 de la Megacomisión al actor Alan García por no haber cumplido los términos de la sentencia de 19-9 y de la Resolución N° 01 del Cuaderno en comento del 3-10-2013, pese a que no puede cumplirse el 4 de octubre lo ordenado el día anterior, pero notificado el 14 del mismo mes y año.

6.- Juez reitera cumplir sentencia bajo apercibimiento.- Al resolver el juez la nulidad de la Resolución N° 1 antes glosada planteada por el Procurador Público del Congreso, declarándola INFUNDADA, dicta la Resolución N° 4 de 22-10-2013 donde de nuevo requiere el cumplimiento de la sentencia en ejecución “2….bajo apercibimiento de aplicarse los apremios establecidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional”.

Él mismo lo reitera en el Punto 3 de la Decisión de esta Resolución 4, así: “3. ORDENARON que la demandada comunique a este despacho, en el plazo de 3 días, si ha dado cumplimiento a lo ordenado en el Resolución 1, bajo apercibimiento de ley”. Por lo tanto, para el juez resulta un tema trillado que se debe requerir se cumpla la sentencia bajo apercibimiento de ley, y de aplicarse los apremios de los artículos 22 y 59 del Código que él cita, por 3 veces.

7.- Demandante Alan García pidió 2 veces que “se haga efectivo el apercibimiento

El mismo juez Velásquez Zavaleta narra en el texto de su Resolución 22 que el propio García estaba interesado en que se haga efectivo el apercibimiento doblemente decretado por el juzgado.

Alan mismo lo pidió expresamente el 14-10-2013 y lo volvió a pedir el 26-10-2013. El juez Velásquez hizo oídos sordos, no resolvió hasta hoy estos 2 pedidos; ergo, no hizo efectivo ningún apercibimiento que él también decretó tres veces, una el 19-9-2013, la otra a los pocos días, el 3-10-2013 y la 3ª. el 22-10-2013. Premura tenía, pese a que la sentencia aún no había sido  notificada. ¡Tres apercibimientos iguales dentro del lapso de un mes!

Si el juez hubiera hecho efectivo algún apercibimiento pedido por el actor, de los varios de ley, se hubiesen podido aplicar las puntuales medidas coercitivas o compulsivas que el Código Procesal Constitucional establece, una, dos o más de ellas. Tales apremios son: multa fija al que incumple un mandato como el ordenado; multa acumulativa si persiste; destitución de su cargo; queja de hecho ante el Superior, en este caso, el Pleno del Congreso; proceso administrativo contra el renuente a cumplir e incluso al Superior que lo apadrina; y, finalmente, denuncia penal por desobediencia y resistencia a la autoridad judicial. Todas ellas buscan que el obligado se sienta compulsado a cumplir.

8.- Juez distingue con nitidez pedido de “abogado del actor” y del actor mismo.- Mediante Resolución N° 8 de 30-1-2014 el juez de esta causa rechaza una petición de nulidad del abogado de Alan García, de 26-11-2013, por cuanto tiene que ser formulada dentro del principal.
Para que no existan dudas del aserto transcribimos parte del texto de tal Resolución 08:

Asunto: Abogado del demandante solicita la nulidad de la citación del 4-10-2013 y sesión del 30-10-2013 de la Comisión demandada.
Fundamentos de la decisión: 2. Fluye del escrito que antecede el abogado del demandante solicita la nulidad de la citación de fecha 4-10-2013 y sesión del 30-10-2013 de la Comisión demandada.
6. Asimismo, se advierte que el abogado del demandante con fecha 27 de enero del 2014 ha formulado en el cuaderno principal el mismo pedido que en el presente cuaderno, por lo que lo solicitado por el abogado del demandante debe ser rechazado.
En consecuencia: Improcedente lo solicitado por el abogado del demandante”.

 

9.- Comienza trastada final, el 27-1-2014: ¡2 abogados piden triple NULIDAD!

Por escrito, se presentan los abogados Genaro Vélez Castro y Wilber Medina Bárcena, afirmando en palabras que “son los abogados de García”, y, apartándose del proceso usual y legal del cumplimiento de la sentencia, con medidas coercitivas, e incluso sin que el actor se desista de sus dos pedidos donde requería que se “haga efectivo el apercibimiento” decretado por el juez, escritos antes reseñados, solicitan, el 27 de enero del 2014, la siguiente nulidad:

a)  de la citación a García de 4-10-2013”;
b) de su declaración de 30-10-2013; y
c) “de todos los informes finales que haya elaborado la Comisión emplazada relacionados con nuestro patrocinado”.

¿Cuál de estas nulidades solicitadas tiene que ver con los apercibimientos que prevé la ley, los mismos que el juez había advertido hacerlos efectivos? Ninguna de ellas; son medidas procesales cualitativamente distintas, ajenas a los apercibimientos hechos a la parte demandada.

Tales letrados carecen de representación procesal para solicitar la nulidad de 3 hechos nuevos de la demandada, aunque fueren lesivos al debido proceso que favorece al actor, porque son posteriores a la fecha de la sentencia en ejecución y que la demanda de amparo los excluía, pues este pedido de nulidad de materia nueva no es un acto propio de la naturaleza de ejecución de una sentencia con mandato concreto (citar de nuevo al actor), ni dicho fallo de 19-9-2013 los contemplaba a tales 3 hechos sobrevinientes ni siquiera por su denominación, por ser de fecha posterior. Tampoco los letrados invocan alguna norma del Código Procesal Constitucional o del Código Procesal Civil que les faculte formular semejante petición gravísima de nulidad. Este pedido de nulidad nunca fue ratificado por el actor Alan García, si se tratara del ejercicio de la procuración oficiosa que contempla el Art. 41 del Código Procesal Constitucional.

¿Cualquier persona, aunque fuere abogado, puede presentar escrito pidiendo nulidad de hechos nuevos, aunque lesivos, de una de las partes en ese período de ejecución de sentencia, dictada sobre otras personas en controversia, cuando el demandante del Amparo había pedido otra cosa: ¡que se hagan efectivo los apercibimientos decretados!, de los cuales no se había desistido? La respuesta es No; un pedido de tal índole es inadmisible, por malicioso y temerario. ¿Qué vicios de nulidad tenían la declaración de García de 30-10-2013 y los informes finales de la Megacomisión? Ni siquiera los abogados solicitantes los alegaron. Se trataba, pues, de un pedido alegre, sin amparo legal alguno.

10.- ¡Juez declara triple NULIDAD consumando prevaricato y falsedad ideológica!

10.1.- Juez declara nulidad solicitada, incumpliendo apercibimientos de ley y que él mismo había decretado.- El juez Velásquez, sin señalar la norma, o normas, del Código Procesal Constitucional ni del Código Procesal Civil que le sirvan de sustento para anular, accede al pedido de los 2 citados abogados, sin legítima representación procesal.

Declara la nulidad de una citación a García de 4-10, de su declaración de 30-10-2013 y “de los actos posteriores o sucesivosque haya realizado la Megacomisión, sin que esta parte resolutiva los mencione cuáles, cuántos y sus fechas, pese a ser absolutamente ajenos, los 3 actos y documentos que los contienen, a la demanda de García del 16-5-2013 (que sólo pedía que se declare “nulo lo actuado”,hacia atrás de su demanda) y también ajenos a la sentencia del mismo juez de 19-9-2013, por tratarse de hechos muy posteriores a esta fecha, violando así el mandato legal que pesaba sobre él de hacer efectivo cada uno de los apercibimientos decretados en 3 resoluciones, a fin de que el fallo sea cumplido, tal como lo ordenan los numerales 22° y 59° del Código Procesal Constitucional, cuyas medidas coercitivas allí previstas pudieron ser aplicadas una por una, modificadas luego, de ser el caso, pero no lo fueron. Dicho juez vulneró en forma tosca e inclemente la ley específica. ¡El cumplimiento de la sentencia es el desiderátum de los apremios que el juez no aplicó, pese a que el actor los había solicitado y que la ley los prevé!

¿Para qué entonces ordenar el cumplimiento de un fallo “bajo apercibimiento” de aplicar apremios o medidas coercitivas legales, si el juez luego, sin explicación alguna, los deja de lado o abandona su propia admonición o advertencia, que es el apercibimiento dictado de recurrir a medidas compulsivas y que obliguen al cumplimiento de un mandato judicial?

La nulidad declarada por el juez Velásquez  no es ni remedo de apremio contemplado en la ley, ni realmente busca que se cumpla el fallo. Busca claramente otra cosa: maniatar a la Megacomisión, afectar el útil servicio parlamentario de  investigación que cumple y así al rol fiscalizador del Congreso de la República y favorecer al actor Alan García, quien ni siquiera pidió esas 3 nulidades, tampoco una.

¿Qué razones poderosas tuvo este juez para prevaricar y cometer falsedad ideológica al resolver, pese a que tales ilícitos penales no requieren una motivación específica, para ser típicos o consumarse realmente, como la prebenda, por ejemplo?

10.2.- Nulidad de los “actos posteriores o sucesivos" que afecten derechos constitucionales.- La parte resolutiva de esta Resolución 22 declara la nulidad de los “actos posteriores o sucesivos”, sin que se sepa cuáles son, cuántos son y de qué fechas. Por lo tanto, infringe el Artículo 17° del Código Procesal Constitucional que establece que “la decisión adoptada” debe señalar “el mandato concreto dispuesto”, sus límites precisos.

Pretendiendo el juez dar a entender qué es lo que se anula con frase tan ambigua y genérica, y siendo expresa la nulidad solicitada por los abogados peticionantes de los “informes finales” evacuados por la Comisión demandada, en el Décimo Quinto Considerando confiesa, sin ambages, que no los conoce, pues no están en autos. He aquí lo que reza esta Resolución:

“dichos informes no han sido dados a conocer oficialmente por las partes al juzgado, por lo que no puede dar por válida información que no se conoce con exactitud su contenido.
Sin perjuicio de ello…si la Comisión demandada ha emitido informes finales donde recomiende acusar al actor por diversos delitos…también se encontrarían afectados de nulidad,
al haberse emitido con posterioridad a la citación del 4 de octubre y sesión del 30 de octubre del 2013”.

Es decir, el juez declara la nulidad de 8 informes que nunca vio, no sabe qué contienen, cuya validez ignora, de cuántas páginas constan, qué documentos aparejan y, de remate, se “encontrarían”, o sea, ¡Quizá, Sí! o ¡Quizá, No!, “afectados de nulidad”.

10.3.- Nítido prevaricato por contrariar la ley

En forma directa, violando el texto expreso y claro de los Artículos 22° y 59° que el mismo juez cita, una y otra vez, en 3 ocasiones, declaró la NULIDAD de 3 hechos nuevos de la Megacomisión, sin estar al frente del supuesto legal de una sentencia ampliatoria”, poromisiónde cumplimiento, prevista en el Art. 59° del Código Procesal Constitucional, ni de “actos sustancialmente homogéneos al declarado lesivo” aquel 19-9-2013, que regula el Artículo 60° del mismo Código, cuya homogeneidad ni fue solicitada, tampoco resuelta por el juez, supuestos ambos que no han sido ni siquiera mencionados, peor aún ni analizados y apreciados, en la Resolución prevaricadora N° 22, de 27-3-2014.

No estará demás indicar que los 8 informes finales de la Megacomisión, por su forma y contenido, así como la declaración de Alan García de 30-10-2013, en presencia de varios abogados de su elección, carecen de homogeneidad alguna con la citación anulada de 8-3-2013. ¡Una citación a declarar no se parece en nada a un Informe, por su haz y envés!

Lo dispuesto en los referidos numerales 22°, 59° y 60° fueron vulnerados, los 3 específicos sobre ejecución de sentencia, por el juez Hugo Velásquez Zavaleta, pues ninguno de ellos fue obedecido, recurriendo a una declaratoria de nulidad sin apercibimiento, tal como un salto felino a la garrocha sobre la norma legal, diáfana y específica, para el caso entre manos.

10.4.- Juez cita 21 hechos falsos como ingredientes también de prevaricato

La solicitud de 27-1-2014 fue presentada por los 2 abogados mencionados: GENARO VELEZ CASTRO y WILBER MEDINA BÁRCENA, en forma ajena a la normal y legal representación procesal letrada, apartándose maliciosamente, de 2 pedidos en diferente sentido (hacer efectivo el apercibimiento) del mismo actor Alan García, de 14-10 y 26-10-2013, como hemos indicado, al cual ni mencionaron.

Señalan escueta y frontalmente estos abogados en su raquítico petitorio:

SOLICITAMOS  a Ud. se  sirva  declarar  la  NULIDAD  de  los  actos  siguiente:”  (sic),

sin alegar que dicha nulidad sea para hacer cumplir la sentencia o constituya una medida coercitiva. Por ejemplo, ¿qué tendrán que ver los 8 informes finales de la Megacomisión, cada uno de miles de folios con infinitos recaudos, cuya nulidad se solicita y el juez la declara, con el cumplimiento de la sentencia de 19-9-2013, que debe actuarse tal como manda el Art. 22° del Código Procesal Constitucional “conforme a sus propios términos”?

Sin embargo, el juez en cuestión en la Resolución 22 que denunciamos, jamás se refirió a estos 2 abogados como solicitantes, los encubrió, en todo el texto de la resolución. ¡Veintiún veces señaló que quien pedía esa nulidad era el actor, Alan García Pérez y no los abogados!, lo cual es falso de toda falsedad. Tal actor no pidió nada, ni siquiera su nombre figura en el escrito, peor su firma, porque tenía en cuenta seguramente sus 2 pedidos anteriores diferentes de 14-10 y 26-10-2013. Una verdad de Perogrullo: ¡Los abogados del demandante no son el demandante!

Fue diferente la actitud del juez Velásquez, en su Resolución 8 de 30 de enero del 2014, antes glosada, ante un igual pedido de nulidad hecho por un abogado del mismo demandante Alan García. En tal Resolución señaló con prístina propiedad:

 Asunto: Abogado del demandante solicita la nulidad de la citación del 4-10-2013 y sesión del 30-10-2013 de la Comisión demandada.
Fundamentos de la decisión: 2. Fluye del escrito que antecede el abogado del demandante solicita la nulidad de la citación de fecha 4-10-2013 y sesión del 30-10-2013 de la Comisión demandada.

 

6. Asimismo, se advierte que el abogado del demandante con fecha 27 de enero del 2014 ha formulado en el cuaderno principal el mismo pedido que en el presente cuaderno, por lo que lo solicitado por el abogado del demandante debe ser rechazado.
En consecuencia: Improcedente lo solicitado por el abogado del demandante”.

Veamos ahora las ¡21 veces!, sí, 21 veces, que el juez Velásquez faltó a la verdad, insertando en el texto de la cuestionada Resolución 22 de 27-3-2014, declaraciones falsas, por lo que consuma a la vez falsedad ideológica, afectando el servicio parlamentario de investigación en asuntos de interés público a que todos tenemos derecho y menoscabando la recta justicia:

a.- El actor mediante escrito de fecha de presentación 27 de enero de 2014”;
b.- “solicita se declare la nulidad de los actos siguientes:”;
c.- “nulidad de todos los informes finales que haya elaborado la comisión emplazada relacionada con él”;
d.- “el actor indica que mediante sentencia de Vista” (Fundamentos del pedido 1);
e.- “agrega, que en acápite a) del fallo 3°” (Fundamentos del pedido 2);
f.- “añade que conforme fluye de la carta” (Fundamentos del pedido 3);
g.- “concluye, que esa sola omisión acarrea la nulidad” (Fundamentos del pedido 3, in fine);
h.- “finalmente, señala que como es de conocimiento público” (Fundamentos del pedido 4);
i.- “el Procurador ha absuelto el pedido del actor (Fundamentos de su absolución, 1a. línea);
j.- “por escrito de fecha 26-11-2013…el actor solicitó la nulidad” (Cuaderno de Ejecución 11. Se trata de un escrito del abogado de García, de 26-11-2013, y el propio juez lo señaló así, en su Resolución N° 8 que antes hemos transcrito, empero en esta Resolución 22 miente y dice que el actor fue quien pidió);
k.“por escrito de fecha 27 de enero de 2014, el actor solicitó la nulidad de diversas actuaciones  por la Comisión demandada” (Cuaderno de Ejecución, 12). En cambio, el mismo juez en su Resolución  08 afirmó que fue el “abogado del demandante” quien pidió;
l.- “el actor, en base a la sentencia de vista” (Al caso concreto, Tercero);
ll.- “ha solicitado la nulidad de…” (Al caso concreto, Tercero);
m.- “su argumento es sencillo” (Al caso concreto, Tercero);
n.- “en la carta que le remitió la demandada” (Al caso concreto, Tercero);
ñ.- “no se señala su status jurídico…si es investigado o testigo(Al caso concreto, Tercero);
o.- “procedimiento de investigación seguido en su contra(Al caso concreto, Tercero);
p.- “el demandante no está solicitando ninguna nulidad” (Considerando Sexto);
q.- “sino pide la nulidad de la actuación de la demandada” (Considerando Sexto);
r.- “para desestimar el pedido del actor(Considerando Sétimo);
s.- “no refuta lo central del pedido de nulidad del actor(Considerando Sétimo).

11.- Fundamentos jurídicos en resumen y adicionales

a.- Los fundamentos que anteceden demuestran la afectación a los derechos constitucionales de investigación parlamentaria de asuntos de interés público, previsto en el Artículo 97° de la

Constitución Política, como es el examen de la gestión del ex presidente Alan García Pérez, así como el de administración de justicia, que prevé su Artículo 139°, correcta y honesta, ejercida sin menoscabo de la imagen pública del Poder Judicial, ni tampoco del rol fiscalizador y de investigación del Congreso de la República a través de sus comisiones designadas.

b.- Se ampara la demanda en lo dispuesto en los Artículos 4°, sobre amparo contra resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, y 40° del Código Procesal Constitucional sobre representación procesal, en cuanto faculta a cualquier persona a interponer demanda de amparo en tutela de los derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional”, que no pertenecen a los individuos en particular, sino a la comunidad entera, como es el caso del medio ambiente, de la justicia, de la investigación congresal, del patrimonio cultural, entre otros. No creo resulte ocioso afirmar que la ley no define a los derechos difusos.

c.- La sentencia de primer grado, de 19-9-2013, su confirmatoria de 27-12-2013 y la Resolución N° 22 de 27-3-2014, ¡violan el principio procesal de congruencia!, previsto en los Artículos VII, del Título Preliminar, 50°-6 y 122°-4 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria prevista en el Artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, al haber resuelto sobre hechos que no fueron motivo de la demanda del 16-5-2013, donde se pedía que se declare la nulidad de “lo actuado” hasta esa fecha y no se pedía que se anule también “lo que va a actuar” (en el futuro posterior a la fecha de la demanda) la Megacomisión emplazada.

La propia Primera Sala Civil al confirmar la sentencia de primer grado ¡aplicó este principio de congruencia! para anular la parte de la sentencia impugnada que había resuelto un aspecto no pretendido en la demanda del actor Alan García, de 16-5-2013, lo cual de muestra su aplicación en el proceso de amparo (Considerando nonagésimo primero y  Conclusiones  finales, h).

d.- La Resolución N° 22 de 27-3-2014, expedida por el juez Hugo Velásquez Zavaleta, del 5° juzgado constitucional de Lima, encierra la comisión de los delitos de prevaricato (violación de leyes y cita de hechos falsos) y de falsedad ideológica (insertar hechos falsos en documento público como es una resolución judicial), tipos penales previstos en los Artículos 418° y 428° del Código Penal, cuya comisión afecta a los derechos constitucionales del servicio parlamentario de investigación de asuntos de interés público y de la administración de justicia conforme a derecho, vulneración ampliamente narrada y argumentada en la presente demanda.

e.- Algo muy importante. Tratándose de un proceso de amparo terminado, en actual etapa de ejecución de sentencia, el cuestionado juez Velásquez no aplicó lo que establecen los Artículos 22°, 59° y 60° del Código Procesal Constitucional, los cuales precisamente delimitan la competencia funcional del juzgador en esta etapa ejecutiva.

Al contrario, con los actos procesales que cumplió, el texto expreso y claro de tales numerales fueron vulnerados, con la inserción además de hechos falsos en el texto de la Resolución 22, cuya inmediata nulidad pretendemos con esta demanda.

f.- Abogado de Alan García pide primera nulidad.- El 26-11-2013 un abogado de Alan García pidió una primera nulidad de sólo dos hechos nuevos atribuidos a la Megacomisión: la citación a García de 4-10 y la declaración de García del 30-10-2013. Esta vez ¡no pidió la nulidad de los informes finales!, a los cuales los incluyeron en el pedido de 27-1-2014. El juez rechazó el pedido el 30-1-2014, mediante la Resolución 8 de esta fecha, donde expresamente se refiere al pedido del “abogado del demandante”, ¡quien no es, pues, el demandante!

Este pedido vulnera lo dispuesto en el Artículo  290° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los abogados intervenir y presentar escritos por sus clientes dentro del curso y prosecución normal del proceso.

g.- Dos abogados de García piden segunda nulidad.- El 27-1-2014, los abogados Genaro Vélez Castro y Wilber Medina Bárcena presentan una nueva solicitud de nulidad, pero esta vez ampliándola a tres hechos de la Comisión demandada:

(a) de la citación a García de 4-10-2013;
(b) de su declaración de 30-10-2013 prestada en presencia de los mismos letrados;
(c) “de todos los informes finales que haya elaborado la Comisión emplazada relacionados con nuestro patrocinado” (este entrecomillado es el texto del pedido).

 Esta solicitud, que no suscribe el demandante Alan García, ni la ha ratificado (Artículo 41°, Código Procesal Constitucional, en el supuesto negado de procuración oficiosa), que únicamente pide la nulidad de aquellos 3 hechos, que son posteriores a la demanda de amparo y a la sentencia en ejecución, es temerario y malicioso e impropio de la actual etapa de ejecución de sentencia, porque no pide la ejecución del fallo, ni que se hagan efectivo los apercibimientos ya decretados por el juez Velásquez en 3 ocasiones: 1.- el 19-9-2013, en la parte resolutiva de la sentencia; 2.- el 3-10-2013, al requerir el primer cumplimiento de la sentencia en la Resolución 1 de esa fecha; y 3.- el 22-10-2013, al requerir por segunda vez que la demandada cumpla la sentencia, en Resolución 4 de la fecha. Tampoco el actor se había desistido de sus 2 solicitudes, de 14-10 y 26-10-2013 que pedían que el juzgado “haga efectivo los apercibimientos”.

De nuevo, este segundo pedido de nulidad, casi igual al formulado el 26-11-2013, antes glosado, vulnera lo dispuesto en el Artículo 290° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los abogados a intervenir y presentar escritos por sus clientes dentro del curso y prosecución normal del proceso. Para una nulidad como ésta, extraña al proceso de amparo en curso, porque no se está requiriendo la “sentencia ampliada”, que contempla el Art. 59°, ni se trata de nuevos hechos “sustancialmente homogéneos” sobrevinientes, que prevé el Art. 60° del Código Procesal Constitucional, se requiere de un poder especial e incoar una nueva demanda.

h.- Demandante Alan García pidió 2 veces se “haga efectivo el apercibimiento”.- Lo pidió expresamente en dos escritos: el 14-10 y el 26-10-2013, lo cual se adecúa a la permisión legal prevista en los Arts. 22° y 59° tantas veces acotados y que el juez mismo los había ordenado. Sin embargo, estos pedidos han quedado sin proveer, sin ser resueltos en ninguna forma, pese a que Alan García no se ha desistido de ellos.

Como se advierte, comoquiera que el demandante Alan García había formulado este pedido en 2 oportunidades, por escritos que obran en autos y no se había desistido, no se atrevió a firmar el escrito de nulidad, por ser diferente a los pedidos anteriores y hasta contrapuesto, uno es lícito y el otro claramente ilícito, se aparta del curso normal y legal de la ejecución de sentencia.

i.- Ambos pedidos de nulidad sin amparo legal.- Los 2 pedidos de nulidad, diferentes en extensión, uno, de un solo abogado, y el otro, de 2 abogados, de 26-11-2013 y 27-1-2014, no se amparan en disposición legal alguna para plantearlos; no citan ley que los faculte.

Carecen de sustento expreso de algún artículo, sea del Código Procesal Constitucional o del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, que permita solicitar semejante ¡NULIDAD! en la etapa de ejecución de sentencia. Ni siquiera invocan el caso de la “sentencia ampliatoria” por una supuesta omisión de cumplimiento de sentencia, que no era el caso; tampoco el supuesto de hechos “sustancialmente homogéneos” sobrevinientes, que están regulados específicamente para la etapa de ejecución de sentencia, en los Artículos 59° y 60° del Código Procesal Constitucional. Tampoco el juez trata al resolver de ambas figuras, por no ser aplicables.

j.- Cuestionada Resolución 22, de 27-3-2014, sin sustento legal expreso.- Como ya está repetido por esta Resolución el juez ha declarado una triple unidad: a) de la citación a García de 4-10; b) de su declaración de 30-10-2013; y c) de los “actos posteriores o sucesivos”, que según su hipótesis, suposición o imaginación se encontrarían afectados de nulidad”. ¡No está seguro que lo estén pero declara su nulidad!

Lo sorprendente es que dicho juez no se fundamenta en norma legal alguna para declarar semejante nulidad, estando en curso la etapa actual de ejecución de sentencia, “bajo apercibimiento de aplicarse los apremios establecidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional”, que el juez ¡NUNCA LOS HIZO EFECTIVO!, pese al doble pedido de Alan García, el demandante. Accedió más bien al pedido de dos abogados que contrariaban a su cliente, Alan García. ¡La connivencia prevaricadora fluye, pues, diáfana!

Ampararse en la cosa juzgada, y en consideraciones del Tribunal Constitucional respecto de ella, que no son aplicables al caso concreto: ¡nulidad de 3 hechos nuevos posteriores a la demanda y a la sentencia en ejecución!, es aceptar que no existe norma legal expresa, especial o específica, que faculte al juez de ejecución anular 3 hechos nuevos sobrevinientes, que no serían sustento de sentencia ampliada ni son homogéneos al declarado lesivo.

¡Un juez de ejecución, repito, en etapa de ejecución de sentencia, no es competente para analizar, apreciar y declarar que 3 hechos nuevos de la parte demandada, aunque fueren lesivos al actor, violan de nuevo el debido proceso y, en tal virtud, tiene que ANULARLOS!

Si este último fuese el supuesto real: que la nueva citación a García de 4-10-2013, de varias páginas, totalmente distinta a la anulada de 8-3-2013, su frondosa declaración con defensores de su elección, de 30-10-2013 y los 08 informes finales, de miles de folios, evacuados por la Megacomisión emplazada, adolecen de graves y manifiestos vicios de nulidad, corresponde iniciar un NUEVO  PROCESO  CONSTITUCIONAL, y no recurrir al contrabando de la nulidad en la ejecución de sentencia, donde lo que se resuelve siendo inimpugnable genera indefensión.

MEDIOS  PROBATORIOS

Ofrecemos, como medios que prueban nuestros asertos puntuales, los siguientes:

a.- Copia de la demanda de Amparo de Alan García del 16 de mayo 2013;

b.- Copia de la sentencia de primera instancia de 19 de setiembre del 2013;

c.- Copia de su Confirmatoria de 27 de diciembre del 2013;

d.- Copia de la Resolución N° 1, de 3 de octubre de 2013 que requiere cumplir la sentencia, bajo apercibimiento de aplicar los apremios previstos en los Artículos 22° y 59° del Código Procesal Constitucional;

e.- Copia de la Resolución N° 4, de 22-2-2013, que reitera el anterior bajo apercibimiento;

f.- Copia de la Resolución 8, de 30 de enero del 2014, que declara Improcedente el pedido de nulidad, donde se menciona expresamente como peticionante al “abogado del demandante”;

g.- Copia original periodística donde figura escaneado el petitorio que suscriben los abogados Genaro Vélez Castro y Wilber Medina Bárcena y no Alan García;

h.- Copia de la cuestionada Resolución N° 22, de 27 de marzo del 2014, que declara la triple NULIDAD denunciada; y

i.- Copia de la sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 3151-2006-AA/TC, relativa a los alcances del principio de congruencia en el proceso de amparo.

 

ANEXOS

a.- Copia del DNI de los demandantes, Anexo 1;

b.- Copia de la demanda de Amparo de Alan García del 16 de mayo 2013, Anexo 2;

c.- Copia de la sentencia de primera instancia de 19 de setiembre del 2013, Anexo 3;

d.- Copia de su Confirmatoria de 27 de diciembre del 2013, Anexo 4;

e.- Copia de la Resolución N° 1, de 3 de octubre de 2013, Anexo 5;

f.- Copia de la Resolución N° 4, de 22-2-2013, Anexo 6;

g.- Copia de la Resolución N° 8, de 30 de enero del 2014, Anexo 7;

h.- Copia del original periodístico de La Primera de 26 de abril del 2014, Anexo 8;

i.- Copia de la cuestionada Resolución N° 22, de 27 de marzo del 2014, Anexo 9; y

j.- Copia de la sentencia del Tribunal Constitucional, Exp. 3151-2006-AA/TC, Anexo 10.

POR  TANTO:

Solicitamos admitir la presente Demanda de Amparo contra el juez Hugo Velásquez Zavaleta, tramitarla conforme a ley y declararla FUNDADA.

Lima, 5 de mayo del 2014.

 
 
 
 
 
 

Derechos reservados de "Cuadernos Apristas" y "Vanguardia Aprista en www.vanguardiaaprista.com" (Actualizado Mayo 2014)
Correo para coordinación y colaboraciones de artículos, fotos y noticias ==> vanguardiaapra@ec-red.com
Correo del Foro o Grupo==> INSCRIBETE HOY (Clic aqui)==>
http://espanol.groups.yahoo.com/group/vanguardia_aprista